Pérez de los Cobos, la rebelión del Derecho

Ahora que los pactos que prepara el Gobierno hacen ver caer los primeros cascotes de nuestro edificio constitucional, las resoluciones del Tribunal Supremo recaídas en el caso del coronel Pérez de los Cobos son como una ventana de aire fresco, a la que podemos asomarnos los que creemos en la superioridad del derecho sobre los abusos o las maniobras de los malos políticos. Pocas veces la torpeza de un ministro, procedente además de la judicatura, —un hombre que, antes, administraba justicia—, ha sido tan puesta en evidencia por los tribunales.

Las actuaciones de Fernando Grande-Marlaska y en general del Gobierno, en este asunto, son dignas de un manual del gobernante autocrático. Como es bien sabido, en marzo de 2020, iniciados los meses terribles de la pandemia, un particular formuló una denuncia, en la que afirmaba que, en las semanas que precedieron al estallido del virus, y mientras Fernando Simón tranquilizaba al país desde la televisión, el Gobierno contaba, en realidad, con información suficiente sobre lo que se avecinaba, y sobre la temeridad que supondrían las grandes concentraciones públicas que se hallaban previstas para aquellos días. Señaladamente, la manifestación del 8-M de 2020, celebrada, irreflexivamente, solo un par de días antes del comienzo de las muertes y seis días antes de que se ordenase el confinamiento. Esa denuncia, presentada en el Tribunal Supremo, acabó al Juzgado de Instrucción número 51 y su Magistrada, Carmen Rodríguez Medel quien ordenó una investigación sobre los hechos a la Guardia Civil.

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Esta investigación pareció preocupar al Gobierno hasta el punto de que la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ordenó al coronel Pérez de los Cobos informar sobre ella. Pero la investigación, no solamente tenía como única destinataria la autoridad judicial que la había acordado, sino que pesaba sobre ella una advertencia específica de reserva absoluta formulada por la Magistrada. No se olvide que el investigado era precisamente el Delegado del Gobierno de Madrid. Pero el coronel Pérez de los Cobos se atuvo a su deber legal de secreto— algo que debería haber sido, no solo entendido, sino aplaudido por un ministro como Fernando Marlaska, que conoce perfectamente las leyes, y, en realidad, por cualquier gobernante democrático.

El día 24 de mayo de 2020, el Ministro y su directora general, optaron por el cese fulminante del coronel, a quien, literalmente, habían ordenado cometer un delito, alegando pérdida de confianza— sí que habría sido alto el precio de mantener esa supuesta confianza—en una comunicación escueta y de ramplona sintaxis, firmada por la Sra. Gámez.

Pero el coronel no se conformó y acudió a los tribunales. El procedimiento no fue fácil. Hasta el último español sabía de sobra por qué le habían cesado, pero el margen de control jurisdiccional a los ceses de cargos discrecionales o de libre designación, es un cauce jurídico, técnico y estrecho. No obstante, en marzo de 2023, el Tribunal Supremo anuló definitivamente el cese, ordenando reponer al coronel en su puesto como jefe de la Comandancia de Madrid y el pago de los haberes perdidos a consecuencia de aquella arbitraria decisión.

Los errores del Gobierno con el coronel no terminaron aquí. En tanto, Pérez de los Cobos libraba su batalla en los tribunales para recuperar su puesto, se habían producido tres vacantes para ascender a General de Brigada. Pese a ser el número 1 del escalafón, Pérez de los Cobos había sido relegado y los tres ascensos, adjudicados a otros militares. Sin embargo, hace poco más de una semana se han conocido tres sentencias del Tribunal Supremo que anulan esos ascensos, de los que el Gobierno decidió apartar a su proscrito Pérez de los Cobos, y obligan a retrotraer los tres procesos para su concesión, volviendo a la ficha de salida.

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Por otra parte, una vez firme la sentencia que anulaba el cese del coronel, ministros del Gobierno han manifestado estar pensando en cesarle de nuevo. En definitiva, estar pensado en escribir un par de folios, convertir la sentencia en papel mojado y obligar al coronel a reproducir su complejo—y probablemente caro—, procedimiento judicial. En vez de reconocer, sencillamente, sus excesos y acatar con lealtad la resolución del Tribunal. Este nuevo cese que el Gobierno tiene “in pectore” no se ha materializado por ahora, pero no es aventurado pensar que ha de estar cocinándose en el think tank del Ministerio.

No es ningún secreto que, aparte de su involuntario enfrentamiento con el Gobierno en relación con el informe del Covid, —y por haber dirigido el dispositivo policial que hizo frente a la convocatoria del. 1-O de 2017, “el procés”, — Pérez de los Cobos es un hombre marcado con una cruz por los socios independentistas del Gobierno, que vienen reclamando hace tiempo su cabeza a Pedro Sánchez. Más o menos, como cuando la bailarina Salomé le pedía a Herodes la cabeza, en bandeja, de San Juan Bautista. En este caso, la bandeja, de momento, tendrá que esperar.

"Produce escalofríos pensar que semejante putrefacción del sistema pueda estarse gestando en el corazón de la Unión Europea"

Las victorias judiciales del coronel Pérez de los Cobos tienen un alto valor simbólico y son una pequeña inyección de adrenalina para el Estado de Derecho, frente al tsunami de demolición institucional que se avista en el horizonte. Hace unos días, un destacado periodista, generalmente bien informado, contaba públicamente en el Club Siglo XXI que en la redacción del borrador de la futura ley de amnistía que prepara el Gobierno con los independentistas catalanes está participando nada menos que un miembro del Tribunal Constitucional. El mismo Tribunal que habrá de enjuiciar la constitucionalidad de esa ley, si es que se aprueba, en los próximos meses, marcando las cartas antes de que empiece la partida. No sé si la información es cierta, ojalá no lo fuera, produce escalofríos pensar que semejante putrefacción del sistema pueda estarse gestando en el corazón de la Unión Europea. Tenemos un Estado de Derecho, cierto, pero ¿qué jueces lo protegerán de estos jueces?

* Fdo. Diego Cabezuela Sancho, abogado.