Ley de Segunda Oportunidad: novedades y la esperada exoneración de la deuda pública

Este mes de septiembre se cumplen dos años de la reforma de la Ley Concursal, una normativa que recoge la llamada Ley de Segunda Oportunidad (LSO), que se ha consolidado como un mecanismo esencial para proporcionar alivio financiero a autónomos y consumidores que enfrentan situaciones de insolvencia. En definitiva, la Ley de Segunda Oportunidad es un proceso administrativo que permite a una persona cancelar sus deudas por ley y volver a empezar de cero, mientras cumpla los requisitos que se exigen, como poder declarar el estado de insolvencia actual o inminente; no haber sido condenado por delitos económicos; que la deuda no supere los cinco millones de euros y que haya una buena fe del deudor.

La Ley de Segunda Oportunidad se ha venido aplicando desde hace años en Estados Unidos y en otros países de Europa y, desde su entrada en vigor en España en el año 2015, cada vez son más las personas que conocen este recurso y se amparan con la norma. Solo en los últimos tres años, en Legalsha, que somos especialistas en el asesoramiento y en la gestión para conseguir la exoneración de las deudas a través de esta ley, venimos experimentado un aumento considerable de peticiones de personas que piden la cancelación de sus deudas y hemos visto triplicadas las solicitudes.

Sin duda, es una de las leyes más importantes de nuestro país, que ayuda a miles de autónomos y particulares que se encuentran en una situación de bloqueo económico o sobreendeudamiento, debido a las deudas que no han podido saldar. Hasta la entrada en vigor de la ley, únicamente las empresas podían declararse en situación de bancarrota, mediante el concurso de acreedores.

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Para este año 2024, se prevén novedades de aplicación de la norma que van a beneficiar, todavía más, a las personas físicas, y que mejorarán algunas de las trabas que nos encontrábamos hasta ahora.

Por un lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado luz verde a la exclusión de la deuda pública (AEAT y TGSS) del listado de créditos exonerables, ya que las personas que presentan deudas con la Seguridad Social o con la Agencia Tributaria no pueden beneficiarse de la exoneración el 100% de la cuantía, porque las deudas públicas solo exoneran hasta 10.000 euros. Esta es una de las principales peticiones históricas desde la entrada en vigor de la ley. Sin embargo, aún quedan pendientes las consultas de los Tribunales españoles y portugueses al TJUE sobre este tema.

Sin duda, esta es una de las grandes trabas de la ley, que urge que se acuerde lo antes posible, para que podamos tener una ley de segunda oportunidad más real y efectiva, que ayude realmente a empresarios individuales o autónomos. Una de las posibilidades que se barajan es que se modifique el límite del importe a perdonar en las deudas frente a la Administración Pública.

"Urge que se acuerde lo antes posible, para que podamos tener una ley de segunda oportunidad más real y efectiva, que ayude realmente a empresarios individuales o autónomos"

Por otro lado, el procedimiento concursal sin masa, diseñado para personas físicas y autónomos sin activos suficientes para cubrir los costes del procedimiento, podría experimentar mejoras en 2024, que se traduzcan en una mayor simplificación de los trámites y agilización de los plazos.

También se podría revisar la exclusión de las deudas por infracciones o acuerdos de derivación de responsabilidad. Otra de las posibles novedades es la posibilidad de permitir el perdón de la deuda a personas sancionadas por infracciones graves en los últimos diez años, siempre que la infracción sea negligente y no fraudulenta.

Además, se espera que a finales de este año se analice en profundidad la importancia del requisito de la buena fe para acceder al perdón de la deuda y las razones que lo justifican, ya que la ausencia de este puede excluirlo en ciertos casos.

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En definitiva, las actualizaciones en la Ley de Segunda Oportunidad en 2024 ofrecen cambios significativos que podrían beneficiar a numerosos deudores en España. Con la posibilidad de exonerar deudas públicas, la simplificación del proceso de solicitud y la protección de bienes esenciales, la ley se va adaptando para ofrecer soluciones más efectivas y accesibles, requisito indispensable para que el acceso a la norma sea lo más democrático posible.

A medida que esperamos las resoluciones del TJUE, es esencial que las personas interesadas en exonerar deudas busquen asesoramiento legal para entender bien los procesos y cómo estos cambios pueden afectar cada caso individual. La Ley de Segunda Oportunidad continúa siendo un recurso vital para quienes buscan una nueva oportunidad financiera.

* Miguel Ángel Millán Delgado, abogado y director del departamento jurídico de Abogados Legalsha.