Doñana, la política y la fresa ilegal

De nuevo una alerta roja en Doñana, tan roja como las fresas que crecen junto al parque nacional. Esta vez no se trata de otra descabellada autopista, ni una macrourbanización, ni de un oleoducto, ni de nuevos almacenes de gas en su subsuelo, ni del dragado del Guadalquivir. Lo que ha hecho saltar todas las alarmas dentro y fuera de España es el intento del Partido Popular de Andalucía de legalizar por las bravas la agricultura ilegal que invade el territorio y seca Doñana.

Es una maniobra con marcado tinte electoral que contradice radicalmente el anuncio de una revolución verde y de respeto a la integridad de Doñana al que se comprometió públicamente Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente del partido que impulsa esta temeraria iniciativa y también de la Junta de Andalucía, Administración responsable de la gestión directa de este espacio declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco.

"Juan Manuel Moreno Bonilla tiene la responsabilidad internacional de preservar Doñana, que es uno de los iconos de Andalucía"

Así, el Partido Popular de Andalucía ha presentado una proposición de ley para legalizar y amnistiar una superficie equivalente a 1.460 campos de fútbol de cultivos ilegales bajo plástico en lo que pretende ser una modificación unilateral del conocido Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana, aprobado en 2014 tras años de trabajo de todas las administraciones y el acuerdo con los actores económicos y sociales de la zona, para tratar de poner orden en el caos con que ha crecido la agricultura intensiva alrededor de Doñana. Este plan, también conocido como plan de la fresa, contemplaba la regularización de las fincas consideradas como superficie agrícola regable, pero también la obligación expresa de eliminar la superficie regada sin permiso.

Como hemos denunciado desde WWF en incontables ocasiones, la impunidad y falta de gobernanza han permitido que los invernaderos de fresas y frutos rojos hayan ocupado sin control miles de hectáreas, aislando su biodiversidad, secando los arroyos y contaminado y sobreexplotando los acuíferos de Doñana y todo ante la pasividad de las administraciones responsables que solo recientemente han comenzado a actuar. Aún hoy, mientras Doñana se muere de sed, cientos de hectáreas de cultivos y más de 1.000 pozos ilegales roban el agua del acuífero día y noche a la vista de cualquiera y mantienen bajo asedio el parque nacional mientras que muy pocos nos atrevemos a denunciar.

Opinión

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Legalizar y amnistiar a la agricultura ilegal es una enorme irresponsabilidad. Para empezar, porque Doñana está ya en una situación crítica: las marismas no se inundan desde hace años debido al cambio climático y las lluvias son cada vez más escasas, agravado por las extracciones de agua de Matalascañas, la expansión de la agricultura intensiva por el norte que se bebe literalmente el río Guadiamar antes de llegar al parque nacional y por la superficie de fresas e invernaderos al oeste que siguen creciendo sin parar. Legalizar ahora más de 1.000 hectáreas, en lugar de eliminarlas, será un golpe mortal.

Sería, además, un flagrante incumplimiento de las obligaciones de la Junta de Andalucía y de nuestro país ante organismos internacionales como Unesco, UICN y Ramsar que mantienen Doñana bajo una estricta vigilancia y bajo amenaza de entrar en la lista de lugares patrimonio mundial de la humanidad en peligro. Y supondría una burla a la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de la UE (TJUE) que ha atendido las denuncias de WWF y condenado en 2021 al Estado español por las "extracciones desmesuradas de agua subterránea" en el espacio natural de Doñana, que incumplen el derecho comunitario destruyendo su biodiversidad y que tienen su origen en los miles de hectáreas de fresas y cultivos de frutos rojos que secan el acuífero. Esta semana, la Comisión Europea ha reaccionado ante los planes de legalizar a los ilegales asegurando que harán cumplir la sentencia, lo que podría llevar a imponer importantes sanciones económicas a nuestro país y a Andalucía en particular.

Aún más, esta proposición de ley reabrirá la guerra del agua en Doñana y volverá a enfrentar a un sector agrícola que mayoritariamente había encontrado en el plan de la fresa su hoja de ruta para dar pasos hacia una agricultura legal y más sostenible, porque, como ha advertido la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, no habrá más agua de la prevista en el nuevo Plan Hidrológico, y con esta amnistía a los ilegales habrá muchas más hectáreas para repartirla. Una nueva amenaza para los agricultores legales que se esfuerzan por mejorar y que sufren en silencio la competencia desleal y las ventajas con que juega la agricultura ilegal.

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Por último, si esa iniciativa sale adelante, supondrá un enorme desprestigio internacional para las fresas de Doñana y de Huelva, que se enfrentan ya a una competencia cada vez mayor en Europa, con más oferta por la presión de nuevos países productores y la exigencia de los consumidores europeos de garantías de legalidad en el uso del suelo y del agua y de no afección a la biodiversidad de Doñana. Algo que nadie podrá garantizar desde el momento en que entren en el mercado las fresas procedentes de la agricultura ilegal que ahora se pretenden amnistiar. Ningún consumidor europeo querrá fresas en su desayuno que hayan contribuido a destruir las marismas de las que dependen las aves de sus países para migrar o invernar.

Por encima de los intereses de unos pocos, el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla tiene la responsabilidad internacional de preservar una joya como Doñana, que es un patrimonio de toda la humanidad y uno de los iconos de Andalucía y España a nivel mundial. Es el momento de ejercer esa responsabilidad, pero no solo con declaraciones, sino con hechos concretos como la retirada de esta iniciativa legislativa, y dedicando esfuerzos a promover un desarrollo sostenible real y a recuperar y restaurar el equilibrio ecológico perdido en la actualidad.

Juan Carlos del Olmo es el Secretario General de WWF España.