¿Ha prendido Iberdrola la mecha del polvorín de la banca? (II)

Como comentamos ayer en la primera parte de esta serie sobre la pugna jurídica entre Iberdrola y ACS, creo que es conveniente analizar el terremoto que la demanda de la primera  puede ocasionar en el conjunto de la bolsa española, debido a las importantes ramificaciones de su argumentación. Para ello me gustaría recordar el post sobre la valoración de Metrovacesa publicado en este mismo Detective Contable el pasado 27 de mayo.

Para refrescar la memoria, partamos de un breve resumen. A principios de 2009 se ejecutó un acuerdo entre BBVA, Banesto, Banco Popular, Banco Sabadell, Caja Madrid, Santander y  la familia Sanahuja mediante el cual las entidades financieras, en calidad de acreedoras de los principales accionistas de la inmobiliaria, asumían el control efectivo de la misma valorando sus acciones a 57 euros. Estos seis bancos y cajas se hicieron así con el 65,52% del capital de la compañía. La Caixa se adjudicaría en su momento un porcentaje adicional superior al 5%.

Pues bien, a 31 de diciembre de 2009, el precio de mercado de las acciones de Metrovacesa era significativamente inferior a los 57 euros que constaban en el balance de la banca accionista. El Banco de España obligó a las entidades propietarias a ajustarlo a 34,9 euros por acción, incluso teniendo en cuenta que el valor de cotización se situaba, a 31 de diciembre de 2009, en 15.18 euros, siendo 20.02 euros la media del último trimestre.

Recuperando el hilo del post de ayer, tenemos una empresa contabilizada como Activo Disponible para la Venta que había sufrido un cambio objetivo en su valor razonable, cuyo reconocimiento es forzado por el Banco de España. Debemos recordar que las conclusiones del informe del auditor de Metrovacesa son contundentes y que, desde luego, existen dudas más que razonables sobre la conveniencia de mantener esos 34,9 euros por acción como precio de referencia en las cuentas de las entidades financieras socias de la inmobiliaria.

Es muy sencillo por tanto inferir que de prosperar la demanda de Iberdrola, el impacto de extender el criterio que defiende sobre el sector bancario español y sus participaciones empresariales sería demoledor. La eléctrica reprocha a ACS el no reconocer un deterioro en varias de sus participadas, cuyo valor en el mercado ha caído en torno a un 30% desde el momento de adquisición. En este caso son empresas viables que generan beneficios, mantienen actividad y unos ingresos recurrentes, con carácter general aunque es muy fácil entender que ACS tiene difícil defensa a la hora de manifestar que las acciones de Iberdrola o Hochtief no se han deteriorado, al menos bursátilmente hablando.

Pero ese mismo argumento nos lleva a la conclusión de que la posición de las entidades financieras que se han quedado con Metrovacesa es más que complicada y que todas ellas padecen un problema de primer orden. Algo que pone de manifiesto los graves problemas de la banca a la hora de mostrar una imagen fiel de la situación en sus cuentas siendo razonable pensar que, en algún momento, la situación tiene que saltar por los aires al llegar a los límites de lo sostenible. Iberdrola puede haber puesto con esta demanda la cerilla al barril de pólvora con la paradoja de que ella misma es la primera damnificada ya que la denuncia se basa precisamente en la caída de su cotización.

No deja de ser paradójico que Iberdrola tenga que demostrar que la acción de Iberdrola… ¡se ha deteriorado!, esto es: que ha sufrido una pérdida de valor permanente. Algo que puede actuar como un boomerang: ¿qué argumentos utilizará para defender el deterioro de sí misma, responsable de la carga de la prueba? Y más cuando ACS defiende la bondad de su inversión en la página 195 de sus cuentas: espera que Iberdrola crezca un 3% anual, y eso le sirva para incrementar sus beneficios de 2.758 esperados para el 2009 a 3.796 millones en 2014, con un pay-out medio de 58,04% y una tasa de actualización del mismo del 7%. Una situación un tanto surrealista, ¿no creen?