El mito de la deuda pública: no la pagarán nuestros hijos

España terminó 2020 con una deuda pública de 1.311.298 millones de euros, cifra que representa el 117% del PIB. El tamaño de la deuda comparada con la del PIB está en línea con el de otros países de nuestro entorno.

La pandemia del covid-19 ha causado el mayor incremento anual de la deuda de la historia reciente. Ha aumentado en un 21,5% del PIB en solo un año. Esto se debe por un lado a la disminución de la actividad económica que ha provocado un descenso de los ingresos vía impuestos y, por otro, al hecho de haberse disparado el gasto público por las distintas ayudas otorgadas, entre las que se encuentran el pago de ERTEs, subsidios de desempleo y las ayudas directas a empresas.

Muchos consideran que la deuda pública es una deuda intergeneracional porque entienden que si nosotros nos endeudamos tendrán que ser otros que vienen después los que paguen esa deuda. Haciendo unos sencillos números podríamos calcular que tardaríamos cerca de medio siglo en devolver la deuda adquirida a un ritmo del 2% anual.

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Esto, que en la teoría es cierto, en la práctica no será el camino a seguir. Los políticos no van a querer pagar la deuda subiendo los impuestos a los ciudadanos y darán una patada hacia adelante renovando vencimientos. Este escenario, que políticamente genera menos rechazo, es el más probable.

Además, no es necesario pagar la deuda pública para hacerla más sostenible. Para reducir el ratio de deuda sobre PIB basta con que la deuda crezca menos que el PIB nominal. Por ejemplo, si el PIB real crece un 2% anual y mantenemos una tasa de inflación cercana al 2%, el PIB nominal crecerá cerca del 4%. En este escenario, si la deuda crece al 1% nominal porque refinanciamos incluso los intereses y asumimos un equilibrio fiscal en los próximos ejercicios, el peso de la deuda sobre PIB descendería del 117% actual al 101% en 5 años y al 87% en 10 años.

Como vemos, si no son nuestros hijos quienes pagarán la deuda, entonces ¿quién la pagará?

Partamos del ejemplo anterior, si en lugar de asumir una inflación del 2% tuviéramos una deflación del 2%, el PIB nominal se mantendría constante y la deuda crecería al 1% anual. En ese caso, el ratio de deuda sobre PIB seguiría creciendo indefinidamente aunque hubiera equilibrio fiscal en ejercicios posteriores. Como se puede ver, la clave está en la inflación, que es el as en la manga de las cuentas públicas.

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EFE

Dicho de otra manera: pagarán la deuda pública todos los que vean mermado el valor de su patrimonio por el incremento de la inflación. Podemos caer en la trampa de pensar que serán todos los ciudadanos, pero eso no es cierto, por dos motivos: el primero, es que aquellos que estén endeudados o inviertan en empresas que están endeudadas, verán disminuir el valor real de su deuda al aumentar la inflación. Sin embargo, sus activos preservarán mejor el valor y su patrimonio neto aumentará. El segundo motivo es que no todos los ciudadanos mantienen el mismo porcentaje de su patrimonio en los activos que sufrirán en mayor medida los estragos de la inflación: efectivo, cuentas corrientes, depósitos, bonos, fondos de renta fija, pagarés y otros títulos representativos de deuda.

Hemos salido de la crisis financiera de 2008, de crisis de la eurozona de 2012 y del parón económico generado por la pandemia en 2020 con mucha más deuda. Hemos aplicado el mismo remedio, aumentar la oferta monetaria y el endeudamiento, para tratar todo tipo de males y esto nos ha permitido volver a la senda del crecimiento económico. No obstante, el remedio aplicado tiene contraindicaciones: más impuestos o más inflación futura. Por los motivos que he explicado, lo más probable es que la inmensa mayoría del coste se asuma vía inflación.

Como inversores, debemos ser muy conscientes de esto y debemos actuar: ¿queremos ser quienes paguen la deuda pública perdiendo poder adquisitivo, o por el contrario preferimos invertir el patrimonio de manera que la inflación vaya a nuestro favor?