La voz de las renovables y el oído de la ministra

Teresa Ribera Rodríguez tomó posesión el pasado día 21 de noviembre como ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y vicepresidenta tercera. Es su segundo mandato al frente de un departamento que gestiona dos variables esenciales en el futuro de España: la energía y la geografía del capital humano. La incidencia de ambas en el tejido industrial del país es muy relevante.

Su primera legislatura ha sido prolija en leyes y reglamentos. Bien es cierto que el sector de la energía ha vivido una situación excepcional por los efectos de la guerra en Ucrania. No obstante, dos años después de que Rusia invadiese a su vecino del oeste y se atrincherase en la región del Donbás, los mercados de la energía han recuperado una cierta estabilidad, Europa tiene asegurado el suministro de gas para este invierno y la producción mundial de hidrocarburos no muestra movimientos inquietantes más allá de las oscilaciones propias de una industria muy sensible a los acontecimientos geopolíticos.

En España los precios medios de la energía para los consumidores domésticos se sitúan actualmente en niveles similares a los registrados antes de la guerra de Ucrania. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la factura mensual media de un hogar español es de 61,57 euros en lo que va de año, casi la mitad que en 2022 (105,48 euros). En marzo de 2022 el megavatio/hora se llegó a pagar a en el mercado mayorista a 283,3 euros. Esta cifra desató todas las alarmas y llevó al gobierno a frenar la escalada mediante diversas medidas legislativas, la más importante de las cuales fue la denominada "excepción ibérica".

El 31 de diciembre del año en curso finaliza el período de vigencia de algunas de estas medidas excepcionales. Unas son de carácter impositivo y otras afectan a los precios de la energía en el mercado mayorista. En ambos casos provocan distorsiones en el mercado con el fin de controlar el precio final de la energía eléctrica para consumidores domésticos e industriales. Es decir, la situación geopolítica excepcional ha provocado una mayor intervención pública en un territorio, el de la generación y comercialización de energía, que teóricamente está liberalizado.

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La ministra y su equipo tienen la oportunidad en esta segunda vuelta de eliminar buena parte de tales distorsiones y facilitar el despliegue de las energías renovables. Un mercado que funciona eficazmente es el mejor reclamo para los inversores, cuya principal demanda es la estabilidad regulatoria, la cual otorga previsibilidad a los ingresos y facilita los cálculos de los retornos.

En este contexto, los empresarios del sector de las renovables le pedimos a la Administración que modifique la denominada "ley de hitos" (Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio) para que dispongamos de plazos razonables para el desarrollo, construcción y conexión a la red de plantas de generación. Es esencial reducir la burocracia en la gestión de los permisos requeridos para poner en marcha una central de generación. Este proceso consume tres veces más tiempo que la propia construcción de la planta. También es recomendable reducir las distorsiones del mercado eliminando impuestos y limitaciones a los ingresos.

Hay un exceso de regulación en las actividades tradicionales y un déficit en las nuevas, como el almacenamiento. Esta actividad requiere estímulo y ayuda para aprovechar al máximo el potencial de las energías limpias.

La segunda gran demanda es la aceleración en la construcción de nuevas redes de transporte que respondan a las necesidades de un parque de generación mucho más distribuido. En un país que importa el 98% de sus hidrocarburos no tiene sentido económico ni medioambiental que quememos gas para producir electricidad porque la red de transporte carece de la capacidad suficiente para evacuar la energía producida en un parque eólico o en una planta solar. Más y mejores redes y también una gestión más eficiente de los trámites necesarios para conectar una planta de generación a la red de transporte.

Finalmente, esta segunda legislatura del equipo de Teresa Ribera brinda una nueva oportunidad para establecer un diálogo más fluido entre empresarios y políticos. En la pasada legislatura ha habido demasiado decreto y poca ley pensada con una perspectiva de largo plazo. España debe convertirse en una potencia en el sector de las energías renovables. Los beneficios de las inversiones en estas tecnologías son enormes para los objetivos de descarbonización de la economía, para la reducción de la dependencia energética del exterior, para los consumidores domésticos e industriales, a los que ofrece precios asequibles y estables, para el tejido industrial y para la España vaciada. No hay otro sector que tenga una incidencia tan positiva en la economía como el de las energías renovables.

*Luis Venero, CEO de BRUC