¿Es posible crear riqueza en España? El caso de las escuelas privadas de idiomas

Las últimas tecnologías, como son las redes de alta capacidad, el Multiverso, la digitalización aplicada los procesos productivos, la Inteligencia Artificial (IA) o el llamado Internet de las Cosas (IoT), tienen en común que permiten fabricar productos o prestar servicios a gran distancia, incluso en la otra punta del Globo, lo que sin duda es una ventaja porque redunda en un incremento exponencial de la productividad, y por ello en la creación de riqueza.

Pero el escenario descrito también tiene sus inconvenientes y uno de ellos, y no el menor, es que se dé la paradoja de que sean mejor tratados, legal y económicamente, los proveedores de bienes y servicios que actúan desde fuera, frente a los que operan en territorio nacional y tienen aquí sus sedes, pagan aquí a sus trabajadores y satisfacen aquí sus impuestos y cotizaciones sociales.

Es a esto a lo que se refería Balbino Prieto, Presidente de Honor del Club de Exportadores, en un artículo recientemente publicado, y a lo que llamó "el peaje de la españolidad de las empresas", una paradoja que consiste en pagar más en España por ser empresa española y producir aquí, y que el autor atribuye "al clima de negocios cada vez menos competitivo que impera en nuestro país".

Tomemos como ejemplo el caso de los Centros Privados de Enseñanza de Idiomas, que creo es bastante similar al que se produce en otros sectores. En nuestra modestia, las 4.000 escuelas privadas de enseñanza de idiomas que operamos en España, damos empleo directo a unas 50.000 personas y enseñamos otras lenguas a unos dos millones de estudiantes de todas las edades que cada año pasan por nuestras aulas.

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Además de contribuir a una mejor formación laboral de los españoles, lo que redunda en más y mejores oportunidades de empleo, las escuelas de idiomas pagamos anualmente unos 344 millones en concepto de IRPFS de nuestros trabajadores, y otros 432 millones a la Seguridad Social y al Desempleo, según se pone de manifiesto en el Libro Blanco del sector, recientemente editado bajo el lema: "La Nueva Realidad".

A las escuelas privadas de idiomas no nos asusta la libre competencia entre nosotras. Ni siquiera la competencia que los Centros oficiales y públicos de idiomas puedan hacer desde una posición privilegiada.

Pero sí les asusta, y les preocupa, la competencia desproporcionada y desleal que sufren desde dos frentes: la economía negra, que se evalúa en un 20% del total, y en la que en ocasiones incurren algunas plataformas de contacto entre particulares; y las plataformas internacionales, que actúan con costes mínimos y por ello pueden ofrecer tarifas inabordables para los centros que operan en España.

Como es evidente, las soluciones no pueden ni deben pasar por volver a conductas proteccionistas para con las empresas nacionales, o que consistan en poner obstáculos o limitaciones a las ofertas procedentes del exterior.

Pero sí pueden basarse en asegurar para quienes operamos en España un marco regulatorio, laboral y fiscal que al menos no nos perjudique frente a la competencia foránea. Con algunos ejemplos concretos lo veremos con mayor claridad:

-A la hora de captar profesorado, nos encontramos que nuestro sector no puede contratar extranjeros que no provengan de fuera de la Unión Europea. Un 74% de estas necesidades se refieren al idioma inglés.

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Las escuelas oficiales y públicas lo han solucionado trayendo a nuestro país los llamados "auxiliares de conversación", pero esta fórmula no está permitida para los centros privados. La solución sería permitir a nuestras escuelas contratar personal no-UE al amparo de la figura de "puestos de trabajo de difícil cobertura", que ya existe y por ello no implica ningún cambio normativo. Es así de fácil, pero repetimos: no está permitido.

-Un marco fiscal más favorable, no para nosotros sino para los usuarios, podría ayudar también a hacer más asequibles nuestros servicios formativos a un número mayor de interesados en aprender idiomas, algo muy conveniente porque España es todavía el penúltimo país de la UE en conocimiento de lenguas extranjeras.

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Algunas autonomías han anunciado una modesta desgravación fiscal al gasto en que incurran las familias en aprender idiomas, y es tan importante que ese ejemplo se generalice, como que llegue también a las escuelas privadas y no afecte sólo a los centros públicos oficiales.

-Y finalmente, y para proteger los derechos de los usuarios, creo que no sería mucho pedir que las plataformas internacionales deban al menos registrarse en un país miembro de la UE, como ya se obliga a empresas como Amazon o Aliexpress.

Todo lo anterior no agota ni mucho menos el catálogo de sugerencias que hacemos, pero serían un buen comienzo para que los empresarios que hemos apostado por España podamos competir, al menos, como lo hacen los operadores extranjeros.

*Scott Markham, presidente de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas (FECEI)