La clave para frenar la crisis en los coches o un marco jurídico estable en el sector

Llevamos desde el pasado mes de septiembre con las cifras de ventas de coches a la baja en España, con reducción en la producción de las

Foto: Los concesionarios pierden 5.000 empleos por cada 150.000 unidades menos que se matriculan.
Los concesionarios pierden 5.000 empleos por cada 150.000 unidades menos que se matriculan.

Llevamos desde el pasado mes de septiembre con las cifras de ventas de coches a la baja en España, con reducción en la producción de las plantas españolas y también con una notable reducción de las exportaciones de vehículos. El sector del automóvil atraviesa un momento complicado, sobre todo por la incertidumbre de los posibles compradores que no saben qué hacer, qué comprar.

No importa que no haya un Gobierno consolidado y que estemos abocados a unas nuevas elecciones. El país no se puede parar y tampoco el sector del automóvil, porque las nuevas asignaciones de vehículos a las plantas de producción, y viendo la situación de España, lo que harán será adjudicarlos a las fábricas de otros países. Por ello, hay que tomar decisiones urgentes, y a ser posible con el máximo consenso entre partidos.

No se trata de que ahora Pedro Sánchez, para asegurarse el ser presidente del Gobierno de verdad el año que viene, llegue a acuerdos puntuales de prohibir unos carburantes, de decir que va a apostar por el coche eléctrico o que va a limitar el tráfico en el centro de las ciudades. Lo que hace falta es un marco jurídico estable que vaya a ser manteniendo por los nuevos gobiernos en los próximos años. Y si no conseguimos ese marco jurídico estable para todo el sector industrial del automóvil y para la movilidad, nos espera un futuro muy negro.

Hace meses que las principales patronales del sector de automoción, la de fabricantes ANFAC, la de importadores ANIACAM, la de vendedores GANVAM o la de fabricantes de componentes, SERNAUTO, piden esa implicación del Gobierno para asegurar el futuro de la automoción en España. Es uno de los pilares básicos de la economía española, que produce casi 3 millones de coches cada año de los que más del 85% se exportan a otros mercados.

Ahora es también la patronal de concesionarios, FACONAUTO, la que ha trasladado a Pedro Sánchez la necesidad de que se forme urgentemente un nuevo Gobierno. Este debe abordar los dos retos urgentes a los que se enfrenta el sector, como son el avance hacia una movilidad descarbonizada y el establecimiento de un marco jurídico estable.

En este sentido, en una reunión mantenida con Pedro Sánchez, la vicepresidenta de FACONAUTO Marta Blázquez ha pedido un nuevo Gobierno que ponga en marcha las medidas y reformas que la automoción necesita para no perder empleo y competitividad. Para la patronal, sería necesario que se reactive "cuanto antes" el Plan Estratégico de Apoyo Integral a la Automoción, que fue presentado al final de la pasada legislatura por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El propio Sánchez mencionó este plan en su discurso de investidura como uno de los puntos que llevaría a cabo en el caso de que gobernara.

El sector se enfrenta a graves problemas, como el descenso de ventas de coches y de exportaciones que ponen en peligro el tejido industrial español basado, el envejecimiento del parque de vehículos que supone más contaminación y también un aumento de la siniestralidad. Y también un problema muy grave, la incertidumbre de los ciudadanos que quieren comprarse un coche nuevo y no saben cuál deben comprar.

Blázquez ha puntualizado un dato importante, por cada 150.000 matriculaciones que se dejan de hacer se pierden 5.000 empleos en los concesionarios de automóviles. A esos puestos de trabajo perdidos hay que añadir los que se pierden en las fábricas de automóviles y en las del sector de componentes para automoción.

Cada día hay más personas que hablan de reducir la movilidad privada y apostar por el transporte público y la bicicleta. Lo que hacen falta son medidas creíbles para que los ciudadanos puedan aceptarlas y adaptarse a ellas. Los ministros o alcaldes que apuestan por el transporte público van todos los días en un coche oficial.

30.000 millones

En 2018 la recaudación por la compra y uso de vehículos de motor superó los 30.000 millones de euros. Eso solo de impuestos directos. El reparto de estas cantidades es el siguiente, 20.813 millones de euros por los impuestos de los carburantes, 3.361 millones del impuesto de Matriculación, transferido a las comunidades autónomas, y el de Circulación para los ayuntamientos. Y otros 4.856 millones de euros de IVA en la compra de vehículos nuevos. En cuanto a transferencias de vehículos, tasas de matriculación, expedición de permisos de conducir, suman otros 800 millones de euros, a los que habría que sumar al menos otros mil millones de euros en multas a los conductores.

Muchas voces hablan de prohibir la circulación en las ciudades, de limitar la venta de coches, pero esos mismos que protestan por el automóvil, habrán pensado de dónde se va a sacar entonces todo ese dinero cada año, unos 32.000 millones de euros, que los automovilistas aportan a las arcas del Estado. Esa es la misma cantidad que el Gobierno de España gasta cada año en subvenciones...

Automaníacos
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