Por qué la DGT embarga cuentas bancarias por multas de tráfico, según denuncia AEA

Automovilistas Europeos Asociados, AEA, ha denunciado que desde el pasado 14 de marzo, y pese a la entrada en vigor del Estado de Alarma, se están ejecutando embargos de cuentas corrientes en España por el impago de sanciones de tráfico. Esta supuesta actuación ilegal se produce porque con la declaración del Estado de Alarma, el Gobierno suspendió los plazos procesales para ejecutar el cobro de pagos pendientes. Desde AEA se denuncia que se están produciendo miles de embargos ilegales de cuentas de los ciudadanos.

Esta organización de defensa de los automovilistas, AEA, destaca que el Gobierno suspendió el pasado mes de marzo los plazos procesales y administrativos, y en el ámbito tributario, y también suspendió los plazos para ejecutar el cobro de las deudas pendientes de pago, incluidas las multas de tráfico. Sin embargo, y a pesar de la suspensión, los servicios jurídicos de AEA han podido comprobar cómo los bancos y cajas de ahorro han seguido practicando en plena crisis del “coronavirus” miles de embargos a automovilistas. Estos automovilistas, a pesar de ver reducido el saldo de sus cuentas bancarias, no han tenido ninguna capacidad para reaccionar.

Lo peor es que, según denuncia AEA, todos los automovilistas afectados por estos embargos no tienen ninguna manera de poder comprobar el motivo por el que se les ha embargado su cuenta bancaria y tampoco tienen capacidad de presentar ningún recurso con esta actuación. Según la denuncia de AEA, “los afectados no pueden formular ningún tipo de recurso para evitar una actuación que, a todas luces resulta ilegal, dado que los plazos tributarios están suspendidos”.

Siete millones de multas son ilegales, según la Automovilistas Europeos Asociados

C. C.

Esta irregularidad afecta a las multas impuestas por la DGT, el Gobierno Vasco y el Servei Catalá de Tránsit y por 1.152 ayuntamientos, entre los que están algunos de ciudades importantes

Según explica AEA en su denuncia, el Art. 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 establece que “los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación, que no hayan concluido a la entrada en vigor de este real decreto-ley, se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020.”

Según han podido verificar los servicios jurídicos de AEA, desde el pasado 14 de marzo la banca está ejecutando miles de embargos de cuentas bancarias antes de que haya concluido dicho plazo, e incluso sin que hayan transcurrido los 20 días previstos en la legislación tributaria desde que se práctica una diligencia de embargo.

Polémica DGT

Las actuaciones de la DGT siempre están en el límite de la legalidad. Es una forma de actuar que marca el funcionamiento de un organismo dependiente del ministerio del Interior, que en numerosas ocasiones se ha visto marcada por la polémica. Y con independencia del Gobierno que hubiera en cada momento. Una de las más conocidas es la del polémico margen de error de los radares.

Ese margen de error solo determina el grado de exactitud del aparato, pero no es un margen que se dé al conductor antes de multar los excesos de velocidad. En un aparato que tiene un 5% de margen, significa que si el radar mide un coche a 200 km/h, puede que el conductor circule a 190 km/h. Sin embargo, la DGT sancionaba por circular a 200 km/h sin tener en cuenta el margen de error legal de su equipo de medida. Y lo ha estado haciendo durante muchos meses pese a la postura contraria de los jueces, que siempre condenaban a la DGT por no aplicar correctamente el margen de error.

La DGT anula más de 15.000 multas de un radar que sanciona mal (y podrían ser más)

Rubén Rodríguez

Se trata de un cinemómetro situado a la salida del túnel de la Bolgachina en la A-66 y que estaba multando hasta 30 kilómetros por hora por debajo del límite de la carretera

La polémica de los radares de tramo en carreteras convencionales es más reciente. Cuando uno circula por una carretera convencional puede superar hasta en 20 km/h la velocidad máxima legal para hacer un adelantamiento, pero en las zonas con un radar de tramo en este tipo de carreteras, se obviaba la posibilidad de que un conductor hiciera un adelantamiento.

La última fue la de mi DGT, la polémica aplicación de la DGT, que según anunciaba la propia dirección general permitía sustituir el permiso de conducir original por el que se lleva en el móvil con esta aplicación, cuando eso es algo ilegal y sancionable.

Y detrás quedan otras polémicas en las que se ha visto salpicada la DGT. Como la de los tiempos de María Segui al frente del organismo, cuando la DGT adquiría los trabajos sobre seguridad vial elaborados por su marido o cuando este organismo adjudicó todos los cursos de recuperación de puntos del carné de conducir en España a la misma entidad, la Confederación Nacional de Autoescuelas. Eso a pesar de que otras organizaciones presentaron alternativas interesantes que no fueron consideradas.

O también las huelgas de examinadores para el carné de conducir, que tuvieron durante meses colapsado el sistema de obtención del permiso, o la obligatoriedad de las clases presenciales para superar el examen teórico del carné de conducir, en unos tiempos en los que hasta las universidades más prestigiosas permiten obtener cursos online.