Sin solución a esta crisis y ya queremos adelantarnos a todos con una ley climática

El último Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso el anteproyecto de Ley de Cambio Climático con la que el Gobierno quiere posicionar a España al frente de la lucha en la emergencia medioambiental. Un anteproyecto que busca como uno de sus objetivos prioritarios que no se vendan coches que emitan CO2 desde 2040. Es decir, que para esa fecha solo se vendan coches eléctricos.

Pero, España y toda Europa viven el peor momento de su historia reciente con más de 100.000 muertos provocados por el coronavirus. España aún no tiene previsiones concretas de hasta dónde va a caer el PIB, ni cuantas empresas y puestos de trabajo se van a perder en esta gravísima crisis, pero nuestro Gobierno ya está planificando cómo abordar la siguiente crisis. Una emergencia climática en la que, por la cifras de emisiones de CO2 de España, en ningún caso seremos protagonistas.

Esta decisión de poner en marcha ahora una Ley de Cambio Climático sería muy buena en un país con una economía muy potente y con un Ejecutivo en mayoría y bien preparado. Pero nuestra economía está en el peor momento y tenemos un Gobierno en el que la razón por la que España está peor que Portugal es "porque estamos más al este y ellos tuvieron más tiempo para reaccionar", por ejemplo.

En estos momentos, con la que está cayendo en todo el mundo por la pandemia, nadie habla de emergencia climática. Ni siquiera la activista sueca Greta Thunberg se ha atrevido a decir nada relacionado con el medioambiente y ha pasado a ser una experta más sobre la pandemia del COVID19. Ahora parece que lo más razonable es solucionar la grave situación actual y luego ya habrá tiempo para empezar a luchar contra la nueva emergencia. Sin duda habrá que hacerlo, pero yo no creo que este sea el mejor momento.

El sector del automóvil es un pilar fundamental de la economía española, pero no solo porque representa el 10 % del PIB o el 9 % del empleo, que ya son argumentos importantes. Otra razón destacable es que cada año más de 30.000 millones de euros de impuestos por la compra o la utilización del automóvil van a parar a las arcas del Estado en España. Y si hablamos de la Unión Europea, la cifra de impuestos que supone el automóvil es de 400.000 millones de euros cada año. Esa es la importancia del sector, también para Europa.

Renault

Sin embargo, en este momento la automoción vive un momento crítico. Las marcas británicas Jaguar y Land Rover han pedido un préstamo de 1.100 millones de euros a su gobierno para asegurar su futuro. La situación de Renault es aún mucho peor. En este caso ha pedido al Gobierno francés 5.000 millones de euros en avales para préstamos.

La respuesta del ministro de economía galo ha sido muy clara, que antes de la concesión de dichos avales se debe garantizar el mantenimiento de todas las fábricas en territorio francés y los puestos de trabajo en dichas plantas. Y aún así, el ministro ha advertido que está en riesgo la continuidad de Renault como marca. La postura del Ejecutivo del país vecino es muy clara, defender por encima de todo sus fábricas y puestos de trabajo en Francia.

Ante esta situación tan complicada a nivel internacional, ¿qué hace el Gobierno español para defender las plantas españolas de automóviles, en las que se fabrican un 99 % de coches que no son cero emisiones? Pues anunciar que no se van a vender coches que no sean cero emisiones desde 2040.

Carlos Tavares, presidente del grupo francés PSA, y Luca de Meo, que asumirá la presidencia de Renault el próximo 1 de julio, tienen una papeleta muy complicada. El Gobierno francés, primer accionista de Renault, con un 15 % de su capital, ya ha dejado claro que hay que proteger las fábricas francesas. Y en el grupo PSA va a pasar algo parecido, tendrán que proteger primero sus fábricas locales.

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Agencias

Pero España tiene cinco fábricas de automóviles de estos dos grupos industriales franceses, a las que hay que añadir una más, la de cajas de cambio de la marca Renault en Sevilla. Esta semana se comunicará oficialmente si la planta de Nissan en Barcelona continua o se cierra definitivamente. El grupo Volkswagen tiene en España dos grandes factorías, Martorell de Seat y Landaben de Volkswagen, en las que se producen coches diésel y de gasolina, pero de momento no hay ningún plan concreto para fabricar vehículos eléctricos a medio plazo. Y la situación de la planta de Ford también está cuestionada. Solo la de Mercedes, en Vitoria, que produce también vehículos eléctricos, parece estar un poco mejor.

Incertidumbre

Esta ley del Cambio Climático es, además, una forma más de amplificar la incertidumbre de los posibles compradores. Nadie sabe qué tipo de coche hay que comprar ahora y este anuncio de que no se podrán vender coches que no sean 100 % eléctricos en 2040 es otro jarro de agua fría para el sector de automoción y para la confianza de los compradores.

Los fabricantes están haciendo fuertes inversiones en desarrollar nuevas tecnologías mucho más eficientes, como los coches de gas, los híbridos e híbridos enchufables, como pasos intermedios hacia el coche eléctrico. Cada día se lanzan nuevos modelos enchufables al mercado. Pero todas estas inversiones parece que, a ojos de la ministra Teresa Ribera, no sirven para nada. Ella, desde que llegó al Gobierno, solo sabe hablar de coche eléctrico, y no cambia su guion ni siquiera con esta grave crisis del coronavirus a la que todavía no se le ha visto el fin.

En el anteproyecto de ley, la situación económica española de la que se parte es la previa a la llegada del coronavirus. Se habla de un crecimiento del PIB del 1,8 % desde su implantación hasta el año 2030, de la creación de entre 240.000 y 350.000 puestos de trabajo cada año durante los próximos 10 años como las previsiones que hace el Gobierno. Y también se dice que habrá que mantener ayudas a la compra de vehículos eléctricos al menos hasta 2025 y para el despliegue de infraestructuras de recarga eléctrica. Pero en febrero, antes del COVID19, España era el único país de Europa que no tenía en vigor un plan de ayudas a la compra de vehículos eléctricos. Y el PIB crecerá un 1,8 % hasta 2030 por esta ley, pero cuánto va a reducirse si a la situación económica actual se suma el cierre de tres o cuatro fábricas de automóviles.