Escándalos, retrasos... La DGT, el organismo más polémico de la Administración

La Dirección General de Tráfico, un organismo siempre rodeado por la polémica, vive unos momentos complicados por la acumulación de escándalos en torno a su funcionamiento. Una flota de vehículos diezmada por falta de mantenimiento, ausencia de controles de alcohol y drogas, importantes retrasos en los exámenes del carné de conducir, sanciones sin la correcta aplicación del margen de error legal...

La Dirección General de Tráfico es un organismo dependiente del ministerio del Interior que se encarga de controlar la circulación en las carreteras españolas, salvo Cataluña y País Vasco que tienen transferida esta competencia. La DGT es un organismo siempre polémico que ahora vuelve a serlo. La DGT lleva años en los que, desde la llegada de Pere Navarro a dicha dirección general, su única política ha sido la puesta en marcha de nuevos radares. Pero la culpa del mal funcionamiento de la DGT va mucho más allá del propio Navarro y es un mal endémico del organismo.

Cuando en todos los países el departamento equivalente a la DGT está integrado en un ministerio de movilidad, de transporte o de carreteras, en el caso de España está integrado en el ministerio del Interior. Es decir, que forma parte del mismo organismo que la Guardia Civil, la Policía Nacional, Emergencias o Instituciones Penitenciarias. Pero a diferencia de todos estos organismos, en el caso de la DGT se autofinancia.

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Esto hace que el presupuesto anual de la DGT se cubra con la sanciones impuestas a los conductores y con las tasas que pagan tanto conductores como los propietarios de los vehículos y otros implicados como los responsables de pagar tasas de transporte, exámenes de conduciretc.

Uno de sus objetivos es la reducción de la siniestralidad vial. La Dirección General de Tráfico no tiene competencias en ningún caso sobre educación. La falta de una educación vial es la causa fundamental que provoca la ausencia de civismo en las carreteras. Y esta, a su vez, repercute en los accidentes de tráfico. La DGT no puede pretender luchar contra la siniestralidad vial sin tener un presupuesto y sin poder tomar partido en cuestiones de educación. Tampoco puede intentar reducir los accidentes cuando no tiene ninguna competencia en las carreteras, en su estado de mantenimiento o en el despliegue de nuevas infraestructuras.

Por ello, la persona que está al frente de la DGT siempre tiene el mismo problema: cuadrar un presupuesto imposible de cuadrar. Y la única solución posible que se le ofrece al director general de turno es, ante una situación absurda, poner más radares y menos gastos. Es decir, no hacer el mantenimiento de los vehículos, reducir la plantilla de la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil o no hacer controles de alcohol y drogas.

Hasta los años 80 se veían muchos agentes de la Guardia Civil por las carreteras. Se situaban en los cambios de rasante, perfectamente visibles pero también bien posicionados para poder ver a los conductores que cometieran infracciones. Estaban muy bien vistos por los conductores, aportaban un toque de seguridad y siembre estaban ahí para ayudar en todo lo que hiciera falta a los conductores.

Ahora, los pocos agentes de la Guardia Civil que patrullan tienen una actitud muy diferente. Se pueden hacer miles de kilómetros sin ver un solo Guardia Civil. Muchas veces van en vehículos camuflados para poder cazar a los infractores o están parados y escondidos en una zona con velocidad limitada con su radar puesto. Pero no es culpa de los agentes, de su profesionalidad, sino de las órdenes que reciben

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La siniestralidad vial tiene muchos factores recurrentes. Uno de los más graves es la conducción tras haber ingerido alcohol y drogas, junto con las distracciones al volante. Sin embargo no se hacen controles de alcohol y drogas porque son muy caros y no hay presupuesto. Sin embargo se instalan radares porque solo hay que hacer la inversión del aparato y luego ya durante años van llegando las multas sin hacer ningún gasto. Más del 90 % de los accidentes se producen en carreteras secundarias, pero los radares se instalan en su inmensa mayoría en las autovías, donde hay más tráfico y más posibilidad de sancionar.

La DGT "vive" de las multas y las tasas. Renovar el carné de conducir tiene un coste de 62 euros. De ellos, 37,90 euros corresponden al coste de la revisión médica y el certificado correspondiente. Pero 24,10 euros son las tasas de renovación del carné. Se tramita en el mismo centro médico y se envía por correo ordinario. Es decir, que un documento importante como es el permiso de conducir, lo envía la DGT sin ni siquiera utilizar el correo certificado, para ahorrar costes.

Casi 27 millones de conductores hay en España que deben renovar como máximo cada 10 años su permiso. Es decir, sin tener en cuenta que muchos conductores tienen varios carnés por renovar o que hay muchos permisos que requieren una renovación anual, solo de renovación del carné de conducir la DGT ingresa 65 millones de euros cada año. En la mayor parte de los países europeos no hay que renovar el permiso de conducir, pero los holandeses, franceses o alemanes que viven en España deben renovarlo en España cada 10 años y pagar los correspondientes 24,10 euros.