Cuando Holanda aplicó su versión del artículo 155... en Curazao

Las imágenes del 1 de octubre en Cataluña llevaron a las televisiones de toda Europa la crisis institucional entre la Generalitat y el Gobierno central. Los líderes de los países de la UE se vieron obligados a posicionarse y la gran mayoría le brindó un apoyo rotundo a Mariano Rajoy. Mark Rutte, primer ministro de Países Bajos, fue de los más vehementes. “El más alto tribunal español ha dicho que el referéndum es ilegal”, recalcó el holandés, que incluso consideró “inapropiado” comentar el tema en Bruselas. Esas palabras contrastaron con las de otros políticos de su país. Uno de sus socios de gobierno, el liberal Alexander Pechtold, pidió la mediación de la UE. “La violencia nunca es la solución dentro de Europa”, aseguró.

La firmeza de Rutte se debió a varios motivos. El más evidente es la cercanía ideológica con Rajoy, pues el primer ministro holandés siempre fue partidario de la llamada austeridad fiscal promovida por Alemania en la UE. Pero hay más. Holanda vivió entre marzo y abril fuertes tensiones con una de sus excolonias, Curazao, e intervino para garantizar la celebración de unas elecciones y evitar un Ejecutivo de corte nacionalista.

Esta isla de 160.000 habitantes tiene el rango de 'país' dentro del Reino de Países Bajos, al igual que Aruba y San Martín. Miles de turistas neerlandeses acuden cada año a esas pequeñas joyas del Caribe para pasar sus vacaciones. Los gobiernos locales tienen transferidas competencias como Educación, Justicia y los mandos de la policía, mientras el Ejecutivo holandés mantiene Defensa y Relaciones Exteriores.

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El Ejecutivo de Curazao cayó el 12 de febrero, solo siete semanas después de su formación. Los equilibrios entre los cuatro socios del Gobierno estallaron cuando dos diputados de Pueblo Soberano retiraron su apoyo al primer ministro, Hensley Koeiman, del partido socialdemócrata MAN, por discrepancias respecto a unos planes de ordenamiento territorial.

Koeiman convocó elecciones para el 28 de abril, pero se encontró con una noticia inesperada. El partido opositor de corte nacionalista MFK, que ya había gobernado en legislaturas anteriores, dijo haber encontrado una mayoría alternativa en el Parlamento gracias, precisamente, al apoyo de los dos diputados de Pueblo Soberano. El cerebro detrás de esta operación política fue un viejo conocido de la política de Curazao, según varios medios holandeses: el ex primer ministro Gerrit Schotte, del MFK, condenado e inhabilitado por corrupción y que sigue teniendo una gran influencia en su partido. La formación nacionalista formó un nuevo Ejecutivo de coalición, nombró algunos ministros e intentó paralizar los comicios. La situación creó fuertes divisiones entre los curazaleños, y algunas formaciones políticas y bufetes de abogados comenzaron iniciativas judiciales para garantizar la colocación de las urnas.

El líder del socialdemócrata MAN etiquetó al Gobierno interino de “ilegal” y pidió asistencia a la gobernadora de la isla, Lucille George-Wout, una figura representante del Reino de Países Bajos y nombrada por La Haya. Los líderes del MFK le exigieron, por otro lado, que firmara una orden para detener los comicios y continuar con la legislatura bajo el nuevo Ejecutivo interino. Pero George-Wout se negó.

Los acontecimientos se precipitaron entre finales de marzo y principios de abril, cuando los peores temores del MFK se hicieron realidad. Tras varios tira y afloja, el Gobierno holandés llamó al orden y se pronunció de manera clara. “Es importante que la gente de Curazao pueda expresarse en elecciones libres y justas sobre el futuro del país", dijo el ministro de Interior, Ronald Plasterk.

El Ejecutivo de Rutte encontró la fórmula legal para intervenir en la isla a través de los artículos 43 y 51 del Estatuto de los Países Bajos (1954), documento que rige las relaciones de Curazao, Aruba y San Martín con su antigua metrópoli. Esos dos apartados mantienen que “la salvaguardia de los derechos, las libertades, la seguridad jurídica y la solidez del Gobierno es asunto del Reino”, el cual puede actuar cuando un organismo local, en este caso el Ejecutivo interino del MFK, desobedezca la ley.

El 3 de abril, Holanda dio plenos poderes a la gobernadora George-Wout para organizar las elecciones. Lo hizo a través de una norma redactada por el ministro de Interior y firmada por el mismo rey de Holanda, Guillermo Alejandro. Se trataba de la intervención más rotunda de La Haya en una de sus antiguas colonias desde que stas ganaran su estatus de países independientes. “No nos quieren y trabajan contra nosotros”, dijo el líder del MFK, Gilmar Pisas. Su partido hizo pocos días después un alegato a favor de la independencia, según publicó el periódico 'Curaçao Chronicle'.

Opinión

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Las elecciones se celebraron tres semanas después con una participación casi idéntica a los comicios anteriores, poco más de un 66%. Los nacionalistas del MFK aumentaron ligeramente sus apoyos, pero también subieron los socialdemócratas del MAN y, sobre todo, los liberales del PAR. Este partido presentó como cabeza de lista a Eugene Rhuggenaath, un político que había estudiado en Róterdam y Miami y contaba con el favor de Holanda.

Rhuggenaath basó su campaña en hacer un llamamiento a la buena convivencia con la antigua metrópoli y calificó a Schotte, antiguo cabeza de lista del MFK, de mafioso. Su fórmula resultó ganadora y cuando se abrieron las urnas los liberales fueron los más votados. Consiguieron reunir los apoyos suficientes en el Parlamento para convertir a su líder en primer ministro, desalojando así a los nacionalistas del poder.

La Haya, de momento, respira y espera que Rhuggenaath no solo restablezca las buenas relaciones, sino que también consiga la estabilidad política de la isla. Rutte ha necesitado más de siete meses en casa para llegar a un acuerdo de gobierno en Holanda, pues la fragmentación del Parlamento neerlandés dificultó la formación del Ejecutivo y su nombramiento como primer ministro. Lo último que desea es que sus territorios de ultramar le causen más quebraderos de cabeza.