China podría juzgar a cualquiera que pise Hong Kong, incluso a los extranjeros

“Me pregunto cuánto tiempo pasará hasta que algún activista proderechos humanos sea extraditado a Pekín, para morir torturado y asesinado en algún centro de detención del Partido Comunista Chino”. Así de contundente se mostraba uno de los ciudadanos implicados en las multitudinarias protestas contra la reforma de la ley de extradición en Hong Kong.

Con un lenguaje más ponderado, el Pen Club ha manifestado una preocupación similar: “Si se aprueba, la enmienda pondrá en riesgo la libertad de expresión de periodistas, escritores, editores, académicos y muchos otros”.

Estos temores podrían parecer exagerados a quienes no conocen la situación sobre el terreno, pero las crecientes intervenciones chinas contra las libertades cívicas dentro y fuera del continente y cómo se está llevando a cabo este cambio legislativo ofrecen indicios más que inquietantes.

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La enmienda se ha propuesto a raíz del reciente homicidio en Taiwán de una ciudadana hongkonesa por parte de su novio, del mismo origen. Tras cometer el crimen, el presunto asesino se refugió en Hong Kong. El gobierno de la metrópolis argumenta que es necesaria una reforma legislativa para poder juzgar al sospechoso en Taiwán. Pero el Colegio de Abogados de Hong Kong ha presentado una serie de objeciones jurídicas contra la propuesta, explicando por qué vulnera los principios de la Carta Magna de Hong Kong (Basic Law) y las garantías fundamentales de cualquier Estado de Derecho.

Por una parte, la reforma otorgaría competencias al Jefe del Ejecutivo hongkonés para decidir la extradición en casos puntuales “de particular gravedad” (todos aquellos que supongan penas de más de tres años de cárcel), sin tener que contar con el escrutinio y la aprobación del Parlamento. A ello habría que añadir la simplificación de los procedimientos, con el consiguiente menoscabo de las garantías legales que protegen la libertad y seguridad de las personas. Además, se abriría la posibilidad de enviar fugitivos a cualquier otro país con el que Hong Kong no mantenga un acuerdo de extradición, incluida China continental y otros estados de dudosa reputación democrática.

Hay que tener en cuenta que la enmienda afectaría no solo a los ciudadanos de Hong Kong, sino también a los extranjeros que residen en el área

Hay que tener en cuenta que la enmienda afectaría no solo a los ciudadanos de Hong Kong, sino también a los extranjeros que residen en su área metropolitana, y a quienes la visiten o se hallen en una situación de tránsito. En este sentido, sería un error pensar que lo que está en juego concierne únicamente a los ciudadanos de la excolonia británica. De ahí el impacto mediático de las protestas y la preocupación suscitada en la comunidad internacional –con el pronunciamiento contrario de más de una docena de parlamentarios de diversos países, incluyendo al presidente de la ASEAN Parlamentarian for Human Rights.

Para completar sus argumentos, el Colegio de Abogados de Hong Kong ha cuestionado la celeridad del gobierno para implementar la reforma, a pesar de la complejidad jurídica de las cuestiones que plantea. Desde su perspectiva, el proyecto no solo supone una violación de las garantías constitucionales de la excolonia británica, plasmadas en su Basic Law, sino también de los compromisos internacionales contraídos por China y más concretamente del Tratado Sino-Británico de 1985, avalado por Naciones Unidas.

En este sentido, se recuerda que una de las condiciones pactadas para la devolución de Hong Kong en 1997, ratificada por el Parlamento, fue precisamente la demarcación jurisdiccional del territorio hongkonés como independiente del chino.

La reforma borrará las fronteras entre el imperio de la ley que todavía prevalece en Hong Kong y su sesgada interpretación en la China comunista

La nueva norma difuminará esta frontera, otorgando competencias al poder judicial de la República Popular China, aun a sabiendas de que este se encuentra sometido a las directrices del Partido Comunista Chino. El informe cita al respecto las evidencias proporcionadas por tres organizaciones internacionales sobre la falta de independencia judicial en China y la frecuente vulneración de los derechos fundamentales de los procesados.

En cuanto al supuesto objetivo inmediato de la reforma –la extradición de un presunto asesino hongkonés a Taiwán-, Taipéi ya ha declarado su rotunda negativa a cooperar, al entender que el proyecto supone un paso más en el intento de Pekín por ocupar el espacio jurídico-político taiwanés y acabar con la independencia de facto de la isla.

En los últimos años numerosos taiwaneses han sido detenidos fuera de sus fronteras y trasladados al continente para ser procesados. Entre ellos se encuentra Lee Ming-che, quien desde 2017 sufre penas de cárcel en China por su activismo prodemocracia, que las autoridades comunistas consideran “subversión contra el Estado”. Aunque es bien distinto, el reciente caso de los presuntos estafadores taiwaneses que España acaba de extraditar al Gigante Asiático, desoyendo a las organizaciones proderechos humanos, también merecería revisión.

Opinión

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La actual situación que se vive en Hong Kong reviste, por tanto, una particular gravedad que trasciende los límites de la metrópolis y los intereses de su ciudadanía. Con la nueva ley en la mano cualquier periodista, activista, empresario o simple ciudadano que se encuentre en territorio hongkonés, aunque sea de modo transitorio, podría ser acusado de algún supuesto delito grave, extraditado y juzgado en China continental.

Teniendo en cuenta que el régimen chino contempla un amplio elenco de cargos de muy vaga definición relativos a la seguridad nacional, lo que esto significa para la causa de la libertades y de la democracia es un perjuicio de dimensiones incalculables. Se entiende así la contundencia y magnitud de la movilización ciudadana. Quienes día a día reivindican un sistema político más abierto y participativo en Hong Kong temen incluso por su integridad física: “Si la ley es aprobada, los hongkoneses ya no estarán a salvo de la persecución política de China” –repiten los eslóganes. Las autoridades han prometido que nadie será extraditado por motivos meramente ideológicos, políticos, religiosos o étnicos, pero cualquiera que conozca cómo funciona el régimen chino sabe que no pueden ofrecer tales garantías.

Nadie debe llevarse a engaño. Porque, además, la iniciativa no solo afecta a las libertades cívicas, sino que mina toda la arquitectura del Estado de Derecho de Hong Kong y presagia también imponderables consecuencias para su tejido empresarial, su prestigio financiero y sus relaciones económicas con el resto del mundo.

Un ataque sin precedentes

Nos encontramos ante “el ataque más grave a la seguridad jurídica y a la estabilidad de Hong Kong en los últimos años” –ha concluido Chris Patten, el último gobernador de la excolonia británica. “Y ante esta evidencia, el argumento de que es mejor un acuerdo de extradición con China que secuestrar a la gente (en alusión a los libreros hongkoneses desaparecidos en 2015), no puede más que provocar una carcajada amarga. Llegados a este punto debemos preguntarnos si quien realmente está dirigiendo Hong Kong es su gobierno, o la Liaison Office bajo las órdenes de Pekín”.

Mar Llera*, Profª Titular Univ. Sevilla y Directora de Estudios en Asia Oriental (Grupo Compolíticas) y Activista de Amnistía Internacional