Ayuda al desarrollo e intereses nacionales

Trump ha empezado su segundo mandato tomando una serie de decisiones drásticas, algunas de ellas sobre la política de cooperación internacional para el desarrollo de Estados Unidos. El presidente ha pausado los flujos de ayuda al desarrollo, en principio durante un período de tres meses, mientras "se revisa si [ésta] es eficiente y su coherencia con la política exterior de Estados Unidos". Siguieron la orden de repatriar o incluso cesar en sus cargos a 2.200 trabajadores de USAID, la agencia de cooperación al desarrollo de Estados Unidos, que ha cerrado de facto (y cuyo sitio web ya ofrece una página en blanco) y el nombramiento de Marco Rubio (quien ya ha anunciado que consultará con el Congreso la potencial re-organización de USAID) como responsable en funciones de dicha agencia.

Mientras tanto, se van emitiendo señales acerca de cómo será la ayuda al desarrollo en el segundo mandato de Trump. La supresión total de la ayuda al desarrollo aparece como una opción plausible, puesto que consistiría sencillamente en hacer indefinida la suspensión temporal en la que se encuentra en estos momentos.

También existe la opción de que se reinvente la política de cooperación al desarrollo, con (posiblemente) un menor volumen, unas nuevas orientaciones políticas, una distribución geográfica y sectorial acorde con éstas y un encaje institucional distinto. Con 64.700 millones de dólares desembolsados en 2023, Estados Unidos es hoy el primer donante de ayuda al desarrollo, muy por delante de Alemania (37.900 millones). Esto significa que, aunque Estados Unidos recortara su ayuda en más de 40%, seguiría siendo el primer donante mundial de ayuda al desarrollo, con lo que esto implica en términos de influencia internacional y capacidad para moldear la agenda multilateral.

Las referencias a la necesidad de hacer la ayuda más coherente con la política exterior de Estados Unidos o el nombramiento de Rubio como responsable en funciones de la agencia y encargado de decidir los criterios que guiarán su evaluación quizás apunten a que USAID podría volver a su modelo anterior a 1998; momento en el que el gobierno de Clinton independizó la agencia del Departamento de Estado. Este encaje institucional sería de hecho más acorde con una política de cooperación al desarrollo más transaccional y con el relato de una ayuda mejor anclada en la defensa de los intereses nacionales.

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Cabe preguntarse, no obstante, si, hasta su cierre, los programas y proyectos de USAID habían estado realmente desalineados de los intereses nacionales. La imagen de USAID como una agencia infestada de "lunáticos de la izquierda radical" contrasta con el hecho de que Afganistán sea el primer receptor de la ayuda estadounidense, o con la última revisión por pares de la OCDE que describe el "desarrollo como uno de los principales instrumentos de la política exterior de Estados Unidos" y que, más bien, subraya la insuficiente autonomía de USAID en un contexto en el que gran parte de la ayuda viene pre-asignada por el Congreso. Fue, precisamente, el Congreso (incluidas sus filas republicanas) el que contuvo mayores recortes de la ayuda durante el primer gobierno de Trump, en un país en el que la ayuda se ha sostenido (o sostuvo) políticamente sobre los intereses cruzados de varios sectores, incluido el complejo militar.

El relato de una ayuda poco relevante (frente a otras necesidades internas o internacionales) ineficiente y/o desalineada con la política exterior e intereses de los países donantes se ha ido extendiendo en los últimos años. En este sentido, Estados Unidos no es una excepción. En noviembre de 2024, el gobierno de los Países Bajos anunciaba una reducción y reorganización de la ayuda para hacerla más sencilla y eficiente. Se han producido anuncios similares en Bélgica, que reducirá su ayuda en 25% y suprimiría la cartera de desarrollo, Francia, que recortaría su ayuda al desarrollo un 40% en 2025, o Alemania.

De nuevo, este relato contrasta con la nutrida literatura académica que señala la protección de los intereses nacionales como el principal motor de la ayuda de los donantes occidentales. Esto lleva a preguntarse cómo ha podido instalarse, en el discurso público, la idea de una ayuda al desarrollo exenta del aparato institucional del Estado y, por lo tanto, de sus objetivos políticos. La respuesta esté posiblemente en la propia narrativa oficial de la ayuda, que durante décadas ha ofrecido un argumentario cierto, pero incompleto, sobre sus motivos. En el énfasis en la construcción de los bienes públicos globales o la reducción de la pobreza en terceros países como objetivos estratégicos de la ayuda al desarrollo, se ha olvidado u obviado el interés para los países donantes, que puede materializarse, por ejemplo, en la construcción de nuevas alianzas con países de otras regiones, el diálogo político con socios comerciales o la capacidad de influir en el sistema multilateral.

Al filtrar el relato sobre los motivos y objetivos de la ayuda, se han filtrado también los grupos sociales que se sienten interpelados o representados en ella. La de cooperación al desarrollo es, quizás junto con la de defensa, de las pocas políticas públicas que tiene el reto de justificar a parte de la sociedad su existencia misma. Quizás convendría revisar su relato.

*Iliana Olivié, profesora titular en la Universidad Complutense de Madrid, investigadora principal en el Real Instituto Elcano, vicepresidenta en EADI y directora del European Think Tanks Group (ETTG).