Censura, delitos de odio, escraches: cuando tu monstruo se vuelve contra ti

En 2012, un conglomerado de asociaciones ciudadanas unidas bajo el paraguas del 15-M y las plataformas de afectados por la hipoteca lanzaron una protesta inusual: se llamó 'Okupa el Congreso' y después 'Rodea el Congreso'. Fue recibida por el PP, entonces en el Gobierno, como un intento de “golpe de Estado”. Los manifestantes gritaron a los diputados en lo que no era más que un enérgico pataleo del ahorcado.

La Policía reprimió una protesta donde se mezclaba la desesperación por la austeridad y la condena en bloque al llamado “régimen del 78”. Eran los años más negros de la crisis, con miles de familias desahuciadas, paro galopante y medidas de 'shock' económicas durísimas para los ciudadanos. Podemos terminaría siendo la condensación política de aquella voz indignada. Dos años después dio la sorpresa en el Parlamento Europeo.

En aquella época se popularizó el escrache como protesta. Importados de Argentina, donde se utilizaron para presionar a una casta de asesinos de Estado impunes tras el indulto que les concedió Carlos Menem, se empleó aquí para presionar a políticos y directivos de banca por la atrocidad de los desahucios. Tenía un objetivo definido: dado que el Estado no estaba salvando a los más vulnerables de un golpe letal, los ciudadanos apretaban.

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Pero los movimientos sociales no tienen un comité central que marque límites y estrategias. En ese magma convive una iniciativa útil con la exageración y la intransigencia. No es lo mismo abrir un piso vacío propiedad de un fondo buitre para dárselo a una familia desahuciada, que echarle morro a la vida y okupar el piso de un propietario civil. Tampoco es igual protestar ante la sede de un banco o de un partido político que gritar donde viven sus hijos o boicotear una charla de alguien tan ajena a los desahucios como Rosa Díez en una universidad.

Pero todo se mezcló, y la izquierda fue incapaz de establecer límites. Así, el escrache se desnaturalizó rápido en forma de hostigamiento que se justificaba si sus promotores llevaban una rasta y la camiseta adecuada. Se atacaba a los políticos que no gustaban a un grupo, y el ataque no se hacía frente a su lugar de trabajo, sino en su vivienda, es decir, delante de sus hijos. Critiqué entonces el escrache por este motivo. No me parecía ético hacer pagar a los hijos de nadie por los actos reprochables de los padres. Más todavía cuando ni siquiera estábamos hablando de genocidio impune, como en Argentina, y hasta se había dejado de hablar de desahucios. En Cataluña, bastaba con ser considerado "facha".

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Ahora es la derecha la que está en la oposición, la izquierda la que gobierna, y el nacionalpopulismo ha imitado al movimiento de los indignados y promueve escraches crónicos contra Pablo Iglesias e Irene Montero. La casa de Galapagar, donde viven los hijos pequeños de la pareja, ha sido sometida durante meses a una protesta que se deslegitima a sí misma convertida en acoso. Ahora es la izquierda la que habla de “golpe de Estado”, y la derecha la que dice con sorna que "jarabe democrático".

Hay quien piensa, cuando echan a Monedero de un bar o aporrean el coche de Yolanda Díaz, que les está bien empleado porque ellos promovieron esa mierda. Aunque percibo el olor de la justicia poética, no estoy de acuerdo: lo que es criticable y condenable cuando lo hacen unos sigue siéndolo cuando lo hacen los otros. Por ponerlo fácil: que alguien quiera la pena de muerte para un criminal no justifica que se le ejecute cuando cometa un crimen.

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Es importante insistir siempre en que el fin no justifica los medios. Con medios aberrantes no se logran fines justos. La historia de las revoluciones, que con tanta frecuencia terminan borrachas de su propia sangre derramada y convertidas en tiranías atroces, es la prueba más fehaciente. La violencia, la intransigencia y el hostigamiento son un monstruo que siempre se vuelve contra su creador. Recordad cómo terminó Beria.

Feministas linchadas

Lo que digo, lo están comprobando estos días las feministas radicales. Ahora hay dos etiquetas infamantes que les hacen la vida imposible y se les adjudican de forma arbitraria. Las emplean los activistas trans para desacreditar todo lo que diga una feminista contraria a la libre elección del género. Las etiquetas son “transfobia” y “TERF”, y sus receptoras están asombradas con la facilidad con que este infundio las desacredita ante la opinión pública. Con la acusación de TERF se ha expulsado a mujeres de medios de comunicación, se ha perseguido a profesoras, se ha marginado a activistas legendarias y se ataca la reputación de toda clase de mujeres que preferirían, como es normal, discutir fríamente en libertad aquello que no comparten.

Los ataques a las feministas radicales vuelven a oler a justicia poética y siguen siendo éticamente inaceptables, como pasa con los escraches. A justicia poética porque durante los últimos años muchas de ellas han empleado la etiqueta “machista” contra cualquier hombre sospechoso de no asentir a todas sus invectivas, llegando a llamar "monstruos" y "cómplices de la violación" a personas honestas por el pecado de discutir; e injusto porque, de la misma forma que muchos de aquellos "monstruos" no existían, no existen ahora muchas de esas "monstruas". Son víctimas de una campaña de difamación.

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Cuando publiqué mi libro sobre los linchamientos, muchas feministas se burlaron de mí porque se sintieron atacadas. Varios de los linchamientos que reflejé en el libro los habían promovido grupos feministas. No se molestaron en leerlo, pero dijeron que yo estaba confundiendo “crítica” y “linchamiento”, que no era para tanto y que “los machistas” merecían que “la gente” les cantase las cuarenta públicamente. Pero la realidad, que es tozuda, les está enseñando ahora que una masa que vocifera contra ti y termina llevando sus infundios a los medios de comunicación puede ser letal para tu reputación.

En las últimas semanas, varias mujeres han perdido su trabajo tras las campañas de hostigamiento de sus inesperados enemigos. En la ridícula liga de las opresiones que ellas mismas han contribuido a crear (calla, pavo), donde solo puedes participar en un debate público si tus características identitarias son aceptables para la policía de aduanas del pensamiento, ahora que los trans están en ascenso las mujeres blancas y heterosexuales tienen todas las de perder.

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¿No era previsible? Lo era. Si uno analiza fríamente los métodos que emplea un grupo, si uno es capaz de desligar los medios de los fines, sabe cuándo algo está mal por más que el objetivo final pueda ser bueno. Con los linchamientos digitales y las etiquetas infamantes les ha pasado a las feministas radicales lo mismo que a Podemos con los escraches. De nuevo, es una revolución que devora a sus propios hijos. Cambian los grupos de poder, los métodos se mantienen.

Próxima estación, discurso de odio

Aquí van algunos titulares del último mes, y que cada cual saque sus propias conclusiones: "TERF’ no es solo un insulto, es un discurso de odio" (Tribuna feminista), “El fiscal del Supremo cree que Ortega Smith pudo cometer un delito de odio al acusar a las Trece Rosas de torturar y violar” (El País), “Vox denuncia un delito de odio sufrido en Olite” (Diario de Navarra), “La FELGTB lamenta las pocas denuncias por delito de odio de personas trans” (eldiario), “Arrestan a cinco miembros de una banda antisistema en Murcia por delitos de odio” (La Verdad), “Un detenido en Gandía por presunto delito de odio e injurias contra la Corona” (ComarcalCV).

Esta breve colección de titulares da un mensaje claro. Nuestra sociedad se llena de vetos categóricos cuando se tilda de discurso de odio aquello que resulte odioso para un grupo. La intransigencia del ambiente penetra en el Código Penal. El delito de odio se pensó para proteger a grupos discriminados de los ataques que sufren por su condición, pero la expresión legal es tan ambigua que puede emplearse contra cualquiera. Nos encontramos con una manifestación legalista de la poscensura: un movimiento en el que los grupos identitarios promueven el castigo infamante contra sus enemigos y terminan estrechando los límites de lo aceptable.

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Que peguen a una pareja gay o a un temporero, que los atosiguen con insultos racistas y homófobos, que los discriminen, puede entenderse como delito de odio. Pero el Código Penal es tan ambiguo que cualquier cosa que moleste a un grupo puede justificar la investigación. El resultado es que hay ideas que pasan a ser delito no porque agredan, sino porque ofenden. ¿Será pronto un delito de odio tipificado sostener una opinión considerada "TERF"? Muy posiblemente.

Si justificamos el atropello de los derechos fundamentales de alguien porque compartimos los fines, estamos a expensas de los caprichos de la tribu de moda. Si no regresamos al concepto civilizador de ciudadanía, a la igualdad formal y el respeto de la libertad de expresión, perderemos algo importantísimo por no haberlo sabido valorar.