energía y cambio climático

La obsesión europea por el gas: del cambio climático al dinero público

Los autores analizan la entrada en escena del Gas Natural Licuado y su consecuencia en materia climática, económica y de derechos humanos

A partir del conflicto del gas entre Rusia y Ucrania en 2006 y 2009, en la Unión Europea (UE) arraigó una obsesión por la diversificación de los proveedores de gas para garantizar la seguridad del suministro, algo que tomó cuerpo definitivo en la Unión de la Energía. Esta estrategia, publicada en 2015, coloca al gas en el centro de la apuesta energética europea. El llamado “paquete de invierno”, presentado en febrero de ese año, contiene documentos estratégicos que aterrizan esa estrategia, y suponen una especie de bendición papal para la construcción de más infraestructuras de gas, en forma de gaseoductos o de terminales de importación de Gas Natural Licuado (GNL). Y además de en nombre de la seguridad, este impulso se produce alimentado por un doble mantra discursivo, repetido como una letanía por el Comisario de Energía Miguel Arias Cañete: el gas es una apuesta pasajera y además es limpio.

Pero ni el gas es limpio ni Europa necesita más infraestructuras en un escenario de demanda menguante. Los proyectos que se multiplican por la geografía europea tienen más de negocio que de interés público y necesidad real, y sirven para alimentar una nueva burbuja que nos dejará una hipoteca inútil en unos años. Y en pos de este fin la UE está dispuesta a aliarse con el diablo: la diversificación del suministro se dirige a países con un triste récord en el respeto a los derechos humanos.

Un puente hacia el desastre

La idea del gas como puente de transición entre el pasado negro del carbón, y el futuro limpio de las renovables, tiene un innegable poder narrativo, pero no se sustenta en hechos, ni mucho menos en una hoja de ruta trazada. El desarrollo del gas, particularmente a partir del 'boom' del fracking estadounidense, ha desplazado ciertamente en parte al carbón, pero también ha obstaculizado el desarrollo de las renovables y, según varios estudios, lo seguirá haciendo en el futuro si no se toman medidas.

Por otro lado, la consideración del gas como combustible limpio se basa en el hecho de que, durante la combustión, sus emisiones de CO2 son menores. Hasta un 50% menores que las del carbón y en torno a un 30% menores que las del petróleo. Sin embargo el gas natural está compuesto principalmente por metano. Y si el metano se escapa a la atmósfera antes de ser quemado en la central térmica, tenemos un problema muy serio. El metano es un gas con un potencial de calentamiento muy superior al del CO2. Para un periodo integrado de 20 años el metano es 86 veces más potente que el CO2. Ahí es nada.

Se considera al gas "limpio" porque durante la combustión sus emisiones son menores que las del petróleo o el carbón

Debido a su corta vida media en la atmósfera, el metano va desapareciendo pronto de la misma, mientras que el CO2 permanece en ella cientos de años. La ciencia nos dice que si la Tierra sigue calentándose al ritmo que lo ha venido haciendo en los últimos años, en el próximo lustro alcanzaremos 1,5ºC por encima de la era pre-industrial. Así que teniendo en cuenta la situación de emergencia climática y el escaso tiempo de reacción que tenemos para revertirla, lo que ocurra en la atmósfera en los próximos veinte no parece baladí.

El gas natural se encuentra en condiciones de presión tanto en el subsuelo como en las infraestructuras que lo contienen, por lo que tiende a escapar en todas las etapas de la cadena de suministro; recientes investigaciones han hallado fugas significativas incluso en etapas de la preproducción que se asumían bajas en emisiones, incluyendo la propia perforación del pozo.

En la comunidad científica se viene aceptando que las ventajas climáticas del gas sobre otros combustibles fósiles son inmediatas siempre y cuando se logre mantener las fugas de metano controladas y por debajo de no más de un 3% teniendo en cuenta todo el ciclo de vida, desde el pozo hasta la central. Sin embargo en los últimos cinco años se viene acumulando evidencia científica que nos habla de fugas muy superiores, y que dan al traste con los valores de fuga asumidos hasta ahora por organismos oficiales como la Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA). Se esfuma, pues, la ventaja climática. La cuestión es particularmente grave en el caso de las explotaciones de gas no convencional, donde se han encontrado fugas incluso por encima del 15%. Trabajos como los del profesor Howarth de la Universidad de Cornell nos muestran claramente como, una vez integradas las emisiones de metano a las de CO2, nos encontramos con una huella climática para el gas de esquisto que puede llegar a ser 3 veces la del carbón.

La huella de efecto invernadero del gas de esquisto, el gas convencional, el petróleo, y el carbón, expresados en g de CO2 equivalentes. El amarillo indica emisiones directas e indirectas de CO2 y el rojo indica emisiones de metano expresadas en CO2 equivalente (Howarth et al, 2015)
La huella de efecto invernadero del gas de esquisto, el gas convencional, el petróleo, y el carbón, expresados en g de CO2 equivalentes. El amarillo indica emisiones directas e indirectas de CO2 y el rojo indica emisiones de metano expresadas en CO2 equivalente (Howarth et al, 2015)

Además es importante resaltar que cuando hablamos de GNL, las emisiones son hasta un 22% mayores, ya que en ese caso es necesario integrar también las emisiones procedentes de los procesos de licuefacción, transporte y regasificación.

La conclusión contundente es que el gas natural no supone a día de hoy ninguna ventaja climática, en particular si el gas se ha extraído mediante la técnica del 'fracking', y muy especialmente si el gas es importado en forma de GNL. Esto es de especial relevancia si tenemos en cuenta que Trump ha decidido apostar sin condiciones por la exportación de GNL para dar salida a su excedente de gas de esquisto, como lo demuestran las cuatro nuevas plantas de exportación autorizadas en pocos meses, todas en el golfo de México, que se suman a la ya operativa de Sabine Pass, en Texas. Empresas como Gas Natural Fenosa o Iberdrola llevan algunos años firmando contratos con la estadounidense Cheniere para hacerse con una parte del pastel.

Aunque el destino del GNL es principalmente el mercado asiático, España ya ha recibido buques cargados con el "gas del fracking"

Aunque el destino del GNL de EEUU está siendo en principio el mercado asiático, España y otros lugares de Europa ya han recibido algunos cargamentos de gas de 'fracking' por esta vía, y este mercado bien podría incrementarse en el futuro. Como muestra de la huella climática, un botón: Un solo tránsito de gas no convencional que sale de Sabine Pass y llega, por ejemplo, a Barcelona, acumula al descargar en el puerto las emisiones de CO2 equivalente de entre 40.000 y 80.000 europeos en un año.

Políticas climáticas encaminadas a reducir las emisiones de metano tendrían un efecto bastante inmediato sobre la temperatura del planeta. Una primera medida imperativa sería por tanto dejar de apoyarse en el gas natural como solución y no construir ni una sola infraestructura más. Solo así podrá la UE cumplir con sus objetivos climáticos y con el Acuerdo de París.

La fiesta del gas la pagamos todos

Pese a que el consumo de gas en la UE-28 aumentó de manera sostenida (+3% anual) en el periodo 1990-2005, tras unos años sin crecimiento, ha padecido un descenso significativo (un 23% entre 2010 y 2014) situándose a niveles del año 1995. A pesar de esta caída de la demanda y de que existen evidencias de que a día de hoy el sistema, en buena medida infrautilizado, es razonablemente resiliente, y capaz de hacer frente a situaciones de emergencia, el dinero público continúa fluyendo hacia este tipo de infraestructuras, que a menudo implican enormes costes ambientales y sociales sobre el territorio.

Muchos de estos proyectos se benefician de un estatus especial, el de Proyectos de Interés Común (PIC), que les permite acceder tanto a trámites agilizados de autorización y de Evaluación de Impacto Ambiental, como a financiación comunitaria. Pensados principalmente en un inicio para la interconexión eléctrica y la financiación de redes inteligentes, más de la mitad de los proyectos bajo esta categoría son, a día de hoy, sin embargo, proyectos gasísticos. Dos de cada tres euros del fondo que financia los PIC, el Connecting European Facility (CEF), que cuenta con un presupuesto total de 5.800 millones, han servido hasta ahora para financiar proyectos de gas.

Mecanismos financieros como los usados en el proyecto Castor minimizan el riesgo empresarial de la inversión en gas

Aparte de la financiación proveniente de fondos públicos específicos como el CEF o el Plan Juncker, en la Europa de la austeridad y en plena oleada de recortes de los sistemas sanitarios y educativos, de merma de los sistemas de protección pública y de un debilitamiento sistemático de las condiciones de las personas trabajadoras, los bancos públicos europeos como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) o el Banco para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) se dedican a destinar inversiones millonarias y a avalar el desarrollo gasístico ofreciendo todo tipo de garantías. La utilización de mecanismos financieros como los Projects Bonds Initiative 2020 (popularizado por el sonado caso del fallido almacén de gas Castor), que minimizan el riesgo empresarial de la inversión y socializan las pérdidas, está a la orden del día.

El hecho de que las infraestructuras intenten atraer la inversión de los mercados de capitales hace que ésta se dirija solamente hacia los megaproyectos por grandes corporaciones. Se desdibuja así el objetivo del interés público de las inversiones que es desplazado por criterios de rentabilidad. Así las cosas, los proyectos de gas bien podrían representar la nueva burbuja económica. Habida cuenta la huella climática discutida anteriormente, todas estas infraestructuras, que tienen la expectativa de utilizarse durante varias décadas, deberían convertirse en activos financieros en desuso en un escenario de regulación climática. Más allá de la financiarización de las infraestructuras también existe una evolución de las relaciones de compra-venta de gas que beneficía a la esfera financiera. Los contratos bilaterales de suministro a largo plazo con el precio indexado al petróleo y las cláusulas take or pay y de destino, que obligan al comprador a pagar parte del gas aunque no lo importe, dan paso a unos contratos más flexibles con cláusulas de destino abierto y el precio fijado a través la oferta y la demanda en un mercado spot, permitiendo crear un mercado secundario donde el gas se tornaría un activo financiero.

Pacto con el diablo

La UE se ha embarcado en proyectos multimillonarios como el Corredor de Gas del Sur (CGS), una tubería de 3500 km que, con un coste estimado de 45.000 millones de dólares, pretende traer gas desde Azerbaiyán hasta Italia a través de Turquía. O el GALSI, un nuevo gasoducto que cruza el mediterráneo desde Argelia. La forma en que Europa pretende asegurar el suministro y diversificar las fuentes consiste por tanto, en sustituir gas ruso por gas azerí y argelino. Es decir, seguiremos igual de “dependientes” del gas. Y para ello no nos andaremos con escrúpulos a la hora de elegir socios comerciales. El régimen de Azerbaiyán viola sistemáticamente los derechos humanos, donde los disidentes son encarcelados y torturados. El comportamiento de Turquía en este capítulo no es mucho mejor. Argelia, que se colocó en la primera plana de las noticias a comienzos de 2015 por las revueltas antifracking en el Sahara, tampoco es un régimen modélico en términos de corrupción y represión.

Otros suministradores de gas de la UE son Qatar, Nigeria, Arabia Saudí, Egipto, Libia o Kazajistán. Por tanto la UE asume ser cómplice de regímenes corruptos y poco o nada democráticos con tal de asegurarse más gas que no necesita. No parece que responda al sentido común. Además, el desarrollo de estos proyectos se cobra también su cuota de represión en territorio europeo, como lo demuestran las recientes cargas policiales en la región italiana de Puglia ante las protestas por las obras del CGS.

¿Y el Estado español?

En el caso del Estado español la sobrecapacidad del sistema gasístico es clamorosa. Nuestro país dispone de más del 35% del potencial de regasificación de la UE. Sin embargo las regasificadoras nunca han funcionado a más del 40% de su capacidad. Asímismo la orgía de construcción de centrales térmicas de ciclo combinado (CTCC) en años pasado ha motivado que estas instalaciones funcionen hoy tan solo a un 13% de su capacidad, aunque a pesar de ello cobren unos 700 millones de euros al año en concepto de pagos por capacidad. Esta infrautilización, lejos de permitir a nuestros gobernantes concluir que no son necesarias nuevas infraestructuras, les animan a defender nuevos proyectos como el almacén de gas en Doñana o el gasoducto MidCat que nos conectará con Francia, por no hablar del aliento doméstico al hoy desinflado sueño del fracking, ignorando la fuerte contestación social. Parece así que el propósito de estas nuevas infraestructuras no responde a una necesidad de garantizar el suministro sino más bien a la necesidad de darle alguna salida precisamente a tanta sobrecapacidad: ya que la tenemos, habrá que darle algún uso, parecen haber pensado.

El sueño del ex-ministro Soria de convertir a España en un hub europeo del gas sigue vivo. Lo del clima es pecata minuta cuando se trata de negocios. Total, si ya nos ofrecimos abiertamente en su día a ser la puerta de entrada en Europa de las arenas asfálticas de Canadá –otro combustible de nefasta huella climática -, ¿por qué no el gas, si en España no tenemos ni sol ni viento?

* Samuel Martín-Sosa es doctor en Biología por la Universidad de Salamanca y miembro de Ecologistas en Acción.

* Alfons Pérez es ingeniero técnico en electricidad e investiga en el Observatorio de la Deuda en la Globalización.

Tribuna

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