La ciencia y las dos Españas: el Gobierno comete una ilegalidad en los PGE 2018

El pasado viernes 18 de mayo al mediodía, un nutrido grupo de compañeros, científicos de distintos centros públicos de investigación, colgaron sus batas y se acercaron

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Marina Albentosa, Juan I. Fernández-Golfín, Víctor V. García

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21.05.2018 – 05:00 H.

El pasado jueves 17 de mayo al mediodía, un nutrido grupo de compañeros, científicos de distintos centros públicos de investigación, colgaron sus batas y se acercaron al Congreso de los Diputados a reclamar, en persona, el apoyo a una enmienda parcial a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 que había presentado el grupo socialista para que se corrigiese la redacción de la Disposición Adicional 37.

Dicha disposición adicional —que obliga a la equiparación entre científicos de primera y de segunda desde el 1 de enero de este año, en lugar de hacerlo desde 2014, que es cuando se aprobó la Ley de la Ciencia— expolia retroactivamente a los científicos cuatro años de incentivos por méritos y contradice manifiestamente lo dispuesto en una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de hace apenas un mes, que condenó al gobierno presidido por Mariano Rajoy por infringir, de forma contumaz e injustificada, La Ley de la Ciencia durante años.

Durante las últimas tres semanas nos hemos ocupado de que la sentencia y nuestra valoración de la misma llegase a los Ministerios de Hacienda, Economía, Educación, medios de comunicación, grupos parlamentarios y, en los últimos días, también a todos y cada uno de los miembros de la Comisión de Economía Industria y Competitividad del Congreso que debía debatir y, en su caso, aprobar la enmienda en cuestión.

A ninguno de ellos le puede quedar ya ninguna duda razonable que el que está fuera de la Ley es el Gobierno del Partido Popular, que la razón la tenemos nosotros y que la disposición adicional 37, que el Ejecutivo ha incluido en el presupuesto es simplemente, ilegal.

Por desgracia, cuando los compañeros llegaron a las puertas del Congreso ya sabían que sus planes habían sido parcialmente frustrados porque sus señorías se habían adelantado y votado el jueves de madrugada, en lugar de al mediodía como se esperaba. Como cabía temer la enmienda que buscaba restaurar la Ley y que se tomara en consideración el fallo del Tribunal Supremo, antes de aprobar una disposición que no era legal, había sido rechazada por los diputados que estaban allí elegidos para velar por la Ley y controlar al Gobierno.

La disposición adicional 37, que el Ejecutivo ha incluido en los presupuestos de 2018 es simplemente, ilegal

De este modo, los científicos que pensaban ir al Congreso a defender la Ley y sus derechos terminaron pidiendo explicaciones a los que los habían ignorado, por no decir pisoteados. No sabemos qué era más sorprendente si el que todos los parlamentarios tuvieran claro que teníamos razón —la disposición adicional 37 era ilegal— o que todos tuvieran claro que al enemigo ni agua. Quedó perfilada entonces, por enésima vez, la imagen de las dos Españas. Esas que helaban el corazón a Machado y que ahora continúan tocándonos las narices y exasperándonos a nosotros un siglo después.

Del lado derecho, los del pacto pro-presupuestos: PP, Ciudadanos, PNV y algún otro; del izquierdo el bloque anti-presupuestos (PSOE, Podemos —y confluencias— y ERC) y, deambulando por entre las trincheras, los científicos armados con la Ley y una sentencia favorable del Tribunal Supremo (¡menudos pardillos, no tienen ni idea de qué va esto!). De un lado, el izquierdo, atisbaron que eran gentes de bien y les abrieron un pasillo hasta la retaguardia. Los otros, avanzando de tres en fondo hacia la victoria que les daba la aritmética, pero no la razón, tiraban y tiraban, a boleo, sin parar, como se les había mandado. Ya habría tiempo, más tarde, de disculparse —incluso rezar— con las familias de los inocentes caídos. Al fin y al cabo, a las trincheras se va a liquidar, a prevalecer; no a razonar, ni a hacer justicia, ni a defender la Ley.

Esa es, en resumidas cuentas, la historia de la votación de la enmienda a la disposición adicional 37 de los presupuestos de 2018; de los que fueron a apoyar lo que ya no podía ser apoyado y de los que no pudimos ir y estamos aquí contándolo.

Vaya por delante nuestro agradecimiento a los del lado izquierdo, que votaron lo que creemos que era justo y legal y apoyaron a los que allí fueron con su cercanía. Excusamos a los del lado derecho, no sólo porque votaron lo que les obligaban los pactos, sino también porque terminaron arrancándonos una sonrisa al repasar las crónicas de una sesión maratoniana con innumerables rechazos, salpicados de sonados acuerdos favorables.

En nuestro gremio siempre hemos dicho que dedicar la vida a esto de la ciencia es como jugársela a la Lotería

Cayeron bajo el fuego, no solo la enmienda de la disposición adicional 37, también otras destinadas a mejorar la gestión de los Organismos Públicos de Investigación y las condiciones de los científicos jóvenes, entre otras muchas. Tanta pérdida no fue, sin embargo, en vano porque sus señorías, desde la mayoría pro-gobierno, fueron capaces de atisbar varias medidas de gran calado y futuro. Entre ellas no podemos dejar de citar la orientada a aligerar las abusivas cargas que impuso el voraz Montoro a los premios de la lotería. En 2018 se eleva un 400% el mínimo exento y subirá otro 400% entre 2018 y 2020. Sin duda, Ciudadanos acertó al proponer una medida de verdadero alcance. Y PP, PNV y otros también se apuntaron un tanto al sancionarla con su voto.

En nuestro gremio siempre hemos dicho que dedicar la vida a esto de la ciencia es como jugársela a la Lotería. Si logras vivir de ello, te ha tocado el gordo; pero si fracasas, la pérdida de tiempo y esfuerzo es inconmensurable.

Ciertamente, esta vez la votación en el Congreso no iba de esta Lotería que es la ciencia —que casi nadie entiende, ni comprende— sino de esa otra que a todos a alboroza y que indefectiblemente siempre vuelve a casa por Navidad: la Lotería Nacional.

Marina Albentosa, Juan I. Fernández Golfín y Víctor V. García son científicos en plantilla de tres de los Organismos Públicos de Investigación Españoles.