Señores políticos: de aquellos polvos, estos lodos

Señores políticos, hoy el gremio del taxi ha rodeado nuestra sede, la Casa del Pueblo de UGT. Lo han hecho porque este Sindicato está explorando distintas vías para que los 15.000 trabajadores y trabajadoras de VTC –en su mayor parte conductores– puedan mantener sus puestos de trabajo sin que, por ello, los taxistas se sientan agraviados.

La Unión General de Trabajadores está haciendo lo que siempre ha hecho en estos 130 años de historia: velar por el interés de los trabajadores, no de las multinacionales (como se empeña en gritar el gremio del taxi). Y para hacer nuestro trabajo, hemos tenido que asumir las consecuencias desagradables del mismo, como que los autónomos del taxi nos llamen de todo porque no miramos para otro lado ante el riesgo real de que miles de hombres y mujeres sean expulsados del mercado de trabajo porque los políticos de las distintas administraciones –el ministro de Fomento, el primero– no saben, o no quieren, regular este sector. Nosotros asumimos riesgos, ustedes no.

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Sara de Diego

Es lamentable que una Administración central –pilar fundamental de lo que entendemos por Estado– haya generado, con su tibia voluntad de fijar un marco regulatorio para que la actividad de los VTC (vehículos de transporte con conductor) y del taxi pueda conciliarse sin pérdida de empleo y atendiendo a las demandas de la ciudadanía, un conflicto como el que, en estos días, se está viviendo en ciudades como Madrid y Barcelona.

La Unión General de Trabajadores ya advirtió, en su momento, de la chapuza legislativa que había promovido el Ejecutivo español –en la que no se contó con la participación de los principales agentes del sector– a través de un Real Decreto que no solucionaba el problema de la difícil convivencia entre servicio VTC y taxi, sino que transfería el mismo a las Comunidades Autónomas para que, cada una de ellas, legislasen y regulasen el sector, pudiendo generar, una vez más –como sucede en otros ámbitos–, paradojas y asimetrías según el marco normativo definido en cada territorio.

El tiempo, lamentablemente, nos ha dado la razón: administraciones autonómicas y locales se están viendo, presionadas por las circunstancias, en la necesidad (y obligación) de legislar “en caliente” y con prisas, adoptando medidas que, en muchos casos, no están sometidas a análisis previos y a un estudio pormenorizado que alumbre soluciones equilibradas y de consenso (además de que podrían acarrear consecuencias económicas para las arcas públicas en forma de sanciones). Y en estas, el ministro de Fomento se lava las manos y llega a manifestar, públicamente, que “no se trata de pasar un problema, se trata de asumirlo, porque se quiera ver o no, el problema lo tienen en cada uno de sus territorios” y que las competencias en transporte urbano “son de las comunidades y ayuntamientos”. Señor ministro, esto es como si un médico que viaja en avión y se encuentra con un pasajero que sufre un ataque cardiaco, se desentiende del asunto porque su especialidad es la urología. Oiga, usted es médico, ejerza como tal.

Para UGT, la Administración central debe ser la primera línea de actuación en beneficio del bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas, debe asumir su responsabilidad y tomar decisiones. El ministro de Fomento, poniéndose de perfil ante una situación que embrionaba un conflicto, ha demostrado su incapacidad para cumplir con esa premisa: el buen gobernante debe serlo, no sólo parecerlo. Hacer política requiere remangarse y bajar a la arena, asumir el desgaste que ello implica pero, también, la posibilidad de tener éxito (o de fracasar); en definitiva, de asumir riesgos: es lo que se espera de aquéllos que nos gobiernan.

Ahora, para colmo, tenemos que ver a los gobernantes de administraciones autonómicas y locales enzarzarse en discusiones sobre competencias para ver quién toma las decisiones, una vez más, en esta materia compleja y en la que todos asumen riesgos políticos. Y es que, quizás, ahí radique el problema: en que nuestros políticos todo lo miden desde el prisma electoral y nadie quiere perder votos, asumir riesgos. Y los damnificados, los de siempre: trabajadores y trabajadoras; ciudadanía, en general.

Miguel Ángel Cilleros es secretario general de la federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT