FB ya tiene un Tribunal Supremo: qué podrá hacer (y qué no) su nuevo 'comité de sabios'

La semana pasada Facebook hizo uno de los anuncios más esperados e importantes de toda su existencia. Después de largos meses de proyectos, preparaciones y comunicados muy medidos, la plataforma californiana finalmente hacía pública la identidad de las veinte personalidades que conformarán, en una primera etapa, el 'Oversight Board'. Una instancia independiente que permitirá a los usuarios obtener una revisión de determinadas decisiones en materia de contenidos adoptadas por la compañía.

Los miembros anunciados presentan perfiles diversos: juristas, periodistas, políticos, activistas de derechos humanos… Aparecen entre ellos editores de la talla de Alan Rusbridger, conocido por su trayectoria en The Guardian, una ex primera ministra de Dinamarca, un premio Nobel de la Paz, profesores de Derecho, antiguos jueces o la ex relatora especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.

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Es pues evidente que Mark Zuckerberg ha dotado a su empresa de un mecanismo que puede mejorar ciertos aspectos de su imagen, particularmente en lo que se refiere a dotar a sus usuarios de un mecanismo independiente de revisión y rectificación de decisiones adoptadas en materia de moderación de contenidos. A pesar de las dudas que pudieran suscitarse (el Board está financiado con una aportación de 130 millones de dólares hecha por la propia compañía, aunque gestionados a través de un trust que pasa a tener el control total de los fondos), las personalidades escogidas tienen un indudable prestigio e independencia profesionales.

Por consiguiente, lo que de entrada podríamos razonablemente anticipar es un funcionamiento del Board no sujeto directamente a las instrucciones o indicaciones de los órganos de gobierno y gestión de Facebook. A su vez este se movería en una dinámica y unos tiempos distintos de los de la revisión y consideración cotidiana, por parte de algoritmos y moderadores de la propia compañía, de ingentes cantidades de contenidos.

Este experimento de Facebook no tiene solamente importancia por el hecho de crear un mecanismo independiente de control global y no estatal de uno de los mayores árbitros de la libre expresión en el mundo (con cerca de tres mil millones de usuarios), sino también porque su éxito o fracaso puede marcar el comportamiento de otras plataformas similares o de dimensión más reducida. O incluso crear un modelo de co-regulación susceptible de ser impuesto a través de normas estatales.

Sin embargo, la correcta comprensión de lo que es y significa el nuevo Oversight Board de Facebook requiere hacer una serie de clarificaciones, las cuales a su vez evidencian cuáles pueden ser sus flancos más débiles y controvertidos.

Los detalles del 'tribunal'

El Board no tiene la capacidad ni los recursos para revisar todas y cada una de las futuras decisiones de Facebook en materia de contenidos. Ni siquiera de analizar todas las que son objeto de algún tipo de cuestionamiento o apelación. Esta instancia deberá establecer criterios de selección de aquellos casos (por su importancia, por el tipo de debate planteado, etc.) que serán merecedores de su atención. Además, las otras e importantes áreas de actividad de Facebook, tales como sus decisiones en materia de modelo de negocio, políticas comerciales y de anunciantes, tratamiento y cesión de datos personales o la determinación, en términos generales, de sus normas internas en materia de contenidos (Community Standards) caen también fuera del alcance del Board.

A pesar de que Mark Zuckeberg se había referido en alguna ocasión al Board como el Tribunal Supremo de Facebook, lo cierto es que la instancia en cuestión se encuentra algo lejos de poder ser comparada con un órgano jurisdiccional. Y ello no solamente por su obvio carácter privado o por el hecho de que parte de sus miembros no tienen siquiera formación jurídica, sino principalmente porque las decisiones del Board no se someten a los criterios básicos del principio de legalidad y el Estado de Derecho.

Las normas que el Board aplicará no serán las leyes del país de que se trate o siquiera el derecho internacional (sin perjuicio de algunas referencias muy genéricas a la necesidad de inspirarse en los derechos humanos), sino los estándares en materia de contenidos definidos por la propia compañía, en los términos apuntados anteriormente. Asimismo, quienes sean parte en un proceso no pueden esperar una aplicación de los procedimientos y garantías propios de un proceso judicial (especialmente en materia de derechos fundamentales), sino de una serie de normas procedimentales propias que el Board deberá adoptar para poder funcionar.

No corresponderá a este órgano pronunciarse o suministrar a Facebook indicación alguna acerca de la legalidad o ilegalidad de contenidos

Un elemento muy importante es la radical separación entre las disputas “internas” que le corresponderá dirimir al Board y los conflictos de carácter estrictamente jurídico a los que Facebook se pueda enfrentar en adelante. Dicho de otro modo, el Oversight Board no será consultado ni podrá pronunciarse con relación a requerimientos de remoción (u otro tipo de medidas) provenientes de autoridades del Estado (jueces, autoridades de regulación, etc.). Es decir, no corresponderá en ningún caso a este órgano pronunciarse o suministrar a Facebook indicación alguna acerca de la legalidad o ilegalidad (en la jurisdicción de que se trate) de contenidos. Serán directamente los departamentos internos de la compañía quienes tomarán las decisiones en esta delicada materia.

Finalmente, no se puede dejar de subrayar, una vez más, la heterogeneidad de la composición de esta instancia de supervisión. Estamos hablando no solamente de perfiles profesionales, ideológicos y vitales distintos, sino también de personas cuyos orígenes geográficos les sitúan en culturas y sistemas legales y morales considerablemente diversos. Conseguir el consenso en la toma de decisiones en temas presumiblemente sensibles puede llegar a requerir considerables esfuerzos.

Como vemos pues, la puesta en marcha de las actividades del Oversight Board no es el final, sino el inicio de un proceso ambicioso y muy complejo. De un proceso en el que se ponen en juego tanto la reputación y la buena imagen de Facebook como compañía, como la de cada una de las personalidades que han aceptado un reto de desarrollo y desenlace inciertos. Muchos ojos (los de la competencia, la sociedad civil, los usuarios, las autoridades públicas…) están pendientes de lo que acabe sucediendo. En todo caso, el debate acerca de la introducción de mecanismos sofisticados de auto-regulación de los contenidos en Internet ha dado un paso adelante del que seguramente se podrán extraer muchas lecciones.

*Joan Barata es jurista de la PDLI y especialista sobre libertad de expresión y regulación de medios, plataformas y contenidos en Internet en el Center for Internet and Society y el Cyber Policy Center de la Universidad de Stanford (EEUU)