Expertos, comités, pensiones

“Everybody talks about the weather, but nobody does anything about it”. 

Mark Twain

El pasado día 10 de junio, el comité de expertos para la reforma de las pensiones expuso, con gran expectación mediática, sus conclusiones respecto a la misión que el Gobierno le había encomendado. Tras analizar el documento con pausa, es el momento de resolver algunas dudas y plantear otras.

Expertos: una de las críticas más repetidas, infundadas y soeces que algunos sectores del espectro periodístico, político, y, lo que es peor, económico, han manifestado tiene que ver con la cualificación profesional de los miembros del comité. Se duda de ellos por el hecho de colaborar o trabajar, en el presente o en el pasado, con empresas con intereses en el sector asegurador. A mí me preocuparía exactamente lo contrario, es decir, que a raíz de poco más de un mes en un comité hubiesen adquirido la mágica condición y, a partir de entonces, pasasen a colaborar con ellas. Podemos estar tranquilos de que el viaje sea el contrario. Lo normal, en una sociedad libre y donde las empresas compiten por recursos escasos, es que éstas traten de utilizar a los mejores para sus intereses.

En este caso, resulta que los intereses de las aseguradoras coinciden, por otro lado, con los de la sociedad, como los de prácticamente todas las empresas que triunfan en el mercado. Se trata de 12 expertos reales, no designados como tales por un ser superior, que han demostrado su valía en ocasiones anteriores. Llevar la crítica al ámbito de las personas, y no de las ideas o los planteamientos, nos ofrece la dimensión mezquina de muchos. Sería como si a alguien que, trabajando o habiendo trabajado para un intermediario financiero de deuda pública, fuese atacado por defender más endeudamiento público; ¿sería intelectualmente sostenible la crítica, alegando que lo que ese profesional persigue en el fondo son mayores ventas de su empresa y un mayor bonus a final de año? Es evidente que no, siempre que aceptemos que los demás son al menos tan honestos como nosotros mismos. Ataquen los planteamientos, los errores, las ideas incluso, no a las personas.

Comité: aquí es donde quizá debería empezar la crítica o, al menos, el planteamiento de las dudas. ¿Tiene sentido que un trabajo como el solicitado, definir el factor de sostenibilidad, sea encomendado con un plazo de un mes a un grupo de expertos que no van a cobrar por ello, y sin sentido vinculante?

En cuanto al aspecto temporal, uno de los miembros participantes, el Dr. Santos Ruesga, expresó sus reticencias al respecto desde el inicio. Bien es cierto que no rechazó la designación y participó en las reuniones, llegando a votar en contra del acuerdo. Los demás miembros, hasta donde yo sé, no se vieron apremiados por el escasísimo plazo que ha exigido el Ejecutivo, desde mi punto de vista, a un problema de la dimensión del actual.

¿Tiene sentido que un trabajo como el solicitado, definir el factor de sostenibilidad, sea encomendado con un plazo de un mes a un grupo de expertos que no van a cobrar por ello, y sin sentido vinculante?

Esta cuestión lleva a la segunda de mi pregunta, y tiene que ver con la falta de contraprestación económica por el trabajo realizado, vinculado íntimamente con la tercera. Un informe de estas características requiere tiempo, profesionales bien pagados y obligado cumplimiento. Técnicos tiene la Seguridad Social sobradamente preparados en muchos de sus cuerpos, especialmente el de Actuarios para este caso, que podrían haber estudiado la cuestión, minimizando los costes y sometiendo a este comité sus análisis, que, con un tiempo suficiente de estudio de los mismos (cualquiera que conozca mínimamente la técnica actuarial entiende que no se trata de algo intuitivo ni sencillo), podría haber pulido por un lado y concluido por otro. Obviamente, esto no se arregla en un mes, y la exigencia y el esfuerzo de cualquier profesional debe ser remunerada en consecuencia. Ocurre que tenemos aversión a que quien trabaja para el Estado lo haga por algo más que amor a la patria.

Pensiones: entramos en la piedra de toque. No voy a recordar tanto los problemas del sistema de reparto como las ventajas del sistema de capitalización, pues lo he hecho ya las suficientes, tanto en estas páginas como en otras; aquí, aquí, aquí y aquí. El mandato del comité era claro al respecto: definir el factor de sostenibilidad del sistema de reparto, que los expertos han distinguido en dos factores, el de Equidad Intergeneracional (FEI) y el de Revalorización Anual (FRA). Y a eso han dedicado sus esfuerzos los miembros, de forma que plantearé simplemente una serie de dudas que, aun habiéndolo intentado con denuedo, nadie me ha sabido o querido resolver.

En cuanto al FEI, una de las mayores aportaciones del Comité es la introducción de la esperanza de vida como elemento de graduación de la pensión. Esta cuestión, técnica y socialmente intachable, suscita sin embargo una serie de dudas que no se han resuelto.

¿Cómo va a distinguirse entre hombres y mujeres? Dado que las mujeres viven, de media, unos cuatro años más que los hombres, ¿van a financiar ellas con su menor pensión a los hombres? ¿Va a aceptar este hecho objetivo, real, demográfico, una Unión Europea que ha prohibido diferencias por causas tan objetivas como estas en los seguros de salud o de automóviles?

¿Cómo va a considerarse el efecto del entorno en el que ha vivido el cotizante? Estudios británicos como este muestran que quienes viven en el medio rural tienen una mayor esperanza de vida; otros norteamericanos como el citado por el Wall Street Journal plantean lo contrario. ¿Qué ocurre en nuestro país? ¿Una parte de la población, por el hecho de vivir en un entorno que prolongaría su vida esperada, verá reducida su pensión?

¿Y la educación o la profesión? Muchos estudios inciden en que viven más quienes mayor formación tienen, y que la actividad de oficina puede estirar hasta en 8 años la vida frente a quienes han trabajado en la construcción, como se ve aquí.

No tener en cuenta estos elementos esenciales hace que el factor, más que de equidad intergeneracional, prolongue unas diferencias que deberían haberse corregido.

En cuanto al Factor de Revalorización Anual, uno de los miembros del comité, el Dr. Domenech, vinculaba el día 10 a través de su cuenta en Twitter este documento. Se trata sólo de un ejemplo, como el propio profesor señala, en el que el trabajador obtiene una revalorización equivalente a la de la inflación sin haberse pretendido, no viéndose por tanto perjudicado. Sin embargo, y esta es la crítica fundamental, quisiera haber visto un ejemplo contrario. De hecho, lo que quisiera haber visto realmente es una simulación completa con distintos escenarios, de forma a generar la distribución de probabilidad de los rangos de revalorización / depreciación esperados en virtud de las hipótesis planteadas. Se han efectuado tests de stress al sistema financiero, ¿por qué no se han hecho al sistema de pensiones, que afecta a todos y cada uno de los españoles? Por otro lado, aceptando incluso que “a largo plazo” el sistema sea viable, ¿cómo afectaría al mismo una crisis prolongada como la actual, con ingresos decrecientes y gastos crecientes? ¿Cuánto tiempo puede resistir el sistema sin quebrar y sin aportaciones extraordinarias del contribuyente?

Estas cuestiones, entre otras, deberían habérsele exigido al comité, y sin embargo no podemos pues sus miembros no han podido dedicarle el tiempo suficiente por falta de voluntad política. Nos enfrentamos a un problema de una dimensión histórica pero perfectamente conocido y que con tiempo, decisión y amplitud de miras se podía haber resuelto para siempre. La mayor parte de la gente protesta por haber cotizado “toda la vida” para acabar cobrando “una miseria”; siendo cierta la crítica, esconde un desconocimiento del sistema de reparto, que precisamente adolece de este defecto, agravado en la situación presente y más aún en la futura. Como el propio documento reconoce, serán los “órganos democráticos” los que decidirán en cada momento cuánto se aporta y cuánto se cobra, dejando en manos del político de turno y del ciclo electoral algo tan serio como la renta de los individuos. Un sistema de capitalización, puro o mixto, resolvería este problema, quitando las manos de los políticos del bolsillo del ciudadano. Pero, desgraciadamente y parafraseando la cita inicial, “todo el mundo habla de las pensiones pero nadie hace nada al respecto”.