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Bolinaga o la sensación de un guión escrito de antemano
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Alberto Pérez Giménez

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Bolinaga o la sensación de un guión escrito de antemano

El patético episodio de la excarcelación del etarra Uribetxeberría Bolinaga -que puede acabar un domingo de agosto, casi con nocturnidad, con la libertad para el carcelero

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El patético episodio de la excarcelación del etarra Uribetxeberría Bolinaga -que puede acabar un domingo de agosto, casi con nocturnidad, con la libertad para el carcelero de Ortega Lara y asesino de tres guardias civiles pese a que la Audiencia niegue que esté terminal- evidencia la poca pericia del Gobierno de Mariano Rajoy que, asistido por la mayoría absoluta en el Parlamento, es incapaz siquiera de gestionar aquellos asuntos en los que sus propios votantes acaban por estar más desconcertados. Con el ‘caso Bolinaga’, el PP acaba de certificar el enfrentamiento abierto y definitivo con la mayoría de las asociaciones de víctimas del terrorismo, las mismas con las que salía a la calle a compartir pancarta hace poco más de un año, y, lo que es aún peor para el partido, poniendo tierra definitiva de por medio con una buena parte de su electorado que ha acabado teniendo la sensación de que el Gobierno se ha conducido a duras penas por una carretera marcada de antemano, atropellando todo cuanto salía a su paso y cuyo destino no podía ser otro que la excarcelación final del etarra.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el mismo que pierde el Ipad y el Iphone en un AVE o en los estudios de la Cadena Ser tras una entrevista, se ha enfrentado en una semana a la AVT –“a ver si el ministro reconoce por fin que ha obrado mal a sabiendas”, decía su presidenta Ángeles Pedraza- y al ‘ala dura’ de su partido. A las críticas de Mayor Oreja, Iturgáiz o Vidal Quadras, ha reaccionado recordando que fue Oreja quien firmó la ley por la que ahora se va a excarcelar a Bolinaga. Cierto, salvo que el actual ministro miente al menos en una cosa: la ley no dice que se ‘deba’ excarcelar al reo en estado terminal, sino que “puede” tomarse esa decisión. Por ello, resulta patético que todo un ministro se envalentone y diga que “prevaricaría” si no concedía el tercer grado a Bolinaga. No, señor ministro, no prevaricaría porque la ley ni mucho menos le obliga, sólo se lo permite “si se dan las circunstancias”. Y éstas, como poco, son más que dudosas por mucho que hasta hace una semana muchos creyéramos lo contrario a tenor de los informes que hasta entonces se conocían.

Ahí es cuando entra en escena una mujer, la forense de la Audiencia Nacional Carmen Baena, para terminar de desbaratar y poner de los nervios a la cúpula de un Ministerio que tenía decidido desde hace tiempo que Bolinaga debía ser liberado. El informe de la forense desvelado el viernes por este diario se enfrenta totalmente al del Hospital Donostia: Bolinaga no está terminal, tiene síntomas leves, aún no ha sido tratado de sus metástasis y puede seguir el tratamiento en la cárcel. Los siete folios de Baena, una profesional con experiencia en el 11-M o en los casos de Anabel Segura y que a diario trata con presos enfermos, echaban por tierra la alfombra roja para la excarcelación del preso.

Con la poca sutileza que caracteriza a la separación de poderes en nuestra España, el mecanismo se puso en marcha rápidamente. El juez de Vigilancia Penitenciaria interrumpió sus vacaciones –con lo que cuesta eso en nuestro poder judicial- para volver rápidamente a su despacho a tiempo de abroncar personalmente a la forense. El volumen de los gritos fue tal que el personal de la Audiencia los oía desde sus mesas de trabajo, y el propio juez intentó luego reconducir la situación para evitar posibles sanciones. ¿Ha intervenido el CGPJ, pese a la gravedad de lo denunciado: las presiones de un juez a un perito de la Audiencia? Por supuesto que no. La propia forense, a quien un alto cargo del Tribunal le animó a denunciar al juez Castro, ha preferido dejar que el Consejo actuara de oficio. Algo que, evidentemente, no sucederá.

Con todos estos mimbres –un ministro que concede por ‘obligación’ el tercer grado, unos informes opuestos, un Gobierno que asegura que deja todo en manos del juez y con éste, abroncando a la forense por hacer un informe díscolo- el esperpento de Bolinaga está tocando a su fin. Será más que probable que, como pasó con Pinochet cuando éste fue devuelto a Chile por su delicada salud y nada más pisar tierra andina se levantó de la silla de ruedas, Bolinaga acabe siendo recibido como un héroe por los bildutarras y demás ‘gudaris’. Pero en la tramoya de toda esta representación quedará flotando la asfixiante sensación de que todo ha sido fruto de una decisión política tomada hace tiempo y que ningún informe, ninguna forense, ninguna presión de las víctimas, iba a echarla atrás. Quizá algún día sepamos por qué.

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El patético episodio de la excarcelación del etarra Uribetxeberría Bolinaga -que puede acabar un domingo de agosto, casi con nocturnidad, con la libertad para el carcelero de Ortega Lara y asesino de tres guardias civiles pese a que la Audiencia niegue que esté terminal- evidencia la poca pericia del Gobierno de Mariano Rajoy que, asistido por la mayoría absoluta en el Parlamento, es incapaz siquiera de gestionar aquellos asuntos en los que sus propios votantes acaban por estar más desconcertados. Con el ‘caso Bolinaga’, el PP acaba de certificar el enfrentamiento abierto y definitivo con la mayoría de las asociaciones de víctimas del terrorismo, las mismas con las que salía a la calle a compartir pancarta hace poco más de un año, y, lo que es aún peor para el partido, poniendo tierra definitiva de por medio con una buena parte de su electorado que ha acabado teniendo la sensación de que el Gobierno se ha conducido a duras penas por una carretera marcada de antemano, atropellando todo cuanto salía a su paso y cuyo destino no podía ser otro que la excarcelación final del etarra.