Alcaldes 'low cost' al servicio de la demagogia

La ya alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado que, en aplicación del código ético de Barcelona en Comú, cobrará 2.200 euros netos al mes, incluidas las dietas. Joan Ribó (Compromís), primer edil de Valencia, ha avanzado, por su parte, que se bajará también el sueldo respecto del que percibía Rita Barberá. Mientras que Manuela Carmena (Ahora Madrid) ha prometido que ganará 45.000 euros al año, menos de la mitad que su antecesora. Otros muchos ediles -la Marea Atlántica ha fijado el sueldo del alcalde de A Coruña en 40.000 euros- han anunciado medidas en la misma dirección.

La política de ajuste salarial (y de la consiguiente demagogia) no es, sin embargo, exclusiva de los nuevos gobiernos de izquierda. Ni afecta sólo a los grandes municipios. Hacienda aprobó hace año y medio la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que pone techo a las retribuciones de los ediles. Como regla general, se toma como referencia lo que percibe un secretario de Estado: 67.055 euros al año. En esta cuantía se incluyen sueldo y los complementos (el de destino y el específico), sin contar la productividad, cuya naturaleza, por definición, es variable y puede duplicar el sueldo.

Según la norma del ministro Montoro, las retribuciones previstas respecto de lo que cobra un secretario de Estado oscilan entre el -10% y el -60%, dependiendo de la población de cada municipio. Tan sólo los alcaldes de poblaciones de más de 500.000 habitantes podrán cobrar lo mismo que un secretario de Estado. El resto, bastante menos.

Detrás de esta política de recortes de los sueldos públicos (los propios funcionarios han perdido, según los sindicatos, un 30% de su poder adquisitivo desde la crisis), se encuentra un proceso de mayor calado e interés estratégico que tiene que ver con la proletarización de las clases medias en países que compiten casi exclusivamente vía salarios en lugar de hacerlo en productividad; pero, sobre todo, con la demagogia, que es, probablemente, el fenómeno político más singular de nuestro tiempo.

Es probable que en el futuro cause escándalo que funcionarios cualificados cobren más que el alcalde, y entonces se dirá que hay que igualar. Pero por abajo

Es probable que en el futurocause escándalo que funcionarios muy cualificados -que han ganado una oposición- cobren más que el alcalde, y entonces más de uno dirá que lo que hay que hacer es igualar. Por supuesto por abajo. Así es el círculo vicioso en el que se ha entrado. España va de cabeza a convertirse, como quieren los demagogos, en un país low cost. No sólo en lopolítico.

Aristóteles sostenía que las tres peores formas de ejercer el poder eran la tiranía, la oligarquía y la demagogia, a la que consideraba, sin embargo, como el sistema más soportable de los malos gobiernos.Tanto la tiranía como la oligarquía han retrocedido en el planeta con la generalización de sistemas políticos más o menos democráticos. Pero la demagogia, que se presenta como un freno a la codicia de los poderosos, no retrocede, campa por sus respetos. Incluso, en países que se consideraban ajenos a ese discurso. Hoy no hay sistema político que no combine dosis de demagogia y toneladas de populismo, otra variante del mal Gobierno que tanto le gusta al pequeño Robespierre.

Paro y desigualdad

El hecho de que los altos cargos se bajen el sueldo puede parecer recomendable en un contexto económico como el actual. Con un 23% de desempleo y al tiempo que avanzan la exclusión social yla desigualdad hasta cotas inaceptables (sobre todo en el ámbito laboral), parece evidente que los gestores de la cosa pública deben dar ejemplo. El problema, sin embargo, es combinar este necesario ejercicio de austeridad con otro principio repetido estos días de forma cínica: “MiGobierno será el de los mejores”.

Es obvio que la reciente historia económica de España ha demostrado hasta el aburrimiento que pagar más no supone necesariamente mejores resultados. Y de hecho, muchos altos cargos han dejado en la ruina a sus municipios. O, incluso, han acabado en la cárcel por corrupción.

Está por ver, sin embargo, qué pasará con los nuevos ediles, pero parece razonable pensar que el progresivo deterioro de los salarios en los niveles altos de la Administración (incluidos los representantes locales y autonómicos) tendrá un efecto inmediato: la expulsión del sistemade expertos y profesionales que podrían ahorrar mucho dinero al contribuyente a través de una buena gestión de los recursos públicos.

El deterioro salarial en la Administración tendrá un efecto inmediato: la expulsión del sistema de expertos que podrían ahorrar mucho dinero al contribuyente

Lo mismo que invertir en inspectores de Hacienda es rentable para el Estado (menos fraude fiscal y sistemas impositivos más eficientes), también lo es tener un buen director general de Carreteras o un buen gerente de hospital. Incluso, un buen negociador con las concesionarias de servicios públicos que hoy han hecho su agosto a costa de políticos indocumentados. España, de nuevo, ha resucitado una vieja práctica: cerrar un problema (el sueldo de los políticos) creando otro (la descapitalización del sistema de representación).

Merece la pena rescatar, en este sentido, un artículo publicado hace ya algún tiempo por el economista Jesús Fernández-Villaverde en el blog Nada es Gratis sobre cómo funciona el sistema de selección de alcaldes en EEUU. Fernández-Villaverde vive en una ciudad llamada Lower Merion, situada a las afueras de Filadelfia y con unos 60.000 habitantes. Allí no hay alcalde. El principal gestor es un city manager elegido por los concejales, que sí son nombrados por el pueblo. Son ellos los encargados de redactar las directrices políticas. Es decir, que mientras los concejales constatan la necesidad de construir una carretera o un colegio, el encargado de ejecutar la obra es un profesional razonablemente pagado con criterios de mercado, no en función de la afinidad ideológica con el alcalde de turno.

‘Adanismo’ político

Ni que decir tiene que el city manager no es un político, sino un experto con la suficiente preparación profesional acreditada, en ocasiones, en otros municipios, lo que significa que conoce bien la vida local. Es él quien dirige una Administración profesional seleccionada de acuerdo con los méritos -no por enchufe- por los respectivos departamentos de personal. El resultado es que cuando cambia la composición política del municipio -las elecciones son sagradas- los empleados públicos son los mismos. Tanto el día de las elecciones como el día después. Pocas cosas cambian. Y hasta tienen el buen gusto de que las elecciones sean parciales para no comenzar la legislatura desde cero. Justo al contrario que ese adanismo que se ha apoderado de la vida política en España. La conclusión que saca Fernández-Villaverde es que gracias a ello, su ciudad “funciona como una seda”.

Parece evidente que sería una temeridad trasladar el sistema de EEUU de forma automática a España. Y que incluso ese sistema sería muy discutible en grandes ciudades, donde no sólo hay problemas de gestión, sino también estrictamente políticos. Pero lo que sorprende realmente es la ausencia de un debate en profundidad sobre el progresivo empobrecimiento de la función pública en España. Precisamente, porque la demagogia ha inoculado todo el sistema político. Dando la falsa impresión de que si un alto cargo se baja el sueldo es que es un benefactor de la humanidad, aunque luego deje su ayuntamiento como un solar. Por el contrario, si un municipio se rodea de los mejores con criterios profesionales para ahorrar dinero al contribuyente, es probable que el alcalde sea tachado de arrogante y de mal gestor.

Casi todos los políticos reconocen en privado que la mediocridad se ha apoderado del sistema de representación, pero todos callan porque saben que la demagogia es un arma eficaz en términos electorales.

De esta manera se hace bueno aquello que decía el viejo Aristóteles en su Política: "Quienes creen tener motivo para quejarse de los magistrados, apelan al juicio exclusivo del pueblo; éste acoge de buen grado la reclamación, y todos los poderes legales quedan destruidos. Con razón", concluía, "puede decirse que esto constituye una deplorable demagogia”.