La corrupción, el PP y el chiste de Gila

Existe una corrupción previa a la económica. Es la corrupción moral por la baja calidad de las instituciones. Hay una huida del derecho administrativo para tener las manos libres

Foto: La Guardia Civil registra la empresa que preside la mujer de Ignacio González. (EFE)
La Guardia Civil registra la empresa que preside la mujer de Ignacio González. (EFE)

Un viejo chiste de Gila sostenía que Pericles había ordenado construir el Partenón porque tenía un cuñado que fabricaba columnas. El gran Gila -hijo de una España dura y miserable- se había salvado de ser ejecutado durante la guerra porque el pelotón de fusilamiento estaba borracho y no acertó a rematar a sus víctimas.

Gila, a partir de aquella experiencia terrible, construyó en torno a sí mismo un personaje que ridiculizaba la tragedia y el absurdo de la guerra. Pero en el fondo, lo que reflejaban sus chistes era un retrato de la España que el humorista sentía a su alrededor, situada entre la miseria moral y el esperpento. Al fin y al cabo, no hay mayor corrupción que una dictadura. Por eso, cuando Gila hablaba de las columnas del Partenón y del cuñado de Pericles, en realidad, lo que pretendía era denunciar que la corrupción es consustancial a la condición humana.

No sólo la corrupción económica -la rapiña grosera de bienes públicos-, sino, sobre todo, la corrupción moral, que es un lastre que arrastran todas las sociedades en proporción directa a la calidad de sus instituciones. Esa corrupción moral -primer paso para la de carácter económico- es, precisamente, lo que explica que España salga tan mal parada en los índices internacionales y en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), donde la corrupción se ha encaramado hasta los puestos de cabeza.

Sin duda, por un problema de fondo que tiene que ver con la hiper-representación de los partidos políticos y de sus satélites en el sector público. Es curioso que una democracia de baja calidad como es la española tenga partidos tan fuertes cuando ejercen el poder -al contrario de lo que sucede cuando están en la oposición-, cuando el tejido de la sociedad civil es verdaderamente frágil y exiguo. Algo que explica la extensión de sus redes de influencia en todo el ámbito de lo público: cajas de ahorros, empresas públicas, fundaciones, sociedades mercantiles o consorcios, que es donde se localizan los casos más frecuentes de corrupción, fundamentalmente en las administraciones territoriales.

La creación de una jungla de sociedades situada en los aledaños de lo público forma parte de una corriente de fondo que los profesores de derecho público suelen llamar 'huida del derecho administrativo', que no es otra cosa que la obsesión de los poderes públicos -principalmente comunidades autónomas y ayuntamientos- por crear sociedades instrumentales para escapar de los controles que ejercen tanto los tribunales y cámaras de cuentas o los propios interventores del Estado, lo que ha favorecido la realización de conductas repugnantes que suponen un verdadero saqueo de lo público.

La huida del derecho administrativo se vende habitualmente como una herramienta útil para que las empresas públicas tengan mayor flexibilidad a la hora de relacionarse con sus proveedores o con su política de adquisiciones. Pero en realidad, en muchos casos, se trata de una burda maniobra de distracción.

Parece evidente que empresas no controladas por los aparatos de fiscalización del Estado son más propensas a la corrupción, como ha sucedido en los últimos años. Una especie de liberalismo de mesa camilla -como el que se generó durante los gobiernos de Esperanza Aguirre- que en realidad escondía un atraco al Estado por parte de unos pocos que han entendido el servicio público como un trampolín social. Liberales en lo social pero completamente colectivistas cuando se trata de proteger los intereses del propio partido colocando en puestos clave a los conmilitones.

Lo mismo que en Cataluña, donde una familia -los Pujol- establecieron una red clientelar en nombre del nacionalismo que a la larga convirtió a empresas e instituciones en palanganeros del poder omnímodo de la Generalitat.

Endogamia y puertas giratorias

En definitiva, una endogamia en estado puro. Hasta el punto de que en los últimos 20 años los sucesivos gobiernos han concedido nada menos que 227 indultos por delitos relacionados con la corrupción. Una mala señal que agrede, también, a los miles y miles de funcionarios y políticos que actúan con honorabilidad, y que ven manchado su prestigio social por una banda de desalmados.

Ahora que se habla tanto de puertas giratorias, es significativo que todos o casi todos los consejos de administración de las empresas públicas y sus sociedades satélites están preñados de políticos profesionales que llevan desde los 18 años en la cosa pública sólo por pertenecer a un partido político.

¿Qué pintaban y pintan los políticos en consejo de administración del Canal de Isabel II o de muchas otras empresas públicas? Esa corrupción moral es la que lleva, a la postre, a la corrupción económica en un buen número de casos. Al fin y al cabo, los partidos que están en el poder -y más los que llevan muchos años en la poltrona sin una oposición con capacidad real de vigilar- tienden a tener una visión patrimonial de la Administración.

La respuesta que se ha dado hasta ahora contra la corrupción ha sido casi exclusivamente desde el endurecimiento de las leyes, pero sin atajar las causas que explican tanto mangoneo. 'No hay pan para tanto chorizo", se decía en el 15-M.

La última reforma del Código Penal, por ejemplo, extendió el delito de malversación de caudales a la “gestión desleal que perjudica el patrimonio público”. Pero la norma olvidó algo mucho más relevante para combatir las causas de la corrupción. El delito de administración desleal también se produce cuando se nombra para un cargo público a quien es un ignorante, un inútil o, simplemente, carece de la idoneidad adecuada para desempeñar su puesto de trabajo, y que ha logrado sólo por llevar media vida en un partido político, como ha sucedido en Madrid -y otras comunidades autónomas- donde se ha gobernado con mayoría absoluta desde hace décadas. Como alguien dijo, largas mayorías absolutas llevan a corrupciones absolutas, salvo que el país tenga una calidad institucional de la que España todavía carece en grado suficiente.

Alguien tendría que hacer en algún momento un mapa de los cargos públicos capaz de identificar cuántos mandamases de medio pelo y nula preparación moral e intelectual llevan toda su vida profesional en un cargo puesto a dedo por su jefe político por sólo decir 'sí, mi amo'. El resultado sería sorprendente. Ya Galdós advertía -en 1912- de que España estaba cercada por “manadas de hombres que no aspiran más que a pastar en el presupuesto”. En eso estamos.

Mientras Tanto

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
35 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios