¿Qué derechos tienen los conductores?

Cada día son más frecuentes las sentencias en las que un juzgado anula una multa impuesta por el Ayuntamiento de Madrid con el sistema denominado foto-rojo, por superar un semáforo en fase rojo. Y demuestra de una manera muy clara cómo se actúa en España, donde a la administración, sea cual sea, le importa muy poco la legalidad. Eso sí, a muchos ciudadanos se les exige el cumplimiento estricto de la ley aunque sea con la interpretación tan particular, y a veces ilegal, que hacen algunos responsables de nuestras instituciones.

España es un estado garantista al máximo. A un terrorista con la pistola en la mano tras asesinar a un ciudadano le detiene la policía y sigue siendo presunto asesino y es la policía la que debe demostrar sin ninguna posibilidad de duda que esa persona ha cometido ese asesinato. Hacen falta unos cuantos testigos, muchas pruebas y aunque todo esté muy claro siempre se puede encontrar algún fallo legal para conseguir la libertad del asesino.

Los políticos, casi ninguno es condenado

En el caso de los políticos, esto es aún más exagerado. El caso de los ERE de Andalucía o el de la familia Pujol, o los de la trama Gurtel o Púnica, son solo algunos ejemplos, pero ninguno es condenado. Pero ojo, si un policía municipal cree que un coche ha pasado un semáforo en naranja, solo tiene que rellenar un papel, léase denuncia, y el presunto infractor pagará 200 euros y perderá 4 puntos de su carné de conducir. Y no hay forma de evitarlo

Dentro de esta sociedad garantista, el único que no tiene ningún derecho es el conductor, que solo puede pagar. O bien paga las multas aunque sean injustas, o bien paga a un abogado para librarse de esas multas. Lo malo es que pagar a un abogado para librarse de una multa de 200 euros no merece la pena, mientras que si es para librarse de una condena por haber robado varios cientos de millones de euros, el caso de los políticos, sí que la merece.

Hay dos casos que me parecen absolutamente lamentables y que demuestran dónde está España a nivel internacional. La Dirección General de Tráfico (DGT) y otros organismos de vigilancia del tráfico aplican de una manera muy especial el margen de error de los radares. Yo no soy un experto en leyes, y no sé quién tiene la razón, pero si la DGT dice que se hace de una forma y los jueces dicen que la ley no dice eso y que hay que hacerlo de otra manera, tendrán que ponerse de acuerdo entre ellos.

O quizá mejor, hacer unas leyes bien elaboradas en las que no quede todo a la interpretación de quien lo lee. Porque eso solo lleva a que las personas con un alto poder adquisitivo que tienen la posibilidad de contar con un abogado se libren de todas las multas, sean de lo que sean, y el resto de los mortales pagaremos sin más. Y eso es la negación de la Justicia.

El caso del ayuntamiento de Madrid es aún más flagrante, porque la alcaldesa es ex juez. Si antes era la encargada de hacer cumplir la ley desde su cargo, no puede ser que ahora como ya está jubilada de su puesto de juez mire para otro lado cuando se hacen cosas que los jueces dicen que están fuera de la ley. Y eso es lo que está haciendo el ayuntamiento de Madrid con el caso foto-rojo.

Una nueva sentencia

Hace un par de semanas se ha hecho pública una nueva sentencia contra este sistema de control de los radares instalado en Madrid. En esta sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Madrid se arremete con dureza contra el ayuntamiento. El fundamento jurídico primero de la sentencia dice lo siguiente: “Para imponerse tan grave sanción, incluida la privación de cuatro puntos del permiso de conducir, debe quedar constancia de que el conductor pudo haberse detenido antes de cambiar a rojo. Y para ello conocerse si el semáforo tenía fase ámbar, y cuánto duraba la fase ámbar; y, si era suficiente para detenerse antes de la fase roja teniendo en consideración el tiempo de reacción de un conductor medio”.

El sistema de control de semáforos está siendo utilizado por el Ayuntamiento de Madrid, desde noviembre de 2009, para captar supuestas infracciones por rebasarlos en rojo en 26 intersecciones de la capital. Pero pese a que los jueces están mostrando claramente su oposición a este sistema y a su legalidad, el consistorio madrileño en lugar de paralizar esta forma de captación de imágenes ha anunciado que a lo largo de 2016 instalará otras 15 cámaras más, que se suman a las 26 que ya están en funcionamiento. Pero ojo, no solo son juzgados de lo Contencioso-Administrativo los que se han mostrado contrarios a este sistema, sino que ya el Tribunal Superior Justicia de Madrid e incluso el Tribunal Supremo ya han advertido de su ilegalidad.

Según los datos de la asociación de defensa de los conductores AEA, que ha sido la que ha llevado el caso de esta nueva sentencia contra el ayuntamiento de Madrid, en 2015 se han formulado 21.749 denuncias por este motivo, con una recaudación de más de 4.349.800 euros, mediante este sistema automatizado de control de infracciones. Y muchas de estas denuncias serían anuladas si llegaran a los tribunales de justicia.