Muface, ¿qué broma es esta?

No sabemos nada y a veces hay que casarse con un funcionario para enterarse de las cosas. Como no existen suficientes funcionarios para que todos nos casemos con ellos, la mayoría de la gente no sabe que existe Muface. Se trata de una mutua (sea esto lo que sea) que (aquí vamos) permite a determinados servidores públicos elegir la atención sanitaria que prefieran. Por lo que sea, la sanidad que prefieren los funcionarios públicos españoles, en un porcentaje superior al 70%, es la privada. Muface tiene cerca de un millón y medio de mutualistas.

¿Es broma, no?, pregunté cuando el emparejamiento me condujo hacia la iluminación. Resulta pintoresco que el Estado sostenga una sanidad universal y gratuita y, al mismo tiempo, sugiera a sus profesores de instituto (sin ir más lejos) tratarse los orzuelos, los esguinces y los desarreglos intestinales en la misma clínica que el Rey. Lo que empezó alrededor de los taburetes de una taberna llamada Casa Labra ha acabado en las salas de espera de la clínica Ruber. Está llena de socialistas, la Ruber.

Primero, hay que dedicar un pensamiento a un Estado del bienestar que, gobierno a gobierno, asocia impuestos con sanidad y educación, al punto de que cualquier mínima queja sobre una subida de impuestos se ve replicada con la acusación de provocar el cierre de un hospital. Mientras, ese mismo Estado entiende lógico que, quien pueda, se vaya a la privada, inmejorablemente si la privada la paga el resto del país. La sanidad es efectivamente igual para todos, sólo si eres pobre y no te has sacado una oposición.

La rareza, sin duda, es encontrar una persona de izquierdas que se comporte como si lo fuera

Este cambalache, a nivel estatal, supone la institucionalización de la hipocresía. Ya ni nos sorprende que un ministro de izquierdas lleve a sus hijos a un colegio privado y pague médicos particulares, pero asombra que todo el sistema público sufrague la desigualdad, y la certifique, y la implante. Es como si los antitaurinos pudieran entrar gratis a los toros, y pagara Greenpeace.

En segundo lugar, podríamos pensar que si la mayoría de los profesores de instituto (sin ir más lejos) son de izquierdas, sólo una minoría de profes liberaloides o fascistas vería con buenos ojos disfrutar de atención sanitaria exclusiva. Podríamos pensar, sí, que todos esos profesores que se manifiestan, se quejan, ponen banderas en sus balcones, van en bici, se dejan rastas, se compran camisetas reivindicativas, odian a Ayuso y enseñan literatura con cómics no dudarían ni un segundo en marcar la casilla “Sanidad Pública” en el documento correspondiente. La casilla que marcan casi todos ellos es la que dice “Sanidad Privada”, amigos. La leen dos veces para estar seguros.

Hay un millón de funcionarios que, en defensa de la Sanidad Pública, prefieren la Sanidad Privada. Hay un millón de profesores que son de izquierdas en su trabajo y de derechas en su salud. Hay un millón de funcionarios que, cuando pueden saltarse una cola, se la saltan. Son humanos, es decir, no les interesa el resto de la Humanidad.

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La rareza, sin duda, es encontrar una persona de izquierdas que se comporte como si lo fuera, un profesor de instituto que acuda al mismo hospital que los padres de sus alumnos y que lleve a sus hijos al mismo hospital al que van sus alumnos. Yo tuve la suerte de encontrar esa rareza, por cierto.

El caso más famoso de esta hipocresía hipocrática lo protagonizó la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, durante la pandemia. Aprovechando que casi ninguno de ustedes está casado con un profesor de instituto, trataron de hacerles creer que era obligatorio para ella ir a la clínica Ruber. Ya saben, es obligatorio conducir un BMW, también. Lo cierto era que ella misma, llegado el momento crucial, había elegido “desmantelar la sanidad pública de la comunidad de Madrid” marcando la casilla fatal. Curiosamente, Esperanza Aguirre siempre ha convalecido en hospitales públicos.

El mito del “desmantelamiento” de la Sanidad madrileña (un desmantelamiento agotador, pues les está llevando décadas, como saben) sugiere que las Aguirres y Ayusos favorecen la sanidad privada y sabotean la pública para que más gente acabe yéndose a la privada. No digo ni que sí ni que no. Lo que sí digo es que basta un papelito, un formulario, un humilde impreso ante tus ojos para que elijas la sanidad privada. Es decir, no hace falta que un político ponga mucho de su parte para favorecer la sanidad privada. La sanidad pública y la educación pública la desmantelan, tuerca a tuerca y uno a uno, cada persona que evita entrar en ellas.

La llegada de más de un millón de personas a la sanidad pública puede provocar que se colapse, nos dicen ahora. Estoy deseando que esto suceda. Entonces se destinarán más recursos a la sanidad pública. Prefiero que un millón de personas colapse la sanidad pública a que ese millón de personas ponga un cartel en su ventana (“La sanidad pública no se vende, se defiende”) y luego vayan todas a clínicas privadas.

Nosotros, usuarios de lo público, no vamos a notar la diferencia. La notarán todos esos señoritos pijos de izquierdas que van a ver con sus propios ojos los hospitales públicos que llevan defendiendo todo el siglo XXI.

¡Bienvenidos!