Un peligro mortal para la Unión Europea

En estos términos se expresó el sábado pasado Jacques Delors. El anciano presidente de la Comisión Europea entre 1985 y 1995 se refería —según sus propias palabras— a la falta de solidaridad que parece reinar estos días entre los jefes de Estado y de Gobierno. Y añadía: “El microbio ha vuelto”.

La de Delors fue una de las etapas más intensas y fructíferas de la construcción de la Europa actual. Dos crisis seguidas, en 1973 y 1979, habían dejado huellas profundas en los ciudadanos europeos y en sus gobernantes. La reacción a todo ello fue una involución hacia el nacionalismo económico, que llevó a la introducción de barreras al comercio y la paralización de la consecución de un mercado común. El 'microbio' al que se refiere Delors.

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Fue a mediados de los ochenta, con el impulso de Delors, cuando se consiguió retomar el proceso de integración europea. Así, en 1987, entró en vigor el Acta Única Europea, que supuso la garantía de funcionamiento del mercado interior, es decir, de las cuatro libertades de circulación de bienes, servicios, personas y capitales. Y posteriormente, en 1993, lo hizo el Tratado de Maastricht, que trazaba la hoja de ruta del nacimiento de la unión monetaria. Fueron años de muchas dificultades, de generosidad y de mirar más allá de los intereses nacionales del momento para crear el proyecto común que hoy tenemos en Europa.

Hoy vivimos un momento parecido. La Gran Recesión ha tenido como una de sus consecuencias alimentar el sentimiento antieuropeo y nacionalista en toda Europa y ha tensionado hasta el extremo la unión monetaria. Es en ese contexto en el que ahora nos enfrentamos a una nueva crisis completamente inesperada y cuyas consecuencias irán más allá de las de cualquier recesión anterior. Además, como casi siempre sucede, el impacto no será el mismo para todos, ya que ni las economías tienen la misma estructura ni los márgenes fiscales de partida son los mismos.

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Superar de la mejor forma posible esta crisis requiere la adopción de medidas extraordinarias y temporales para evitar al máximo la destrucción de tejido productivo mientras combatimos la enfermedad. Esto es lo que permitirá una recuperación más rápida. Y esto es, precisamente, lo que están haciendo los gobiernos europeos. Además, algunos países deberán adoptar más medidas que otros, porque el impacto será diferente. Pero cada uno debe hacer lo suficiente para asegurar el éxito de todos. A fin de cuentas, nuestras economías están fuertemente interrelacionadas: las empresas comercian e invierten en toda la zona, los bancos prestan a ciudadanos y empresas de otros países de la moneda única y, en consecuencia, sus sistemas financieros están fuertemente ligados. Por ello, un impacto especialmente fuerte de la crisis en uno de los países del euro tendría importantes efectos desestabilizadores en todos los demás.

En una unión monetaria, lo óptimo sería que las decisiones sobre el gasto necesario para hacer frente a una crisis como esta se tomaran teniendo en cuenta la situación de toda la Unión. Es decir, que, al menos, una parte de este gasto fuera decidido por la Unión y, consiguientemente, fuera financiado por la Unión.

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Sin embargo, como ya puso de manifiesto la Gran Recesión en Europa, el euro —a pesar de los avances— aún no cuenta con todas las herramientas que debería tener. Hasta ahora, los países miembros no hemos sido capaces de completar la unión monetaria con una política fiscal común. Y esa carencia es la que tenemos que suplir, de la mejor forma posible, en un momento tan crítico como el actual, para evitar que derive en algo aún peor; algo que incluso ponga “en peligro mortal” —como dice Delors— la unión monetaria.

No podemos decir que la Unión Europea no haya actuado. Y, además, lo ha hecho a una velocidad mayor de lo habitual, dada la naturaleza de la crisis. Así, tras unos olvidables titubeos iniciales, el BCE puso en marcha un importante programa de compra de deuda (PEPP) que supone un respaldo muy importante. También la Comisión Europea está actuando con rapidez para coordinar las actuaciones en el ámbito sanitario, preservar la circulación de bienes y servicios esenciales, posibilitar la concesión de ayudas a sectores que habitualmente no son posibles en el mercado interior, movilizar recursos disponibles para incentivar la inversión o proponer utilizar al máximo la flexibilidad del Pacto de Estabilidad, incluyendo la activación de la llamada 'cláusula de escape', como de hecho ha sucedido.

Pero aún queda trabajo por hacer. Lo más importante es asegurar que todas las actuaciones que los países pongan en marcha para superar la crisis, así como el necesario impulso fiscal, una vez se pase la fase aguda de la crisis, puedan ser financiadas. Pero ello requiere, simultáneamente, garantizar que se mantienen la estabilidad y la solvencia fiscales de la Unión y de sus Estados miembros.

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La pregunta es cómo hacerlo. Y ello es especialmente difícil en el clima de desconfianza mutua que aún pervive tras la Gran Recesión y que se puso de manifiesto en el último Consejo Europeo. Por un lado, los países con mejor historial de responsabilidad fiscal tienen suspicacias respecto de los márgenes fiscales de los demás. Por otro lado, la política de que —dicho coloquialmente— 'cada palo aguante su vela' puede llevar al fracaso común. Y, por tanto, resultar en que el coste para todos sea infinitamente común. No parece el momento de enredarse en discusiones éticas sobre si alguien debió haber hecho más para fortalecer sus posiciones fiscales ante una crisis. Ya habrá tiempo de hablar de ello.

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Es necesario actuar cuanto antes. Y no nos debemos perder en la discusión de cuál debe ser el instrumento concreto. Debe quedar claro que la unión monetaria es una sociedad de ayuda mutua entre miembros responsable.

En definitiva, las instituciones que creamos hace años, la Comisión, el BCE, el BEI, ya están actuando en la medida de sus posibilidades. Es la decisión política del Consejo la que está estancada. Y de esto es de lo que nos advierte Delors.