El gran fracaso de los ayuntamientos, ¿para qué querían el dinero?

¿Recuerdan la insólita batalla de alcaldes del pasado verano para utilizar los remanentes? Voy a refrescar la memoria con un poco de contexto. Si la pandemia y los problemas económicos no fuesen un problema suficiente, durante el verano el Gobierno y los alcaldes iniciaron una carrera para ‘meter mano’ en los depósitos de más de 25.000 que habían acumulado los ayuntamientos en depósitos bancarios obligados por las restricciones de la Ley de Estabilidad. El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, optó por imponer su voto de calidad y sacar adelante el acuerdo que había alcanzado con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El texto no tenía el apoyo de ningún otro partido político y provocó una ruptura nunca vista en el seno de la FEMP. Con tal oposición, la medida fue tumbada definitivamente en el Congreso.

Los alcaldes del Partido Popular aprovecharon la ocasión para exigir que Hacienda liberara sus remanentes ante las dificultades económicas que estaban atravesando. El ministerio tuvo que ceder finalmente y suspendió las reglas fiscales. En aquel momento, los discursos estaban tan acalorados que presentaban estos fondos como una cuestión vital para el país. Sin estos recursos no se podría combatir la crisis, estimular la recuperación.

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En septiembre, cuando Hacienda suspendió las reglas fiscales, la cuestión de los remanentes de los municipios desapareció como si nunca hubiera existido. O como si no le importara a nadie. La oposición ya había utilizado esta bala para generar ruido político y, una vez agotada, a otra cosa. Pero ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo han usado los alcaldes este margen fiscal concedido por Hacienda? Es el momento de hacer balance, una vez que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha publicado los datos del avance de la ejecución presupuestaria de 2020. Vamos con ellos.

Los municipios cerraron el año 2020 con un superávit de casi 3.000 millones de euros, aumentando así la bolsa de remanentes aparcados en los bancos. Aunque todavía no están disponibles los datos desagregados de cada municipio, lo que ocurrió es que los ayuntamientos que ya estaban en superávit, y por tanto que tenían remanentes, han mantenido su excedente presupuestario. Eso significa que los ayuntamientos que se habrían visto beneficiados por el acuerdo de Abel Caballero no solo no habrían utilizado sus remanentes, es que ni siquiera gastaron todo el dinero que ingresaron a lo largo del año. A pesar de las urgencias económicas, los consistorios recortaron su gasto en 3.600 millones de euros, de modo que, aunque sus ingresos se redujeron en 4.500 millones, mantuvieron su excedente presupuestario. Los 5.000 millones que 'eran pocos' para algunos alcaldes hubiesen sobrado.

En este punto, es importante señalar que todos los ayuntamientos no están en la misma situación, ya que algunos necesitan una mejora urgente de su financiación porque acumulan un elevado déficit estructural y una carga de deuda que hace que sus cuentas sean inviables. Sin embargo, los municipios que se habrían beneficiado del salvoconducto ofrecido por Hacienda no son estos que están en déficit, sino aquellos que contaban con remanentes, esto es, que estaban en superávit. Y justo esos se mostraron incapaces de ejecutar todo el dinero que ingresaron a lo largo del año. En abril los consistorios constataron que no podrían ejecutar todo su presupuesto por los problemas derivados del confinamiento, en especial en inversiones y algunos gastos corrientes. Tuvieron tiempo para reenfocar esas partidas y, al menos, cumplir con el gasto presupuestado, pero muchos no lo hicieron.

A pesar de la crisis, los ayuntamientos recortaron su gasto en 3.600 millones

Estos datos confirman que el choque de alcaldes de mitad del verano fue solo un espectáculo político. Los casi 3.000 millones de superávit que tuvieron podrían haberlos utilizado, por ejemplo, para conceder ayudas a las empresas (es casi la mitad de los 7.000 millones de ayudas directas que acaba de aprobar el Gobierno) o para ayudar a las familias más necesitadas y combatir las infames 'colas del hambre' de los últimos meses.

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No fue este el caso y los ayuntamientos volvieron a cerrar un año más en superávit, y van ya nueve consecutivos. Ni siquiera en una crisis como la actual las corporaciones locales han sido capaces de gastar todos sus recursos. Esta situación evidencia un desequilibrio estructural en el reparto del dinero público, ya que mientras el Estado, la Seguridad Social y las comunidades autónomas están en déficit permanente, los ayuntamientos están sobrefinanciados para las competencias que tienen transferidas. Después de una década en esta situación, no hace falta acumular más evidencia antes de reequilibrar el reparto de fondos o de competencias entre los subsectores de la Administración.

Sí hubo algunas partidas de gasto que los ayuntamientos aumentaron en 2020. Una de ellas es la de la remuneración de asalariados, que creció en 234 millones de euros, y otra es la de subvenciones, que aumentó en 356 millones. Sin embargo, el gasto en consumos intermedios se redujo en 1.130 millones y las inversiones se redujeron en 1.200 millones. Esto es: ni compra de material sanitario para ayudar en la lucha contra la pandemia, ni bienes de primera necesidad para sus vecinos ni inversiones para mejorar los servicios públicos para frenar la pandemia.

Con estos números sobre la mesa, se acerca ya el momento en que muchos alcaldes tendrán que rendir cuentas sobre el uso de sus recursos públicos. Aún no están disponibles los datos de cierre de año por municipios y es probable que existan importantes divergencias entre ellos. Pero lo que está claro es que ahora que el ahorro no genera intereses, mantener aparcados 30.000 millones de dinero público en los bancos no es una estrategia muy eficiente.