Sánchez, Iglesias y las infames colas del hambre

Nadie del Gobierno ha ofrecido todavía una razón convincente para explicar su pasividad ante una realidad que debería abochornar a cualquier gestor. Y que hoy, para afrenta de todos, se asoma de forma despiadada, como un latigazo a las conciencias, en forma de largas colas del hambre que pueblan algunas ciudades españolas.

Sánchez e Iglesias, como Escrivá, esgrimen que se está diseñando un ingreso mínimo vital (IMV) para los colectivos que carecen de rentas, y que, en la mayoría de los casos, ya eran pobres antes de la pandemia o estaban en la frontera. Y es verdad, no son víctimas de este Gobierno. Ni del incremento del salario mínimo ni de una determinada política. Son, simplemente, aquellos a los que el sistema económico ha expulsado a lo largo de los años por innumerables razones. Pero la respuesta sí que es su responsabilidad.

El hambre no espera. Las colas muestran una política social más preocupada por el relato político que por atender las necesidades más perentorias

Hay muchos argumentos que conducen a pensar que la estrategia de la Moncloa está equivocada. Por incomprensible que parezca, se ha optado por hacer incompatible una ayuda de emergencia, algo más que urgente, con la creación de una renta estructural para determinados colectivos, sin duda necesaria, cuando las privaciones van en aumento.

El hambre no espera. Y esas colas no son más que la manifestación de una política social que parece más preocupada por el relato político —se lleva hablando del IMV semanas— que por atender las necesidades más perentorias. ¿Qué hubiera dicho Iglesias de las largas colas del hambre hace pocos años? ¿O Sánchez en la oposición? El propio Gobierno reconoció esta deplorable realidad en su Estrategia Nacional contra la Pobreza, pero en lugar de activar una respuesta contundente ha decidido 'hacer política'. Cuando España, y el Gobierno lo sabe, ocupa el quinto puesto con mayor tasa de riesgo de pobreza de la UE, solo por detrás de Letonia, Lituania, Bulgaria y Rumanía.

Redes de solidaridad

Es obvio que Sánchez, como le hubiera sucedido a cualquier otro dirigente, se ha visto superado por los acontecimientos, pero ese tacticismo —un tanto enfermizo— es lo que le ha llevado a no poner en marcha una ayuda de urgencia gestionada a través de las ONG, de las redes privadas de asistencia social, como Cáritas, de los ayuntamientos o de las CCAA, que son quienes conocen mejor la situación. No es que se haya renunciado a ello porque no existen esas redes de solidaridad, sino porque se ha querido capitalizar políticamente.

Eso quiere decir que las ayudas para cientos de miles de familias llegarán, en el mejor de los casos, tres meses después de la pandemia, para a partir de ahí iniciar un proceso administrativo de comprobación de rentas. Algo que es todavía más chocante si se tiene en cuenta que el Gobierno no ha incluido en el programa de estabilidad enviado a Bruselas ninguna partida específica para el IMV, pese a que todos los indicadores de pobreza se mantienen todavía por encima de los niveles anteriores a la crisis, como sostenía el último informe de la Comisión Europea sobre España.

No solo en términos monetarios, sino también respecto de la privación severa de bienes materiales, que es lo que ahora el Gobierno hubiera estado en condiciones de acometer aprovechando que la propia UE ha dado barra libre para atender las demandas más perentorias. Como muchos estudios han acreditado, el sistema de redistribución de las pensiones es elevado en España, pero existe una enorme debilidad en cuento a prestaciones condicionadas por renta, que son, precisamente, las que llegan a las familias.

Sánchez, Iglesias y Escrivá parecen olvidar, aunque evidentemente son conscientes de ello, que los ERTE, por su propia naturaleza, no cubren todo el espectro laboral. Cabe recordar que en apenas mes y medio, la Seguridad Social ha perdido casi 950.000 ocupados temporales que se han quedado sin ingresos de la noche a la mañana, y cuyas expectativas para encontrar un puesto de trabajo son muy limitadas. Hoy, de hecho, la cobertura de desempleo apenas afecta al 55% de los parados, lo que significa que un 45% (algo más de 1,73 millones) no cobra prestación alguna.

Riesgo de pobreza

Como ha dicho la Comisión Europea, “los trabajadores temporales, los trabajadores poco cualificados y los nacidos fuera de la UE se encuentran más expuestos al riesgo de pobreza”, y, por ende, de exclusión social.

Muchos inmigrantes ni pueden trabajar en España ni pueden regresar a sus patrias. Hoy están en esas largas colas del hambre acompañados de sus hijos

De hecho, si la situación no mejora de forma significativa en un tiempo razonable, es muy probable que, al tratarse, en la mayoría de los casos, de empleos de baja cualificación y muy vinculados a la estacionalidad, acaben engordando las listas de pobres que hoy gestionan los gobiernos autonómicos, y que en los últimos años no solo atienden a pobres de larga duración sino también a trabajadores pobres cuyos empleos precarios no son suficientes para cubrir los gastos más perentorios. Y que corren el peligro de caer en la red de la pobreza si las ayudas no llegan con urgencia.

En muchos casos, inmigrantes que, al contrario de lo que sucedió en la anterior crisis económica, no están ahora en condiciones de volver a sus países de origen, por lo que sus expectativas son dramáticas. Ni pueden trabajar en España ni pueden regresar a sus patrias, lo que explica que muchos estén hoy en esas largas colas del hambre acompañados de sus hijos.

La literatura económica y sociológica ha acreditado que las carencias vividas en la infancia —sean temporales o estructurales— se convierten en desigualdad de oportunidades cuando se alcanza la edad adulta. Y lo que es también muy significativo, cuando un niño ve pedir a sus padres comida en una larga cola, lo que sufre es su autoestima, y eso acaba por convertirlo en un excluido social. No tiene nada que agradecer a la sociedad que lo ha dejado tirado en medio de la peor crisis económica en décadas. Y en esas condiciones, según un informe publicado este mismo miércoles por el Observatorio Social de la Caixa, se encuentran dos de cada 10 menores que viven en hogares que sufren pobreza laboral.

Opinión

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Eso puede explicar, como han revelado algunos estudios, que los programas asociados a rentas mínimas, como los que plantea el Gobierno, suelan fracasar en un porcentaje muy relevante. Y no solo por el estigma social asociado a la percepción de una renta pública.

Alrededor de una cuarta parte de quienes tienen derecho a ella no la solicitan pese a cumplir los requisitos de elegibilidad, lo cual tiene que ver con el sentimiento de vergüenza o la pérdida de autoestima de quien solicita o percibe una prestación.

Es por eso por lo que el Gobierno no debería esperar un minuto más. No es incompatible poner recursos de forma urgente en manos de quienes conocen la realidad social con mejorar el sistema de rentas mínimas autonómicas, que, por cierto, es un invento que tiene ya varias décadas.