Estabilidad y 'rating'

La calificación crediticia o rating de los emisores de bonos sigue siendo determinante en los mercados financieros. Los inversores institucionales tienen condicionadas sus inversiones a la calificación crediticia de los distintos emisores de los bonos, de tal forma que, o bien no pueden invertir en emisiones por debajo de un determinado rating, o bien la cuantía invertible en niveles inferiores a determinada calificación o nivel está limitada.

El propio Banco Central Europeo sigue utilizando los distintos rating para determinar el volumen de los activos que deben ser depositados por los bancos como garantía de los préstamos facilitados por la institución: a menor rating, mayor descuento aplicado en las garantías depositadas.

En el caso de Grecia, el BCE ha evitado, de momento, el bloqueo de los depósitos bancarios gracias a la liquidez proporcionada a través de los préstamos de emergencia (ELA). Esta financiación sólo es posible suministrarla a entidades financieras con problemas de liquidez, pero no de solvencia. El eventual impago de uno de los próximos vencimientos de los préstamos con el FMI o con los socios europeos llevaría el rating de Grecia al nivel de impago o default, arrastrando a la calificación de los bancos griegos. El BCE se vería obligado a dejar de suministrar liquidez de emergencia. El efecto inmediato sería el establecimiento de limitaciones a las retiradas de efectivos de los bancos e incluso a la pérdida de parte de los depósitos.

El bajo nivel de los tipos no debe hacer olvidar la necesidad de mantener la credibilidad en la reducción de los déficits públicos

El bajo nivel de los tipos de interés actuales de la deuda pública de todos países del euro, con la excepción de Grecia, no debe hacer olvidar la necesidad de mantener la credibilidad en la reducción de los déficits públicos para evitar problemas en la refinanciación de los vencimientos de la deuda. El elevado nivel de deuda pública actual, cercano al 100% en el caso de España, exige mantener la confianza de los inversores de forma permanente para que al vencimiento de los bonos soberanos vuelvan a reinvertir en nuestra deuda.

El pasado mes de febrero, Moody´s actualizaba su opinión sobre el rating de España. Mantenía la perspectiva de la calificación como positiva. Entonces comentaba el círculo virtuoso en el que había entrado la economía española: aceleración del crecimiento que favorece una mejora del mercado laboral, que a su vez permite un incremento del consumo apoyado adicionalmente durante este ejercicio por la reducción del IRPF. Como riesgos sobre la calificación crediticia de España destacaba ya entonces la necesidad de cumplir con la reducción del déficit público marcada en el Plan de Estabilidad y crecimiento. Para revertir la trayectoria creciente del nivel de deuda pública sobre el PIB, el déficit debe reducirse desde el 5,8% de 2014 hasta el 0,3% en 2018.

En campaña electoral es casi inevitable asistir al anuncio de numerosas medidas que, de aplicarse, llevarían a un incremento del gasto público sin justificar adecuadamente cómo se financiarían, provocando un incremento del déficit público. El corsé del Plan de Estabilidad implica que un incumplimiento del mismo lleve aparejado un empeoramiento del rating del país en cuestión, que se traduce en un incremento de los costes financieros de la deuda, que a su vez aumentan el déficit, dando lugar a un peligroso círculo vicioso.