Liberalismo y estado de alarma

Deberemos permanecer vigilantes y críticos frente al Estado y frente a todos aquellos que servilmente reclaman unidad y sometimiento

Foto: La Sagrada Familia, sin colas para entrar. (EFE)
La Sagrada Familia, sin colas para entrar. (EFE)
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El liberalismo es una filosofía política que promueve el respeto irrestricto hacia los proyectos de vida ajenos a cambio de que los demás también respeten irrestrictamente mi propio proyecto de vida. Es lo que Herbert Spencer denominaba el principio de igual libertad: “Que cada individuo disfrute del ejercicio más amplio de sus libertades compatible con el simétrico disfrute de libertad por cualquier otra persona”.

Es por ello que los liberales son muy recelosos frente a la injerencia del Estado en su esfera de libertades: ni el Estado, ni ninguna otra persona o grupo, debería disfrutar de la potestad —del privilegio— de cercenar la libertad de nadie: mi libertad acaba donde empieza la de los demás y viceversa. Pero lo anterior no es necesariamente incompatible —al menos, no lo ha sido para la tradición del liberalismo clásico— con que el Estado —o cualquier otra organización— se encargue de velar por que nadie cercene las libertades de los demás. Del mismo modo que un individuo dispone del derecho a la legítima defensa frente a sus agresores, también cualquier otra persona o agrupación —incluyendo el Estado— pueden defender 'motu proprio' al inocente frente a sus agresores. Las dos grandes cautelas que siempre ha expresado el liberalismo frente al Estado no han sido respecto a su (muy restringido) ámbito legítimo de actuación, sino respecto a su origen ilícito (la conquista e imposición) y a su inclinación a tiranizarse (abuso de poder sobre los ciudadanos). Pero ningún liberal rechazará al Estado (o, en su ausencia, a otro tipo de instituciones) por poner coto a las agresiones de unas personas sobre otras.

En este sentido, que un individuo infecte a otro con un virus potencialmente letal no deja de ser una agresión contra su derecho a la vida: del mismo modo que contaminar constituye una externalidad negativa que menoscaba los derechos ajenos (y, por eso, es imprescindible internalizarla), contribuir dolosa o negligentemente a propagar una pandemia también conculca las libertades de terceros inocentes y les impone un daño. Desde una perspectiva escrupulosamente liberal, si alguien genera un daño sobre terceros debería responsabilizarse de él y repararlo: solo internalizando las consecuencias nocivas e ilegítimas de las acciones de unas personas sobre otras, el ejercicio de la libertad de uno se armoniza con el ejercicio de la libertad de otro.

Sucede que nuestra capacidad para individualizar la responsabilidad por contagio en medio de un estallido generalizado de infecciones es muy limitada (aunque no imposible: ahí está el muy eficaz ejemplo de Singapur, trazando caso por caso la cadena de contagios), por lo que en la práctica solo nos quedan dos alternativas: o aceptar que la gente haga un uso potencialmente irresponsable de su libertad (actuar despreocupándose de contagiar a otros) o buscar alternativas para proteger las libertades de terceros inocentes.

En este último sentido, la reacción ante la epidemia puede ser muy variada según cuál sea la gravedad y extensión de la misma (principio de proporcionalidad): desde medidas de concienciación cívica (incluyendo la necesidad de autoaislamiento) hasta limitaciones temporales de la libertad de movimientos o asociación para romper las cadenas de transmisión y, por tanto, constreñir la extensión de la epidemia. El liberalismo, como filosofía política que busca la preservación de los derechos y las libertades de las personas, no es necesariamente incompatible con este tipo de medidas (generalmente denominadas 'medidas de excepción', por su naturaleza esencialmente excepcional) siempre que se den dos restricciones.

Por un lado, restricción en cuanto a la finalidad de las mismas: el propósito de tales medidas solo ha de ser el de salvaguardar las libertades de terceros inocentes (el derecho a la vida de quienes son contagiados por personas que no pueden evitar contagiarles). Las medidas de excepción no resultarían en absoluto justificables para perseguir otros fines, como imponer los deseos de un individuo, o de un grupo de individuos, sobre los demás. No se trata, pues, de dar rienda suelta a la arbitrariedad política con el pretexto de la crisis sanitaria, sino de evitar que unas personas dañen negligentemente a otras.

Por otro, restricción en cuanto a los medios empleados: entre las medidas que resulten eficaces para frenar la epidemia, es imprescindible que se escojan aquellas que en cada caso resulten menos lesivas para las libertades ajenas. Que temporalmente deban limitarse los derechos y las libertades de unos para evitar que atenten contra los derechos y libertades de otros no equivale a que deban limitarse tales libertades de manera innecesaria y gratuita. Por ejemplo, para romper las cadenas de transmisión del virus, no necesitamos ni nacionalizar el sistema eléctrico, ni la banca ni los medios de comunicación; tampoco necesitamos ilegalizar partidos políticos o asociaciones privadas. Y nada de ello debería encontrar abrigo bajo un estado de emergencia.

En definitiva, las medidas de excepción solo pueden justificarse ante la ausencia de otros mecanismos eficaces para lograr el respeto universal a las libertades individuales y siempre que se sujeten a la finalidad de proteger tales libertades y al empleo de los medios menos lesivos posible. Aquellos políticos que adoptaran medidas de excepción para propósitos distintos al de proteger las libertades de los ciudadanos o lo hicieran limitando los derechos ajenos sin que resultara estrictamente necesario estarían comportándose como tiranos. Y justamente ese es el riesgo al que ahora mismo nos enfrentamos: que nuestros gobernantes aprovechen el estado de alarma para abusar de sus atribuciones y construir un Leviatán tiránico. Deberemos permanecer vigilantes y críticos frente al Estado y frente a todos aquellos que servilmente reclaman unidad y sometimiento a la dirección de unos gobernantes que, por su negligente pasividad, nos han conducido a una crisis sanitaria de este calibre.

Laissez faire
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