¿Cuánto 'dumping' fiscal ejerce Madrid?

Una de las acusaciones más extendidas de la izquierda patria contra la política tributaria de la Comunidad de Madrid es que sus (relativamente más) bajos impuestos en materia de patrimonio, sucesiones e IRPF ejercen una fortísima competencia desleal contra del resto de autonomías, despojándolas de aquellos ingresos que les permitirían desarrollar políticas sociales más inclusivas y empujándolas a una devastadora competencia fiscal a la baja. De ahí las (paradójicas) exigencias del independentismo de izquierdas catalán para armonizar (al alza) tales figuras impositivas dentro de España.

Pero la crítica anterior contra la Comunidad de Madrid se basa en demasiadas premisas discutibles, a saber: 1. Que la CAM ejerce una fortísima competencia fiscal contra el resto de autonomías que las despoja de una cuantiosa recaudación; 2. Que, de haber dispuesto de semejante recaudación, las autonomías la habrían empleado para incrementar el gasto social inclusivo, y 3. Que la competencia fiscal a la baja es inherentemente negativa. Permítanme que me centre en analizar la primera de estas premisas: ¿realmente la política fiscal de Madrid está absorbiendo una gran cantidad de recursos de otras regiones de España?

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En un reciente 'paper' —crítico con la política fiscal de la CAM—, los economistas David Agrawal, Dirk Foremny y Clara Martínez-Toledano estiman que, en 2015, las autonomías de régimen común perdían el 5% de sus ingresos por patrimonio y el 2,5% de sus ingresos por IRPF debido a la competencia fiscal de Madrid. ¿Y cuánto dinero supone todo esto? En 2015, el impuesto sobre el patrimonio recaudó en las autonomías de régimen común 945 millones de euros, mientras que el IRPF proporcionó a las autonomías de régimen común 25.200 millones de euros.

Por consiguiente, los gobiernos autonómicos perdieron ese año, por culpa de la Comunidad de Madrid, 47 millones de euros en concepto de impuesto sobre el patrimonio y 630 millones de euros en concepto de IRPF. Falta por estimar —algo que no hacen los autores— la influencia del impuesto sobre sucesiones y donaciones, pero aun cuando supusiéramos que el resto de autonomías pierden el 10% de la recaudación de este tributo (porcentaje muy superior al de patrimonio o IRPF), la pérdida rondaría los 220 millones de euros. En total, pues, la influencia del terrorífico 'dumping' fiscal de la Comunidad de Madrid solo llegaría a —tirando por lo alto— 1.000 millones de euros anuales (los cuales, por cierto, apenas tendrían incidencia en Cataluña según los autores: una región que perdería poco más de 60 millones de euros de ingresos por la competencia fiscal de Madrid).

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¿Son esos 1.000 millones de euros al año una afrenta radical contra el resto de regiones que justificaría la urgente armonización fiscal que desea imponer Montero o, alternativamente, que haría exigible una compensación desde Madrid a las autonomías de régimen común? Pues no, por dos motivos fundamentales.

Primero, la autonomía fiscal también incluye la autonomía para diferenciarse y competir tributariamente contra el resto de burocracias regionales: del mismo modo que Portugal, en el uso de su autonomía fiscal, ha decidido suprimir patrimonio y sucesiones, Madrid, en idéntico uso de su autonomía fiscal, ha decidido suprimir patrimonio, bonificar sucesiones y rebajar tímidamente el IRPF. Lo que los políticos de otras autonomías deben hacer —no digamos ya los políticos independentistas que reclaman hipócritamente el respeto al autogobierno propio y el cercenamiento del autogobierno ajeno— es respetar las preferencias fiscales que los madrileños han expresado sistemáticamente en las urnas durante dos décadas.

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Segundo, porque Madrid ya está transfiriendo anualmente 20.000 millones de euros al resto de autonomías a través del (injusto) sistema de financiación autonómico y del reparto discrecional que efectúa el Gobierno central a través de los Presupuestos Generales del Estado. Quien engulle los ingresos del resto de autonomías no es Madrid, sino que son la mayoría de autonomías (a excepción de Cataluña y Baleares) quienes se apropian del dinero de los madrileños. Ya que cada año los ciudadanos de Madrid transfieren al resto de España 20.000 millones de euros (unos 3.000 euros por ciudadano), qué menos que permitirles que internamente al menos escojan los impuestos que desean mantener o que prefieren eliminar.

En definitiva, Madrid tendría pleno derecho a hacer 'dumping' fiscal al resto de autonomías dentro del uso de sus competencias tributarias, pero, a la hora de la verdad, las consecuencias prácticas en materia recaudatoria están siendo ínfimas (sobre todo, una vez tenemos en cuenta la enorme aportación que cada año realizan los madrileños al resto de España). Vía muerta para el populismo armonizador.