¿Son regresivos los tipos reducidos del IVA?

Titulaba recientemente 'Cinco Días' que el 4% de los contribuyentes con rentas más altas acapara el 36% del ahorro fiscal derivado de los tipos reducidos y superreducidos del IVA. El titular, que se ha viralizado entre determinados sectores de la izquierda para poner de manifiesto la injusticia de este beneficio tributario, es incorrecto: tal como se observa en el gráfico que acompaña a la propia noticia y que ha sido extraído del 'Spending Review' de la AIReF, quienes acaparan el 36% del ahorro fiscal son las dos últimas decilas de familias, esto es, el 20% de los hogares con mayores ingresos (no el 4% de los contribuyentes).

No obstante, que la relación entre beneficiarios y beneficios no sea tan exagerada como la contenida en el titular de 'Cinco Días' (“el 4% recibe el 36”) no significa que la distribución de los beneficios no caiga sobreproporcionalmente en manos de los hogares con mayores ingresos: la propia AIReF recordaba que el 60% del ahorro derivado de los tipos reducidos del IVA iba a parar al 40% de hogares con mayores ingresos (o, dicho de otro modo, el 60% de hogares con menores ingresos solo obtenía el 40% de tales beneficios fiscales).

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La razón es sencilla de comprender: aunque los tipos reducidos y superreducidos se introdujeron —supuestamente— en aquellos bienes que más pesan dentro de la cesta de la compra de los hogares con menor renta para así aligerar el tipo efectivo de IVA que estos soportan, a la hora de la verdad los hogares de renta alta gastan más, en términos absolutos, en estos bienes. De ahí que el ahorro fiscal termine siendo mayor para las rentas altas que para las rentas bajas.

Sin embargo, lo anterior no significa que la existencia de tipos reducidos dentro del IVA sea regresiva desde un punto de vista distributivo: para que fuera regresiva, el ahorro fiscal debería ser mayor para las rentas altas no solo en términos absolutos, sino también en términos relativos (respecto a sus ingresos totales). Por ejemplo, si el sujeto A ingresa 10 y el sujeto B ingresa 100, la distribución de la renta es de 1:10; si A recibe una transferencia de 1 y B recibe una transferencia de 2, el individuo 'rico' ha obtenido una transferencia pública que duplica la del individuo 'pobre', pero la desigualdad se habrá reducido (la distribución final de la renta será de 11 para el individuo A y de 102 para el individuo B, esto es, una relación de 1:9,27). Esto es así porque el individuo A ha recibido una transferencia equivalente al 10% de sus ingresos, mientras que el individuo B solo una equivalente al 2% (si, en cambio, el individuo B hubiese recibido una transferencia de 11, la desigualdad habría aumentado hasta 1:10,1).

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La propia AIReF, cuando analiza los efectos distributivos de los tipos reducidos del IVA sobre los distintos bienes a los que se aplica, reconoce que todos ellos contribuyen a rebajar la desigualdad: unos mucho más que otros (por ejemplo, el tipo superreducido sobre el pan contribuye a minorar el Gini en 0,015 puntos, mientras que el tipo reducido a la hostelería, apenas 0,002 puntos), pero todos la disminuyen. Por consiguiente, los tipos reducidos del IVA no son regresivos: como mucho, podremos decir que algunos de ellos no son especialmente eficientes a la hora de reducir la desigualdad, pero ninguno de ellos la incrementa.

Conviene tener esto último presente, porque a lo largo de los próximos meses viviremos —ya lo estamos viviendo en parte— una intensa campaña mediática dirigida a justificar ante la opinión pública la subida del IVA que prepara el Ejecutivo para 2022. La idea de fondo —como ya se desprende del titular de 'Cinco Días'— es que, en última instancia, los tipos reducidos del IVA perjudican a las rentas bajas por cuanto benefician sobreproporcionalmente a las rentas altas. Y, al menos en teoría, es cierto que una supresión de los tipos reducidos del IVA podría terminar beneficiando a las rentas bajas si la recaudación adicional se canalizara hacia ellas en mayor medida que en la actualidad.

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Pero no confundamos la realidad con los auténticos deseos del Gobierno: por un lado, es altamente improbable que la recaudación adicional se canalice hacia las rentas bajas dentro de un Estado crecientemente gerontocratizado (esto es, un Estado que, por mera aritmética electoral, irá transfiriendo cada vez más gasto hacia la tercera edad); por otro, esa transferencia en favor de las rentas bajas podría efectuarse rebajando otros impuestos que afecten sobreproporcionalmente a las rentas bajas, y no con aumentos discrecionales —y clientelizadores— del gasto.

En definitiva, aunque podría haber buenas razones —incluso desde un prisma liberal— para eliminar los tipos reducidos del IVA sobre varios productos, no nos engañemos: el escenario más verosímil es que el Gobierno termine eliminándolos en perjuicio neto de las rentas bajas con el único objetivo de cebar el tamaño del Estado en favor de aquellos colectivos (l'obbies' incluidos) mejor conectados políticamente. Que sectores cada vez más amplios de la izquierda estén criticando los tipos reducidos del IVA (precisamente ahora, y no hasta ahora) solo es un síntoma de que el Gobierno de PSOE-Podemos está decidido a acabar con ellos y necesita ir preparando el terreno.