¿Es cara la factura eléctrica por culpa de la privatización?
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Juan Ramón Rallo

Laissez faire

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¿Es cara la factura eléctrica por culpa de la privatización?

Aun cuando existiera un oligopolio eléctrico que ejerciera un enorme poder de mercado sobre la factura de la luz, su influencia únicamente se notaría sobre parte del 25% del precio

placeholder Foto: Una bombilla. (Pixabay)
Una bombilla. (Pixabay)

Los altos, y crecientes, precios de la electricidad en España han despertado las iras de amplios sectores de la ciudadanía. Algunos culpan a la nueva factura establecida por el Gobierno (que si bien encarecerá los precios para más de nueve millones de usuarios, no lo hará para todos los restantes y que, en todo caso, no es la causa de que los precios se hayan disparado en los últimos meses). Otros, al oligopolio que poseen las eléctricas a raíz de la privatización del mercado a partir de 1997 y que les permite lucrarse manipulando los precios.

Esta última explicación resulta muy conveniente para todos aquellos que no desean afrontar la realidad: a su juicio, el grueso de la factura eléctrica no son costes que deban ser cubiertos con ingresos, sino beneficios extraordinarios que se embolsan las eléctricas y que podrían suprimirse. En tal caso, con un poco de intervencionismo estatal que ponga firmes a estas grandes corporaciones, se podría abaratar la luz para el conjunto de la población sin que salgan perjudicados más que unos pocos oligarcas.

La realidad, empero, no casa enteramente bien con ella. Tal como nos recuerda la CNMC, actualmente el importe de la factura eléctrica se divide en seis grandes componentes: el coste de la energía, los peajes de transporte y distribución, el margen de beneficios de la comercializadora, el alquiler del equipo de medición, los recargos por política energética y los impuestos. A su vez, la partida del coste de la energía podemos dividirla en coste de la energía en el mercado diario, coste de servicios de ajuste, pagos por capacidad, operador del sistema y operador del mercado. Los recargos por política energética pueden dividirse adicionalmente en retribución renovable, extracoste de producción no peninsular y anualidades del déficit. Y, por último, los impuestos pueden dividirse en impuesto especial sobre la electricidad e IVA del 21%.

Foto: Comprueba con la curva de precios de la luz qué electrodomésticos cuestan más en horario punta (iStock)

De todas estas partidas que componen la factura de la luz, solo las cuatro primeras forman parte estrictamente de cualquier sistema eléctrico: los recargos por política energética y los impuestos son perfectamente prescindibles y, en consecuencia, cabe describirlos como el resultado de arbitrarias decisiones gubernamentales que encarecen el precio de la electricidad. ¿Y cuál es el peso de esas dos partidas prescindibles y arbitrarias sobre el precio final de la electricidad que abonan los consumidores? Pues, según los propios cálculos de la CNMC, entre el 51% y el 54%: es decir, más de la mitad de la factura de la luz es fruto de injerencias políticas no relacionadas estrictamente con la generación, suministro y comercialización de la electricidad. En ese campo, el famoso oligopolio eléctrico influye poco: son los políticos quienes han decidido que paguemos el doble de lo que alternativamente podríamos pagar.

Ahora bien, no pensemos que la otra mitad de la factura eléctrica —aquellos costes que existirían en cualquier sistema eléctrico— se determina enteramente en el mercado y que, por tanto, es susceptible de manipulación por el oligopolio eléctrico. Tal como también constata la CNMC, solo hay tres elementos en cuya fijación de precios el Gobierno no interviene: el coste de la energía en el mercado diario, el coste de servicios de ajuste y el margen de beneficio de la comercializadora. Todos los otros precios (incluidos, claro está, los recargos políticos y los impuestos ya mencionados) están regulados directamente a través del BOE. ¿Y cuál es el peso de todos esos costes regulados sobre el precio final de la electricidad que abonan los hogares? Nuevamente, según la CNMC, más del 75%.

Foto: El presidente Pedro Sánchez, la ministra Teresa Ribera y el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. (EFE)

Por consiguiente, aun cuando existiera un oligopolio eléctrico que ejerciera un enorme poder de mercado sobre la factura de la luz, su influencia únicamente se notaría sobre parte del 25% del precio final. Y, recordemos, ese 25% no podemos eliminarlo por entero (ni siquiera en su mayor parte), dado que se trata sobre todo de costes de producción energéticos que subsistirían aun cuando nacionalizáramos todas las centrales eléctricas: entre esos costes, sobresale cada vez más, por cierto, el de los derechos de emisión de CO₂, el cual también es indirectamente establecido por los políticos de Bruselas.

¿Cuál es, en suma, el margen real para abaratar la factura de la luz sin meterle mano —como no se quiere meter— a los impuestos, a los recargos de política energética o a los derechos de emisión de CO₂? A corto-medio plazo, casi ninguno (a medio-largo plazo, conforme desaparezcan los recargos de política energética y el coste de generación siga reduciéndose, sí lo habrá, si bien no por ningún mérito gubernamental). Pero nada de eso evitará que los populistas sigan mintiéndonos al prometernos que bajarán sustancialmente el precio de la luz metiendo en vereda al oligopolio eléctrico o renacionalizando el sistema.

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