PSOE y Podemos institucionalizan la reforma laboral del PP

Al final, la montaña parió un ratón. Después de casi una década demonizando la reforma laboral aprobada por el PP en 2012, PSOE y Unidas Podemos han actuado como fontaneros para amasar un gran consenso nacional —a izquierda y derecha, entre patronales y sindicatos— alrededor de los dos principios básicos que conformaron esa reforma laboral: a saber, el abaratamiento del coste del despido y el aumento de la flexibilidad interna de las empresas. No en vano, prácticamente ninguna de las medidas nucleares que implementó esta reforma han sido derogadas. Recordemos cuáles fueron los principales cambios establecidos en 2012:

1. Reducción del coste del despido improcedente desde 45 días por año trabajado con un límite máximo de 42 mensualidades a 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades.
2. Ampliación y flexibilización de las causas de despido objetivo (20 días por año trabajado con un límite máximo de 12 mensualidades).
3. Expedientes de regulación de empleo sin necesidad de aprobación administrativa.
4. Prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial.
5. Supresión de la ultraactividad de los convenios.
6. Habilitación del descuelgue del convenio colectivo por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción.
7. Introducción del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, el cual posibilita la modificación sustancial de las condiciones laborales (incluyendo el salario, la jornada o las funciones del trabajador) siempre que concurran circunstancias que mermen la competitividad o la productividad de la empresa.

Pues bien, de estos siete apartados fundamentales, PSOE y Podemos solo han derogado uno de ellos y parte de otro: concretamente, se ha restablecido la ultraactividad de los convenios colectivos (que, en cualquier caso, ya había sido pactada y se hallaba vigente en la mayoría de convenios de nuestro país sin necesidad de que viniera impuesta por ley) y se ha vuelto a forzar la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial en lo relativo a las tablas salariales (de modo que todas las otras materias contenidas en los convenios seguirán siendo reguladas por los convenios de empresa allí donde existan). Dicho de otro modo, ni se cuestiona el abaratamiento del despido instaurado por la reforma de 2012, ni tampoco la mayoría de medidas que incrementaron la flexibilidad interna en las empresas.

Opinión

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Desde luego, uno puede deplorar que hayamos dilapidado otra oportunidad para corregir los problemas cruciales de nuestro mercado laboral —la alta tasa de paro estructural, la elevada tasa de temporalidad o el estancamiento de nuestra productividad—, pero también hemos de tomar cierta perspectiva de cuál era el horizonte al que nos enfrentábamos. No solo se trataba de que PSOE y Podemos, en sus diversos actos públicos, no cesaban de proclamar que aspiraban a derogar completamente la reforma laboral del PP, sino que, además, en el acuerdo de gobierno entre ambas formaciones políticas, se postulaba también lo siguiente:

• Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.
• Limitaremos la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa.
• Revisaremos el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.

Ninguna de estas tres amenazas, por fortuna, ha llegado a materializarse (salvo, como decimos, de manera muy parcial la prioridad de las tablas salariales de los convenios sectoriales sobre los de empresa). Probablemente, y como algunos ya tuvimos ocasión de exponer, la condicionalidad de la Unión Europea para entregarnos los 70.000 millones de euros haya tenido mucho que ver, además de las presiones internas que haya podido ejercer Nadia Calviño como vicepresidenta primera del Gobierno. Pero, dejando de lado cuál haya sido la trastienda de esta renuncia efectiva a derogar la reforma laboral de 2012, lo cierto es que esa reforma laboral ya se ha convertido, con muy escasas enmiendas, en el nuevo marco laboral de España apadrinado por PSOE y Podemos. Lejos de derogarla, la han institucionalizado.