Podemos aboga por expropiar Inditex a Amancio Ortega

Unidas Podemos ha presentado en el Congreso su plan fiscal contra los superricos. Se trata de un paquete de medidas dirigido a conseguir que las grandes fortunas de este país tributen más de lo que ya lo están haciendo. Entre todas ellas, quizá la propuesta estrella dentro de este 'pack' sea la de establecer tipos verdaderamente agravados en el impuesto sobre el patrimonio: concretamente, un tipo impositivo del 3,5% para aquellas personas con un patrimonio superior a 100 millones de euros.

Pero ¿qué representa apenas un 3,5% de impuestos para uno de esos superricos que tanto capital poseen? El porcentaje parecería ser ciertamente diminuto, pero conviene recordar que estamos hablando de un porcentaje sobre el valor patrimonial, no sobre los ingresos corrientes, del contribuyente. En el actual clima de bajos tipos de interés (veremos si en el futuro ese clima cambia), la rentabilidad de la mayoría de inversiones apenas alcanza entre el 2% y 4% anual (salvo que se asuman riesgos correspondientemente mayores) de modo que un impuesto del 3,5% sobre el patrimonio supondría en muchos casos una confiscación cercana (o superior) al 100% de la renta.

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No estamos hablando de ciencia ficción, sino de realidades tangibles. El propio ejemplo que ha puesto Echenique para defender su propuesta resulta suficientemente elocuente: “Una de las propuestas de nuestra reforma fiscal es que las fortunas de más de 100 millones paguen un 3,5% de patrimonio. Esto llevaría, por ejemplo, a Amancio Ortega a pagar unos 2.300 millones al año”.

En efecto, el patrimonio de Ortega supera los 60.000 millones de euros y está esencialmente concentrado en su participación accionarial en Inditex (si bien el peso de sus inversiones inmobiliarias en Pontegadea aumenta con el paso del tiempo). Los ingresos personales por dividendos de Inditex que obtuvo Amancio Ortega en 2021 ascendieron a 1.293 millones de euros, frente a los 646 de 2020 o los 1.626 de 2019. Es decir, que de haber estado en vigor el impuesto al patrimonio que propugna Podemos, Ortega tendría que haber abonado un tipo impositivo de casi el 200% en 2021 y del 350% en 2020 sobre sus ingresos.

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Pero ¿cómo va a ser posible que una persona abone en impuestos mucho más de lo que ha ingresado durante el año en curso? Desde luego, no a partir de sus ingresos, que serían cuantitativamente insuficientes: la única forma que tendrían de hacer frente a tales obligaciones fiscales aquellos contribuyentes que se hallen en una situación similar a la de Ortega sería liquidando progresivamente su patrimonio: en el caso que nos ocupa, vender parte de su cartera de acciones de Inditex para hacer frente a lo que le reclama el fisco. La consecuencia, como es obvio, sería que a medio plazo Inditex dejaría de ser propiedad de Amancio Ortega: le habría sido arrebatada por la fuerza fiscal.

Huelga decir que ese escenario no llegaría a darse, porque es harto probable que, ante semejante trance, Amancio Ortega trasladara su residencia fiscal a uno de los muchísimos países del mundo que no solo cuentan con tipos impositivos más moderados en patrimonio, sino que ni siquiera tienen un impuesto sobre el patrimonio. Por ejemplo, nuestro vecino Portugal. Y aun cuando ese no fuera el caso, aun cuando todos los países se coordinaran para establecer un impuesto de patrimonio altísimo, no cabría más que denunciar que se trataría de una confiscación (expropiación sin compensación) que debería resultar intolerable en cualquier sociedad mínimamente liberal.

Pero es que ese es precisamente el objetivo real de este tributo impulsado por Podemos: no amasar recaudación adicional para el Estado (algo que sucedería solo en cantidades muy modestas y no desde luego a costa de los más ricos, quienes saldrían rápidamente del país), sino socavar las bases económicas y morales del capitalismo. A saber, socavar el derecho de propiedad privada desde su misma raíz para convertirlo en una concesión temporal del Estado: lo que tienes no es tuyo, sino que tiene que serle poco a poco reintegrado al Estado hasta desaparecer.