Óscar Puente, contra el rigor y contra la educación

Un Estado de Derecho no debería normalizar que los políticos ataquen e insulten a ciudadanos particulares por el mero hecho de que les desagraden sus ideas. Los gobernantes no son los amos y señores de los gobernados, sino supuestamente sus servidores: y por ese motivo deberían tratarlos con respeto y educación incluso en el supuesto de que los gobernados los hubiesen interpelado de malos modos. Los cargos conllevan cargas y ésa, el respeto escrupuloso de quien detenta temporalmente el poder hacia quienes quedan sujetos a ese poder, debería ser una de las más elementales. Son los ciudadanos quienes han de controlar al poder y no el poder a los ciudadanos.

El ministro de Transporte Óscar Puente jamás se ha caracterizado por su prudencia y civilidad. Pese a favor parte de un Gobierno que pretende sancionar los bulos y que dice querer expulsar el insulto de la vida pública, Puente usa y abusa del verbo zafio para, en demasiadas ocasiones, ocultar su vacío argumental. Ayer, desde luego, no hizo una excepción a esta tan arraigada costumbre personal.

Como es sabido, la población ocupada en España se incrementó en más de 400.000 personas durante el segundo trimestre de 2024, lo cual pone nuevamente de relieve la coyuntura dulce por la que está atravesando nuestra economía (no tanto en términos de mejora de la renta per cápita o de las condiciones, pero sí de actividad agregada). En realidad, pocas otras conclusiones pueden extraerse de la evolución del dato agregado de empleo: por ejemplo, para conocer los efectos específicos que haya podido tener sobre la ocupación alguna política económica concreta (como la reforma laboral, la subida del salario mínimo, la bajada del IVA al aceite de oliva o la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio en cada vez más regiones de España) habría que aislar su influencia del resto de variables que también contribuyen a determinar el nivel de empleo. Del mismo modo que sería absurdo afirmar que el Covid no mató a nadie en España por el ramplón hecho de que la población total del país sea hoy superior a la de 2019 (como si la única variable que influyera sobre la población total fuera el Covid), también sería absurdo afirmar que la influencia sobre el empleo de la reforma laboral, del SMI o de las bajadas de impuestos ha sido positiva por el ramplón hecho de que la ocupación agregada esté incrementándose (como si la única variable que influyera sobre la ocupación agregada fuera alguna de las anteriores).

Pues bien, el ministro Puente –que no es ministro ni de Economía ni de Trabajo, sino de Transportes y, por tanto, no es ni funcional ni doctrinalmente competente para hablar sobre esta cuestión– ha pretendido establecer algún tipo de relación causal entre los buenos datos del empleo en España y la subida del salario mínimo aprobada por el PSOE en 2019. Esto fue lo que escribió ayer en su cuenta de X: "Un gran día para estos dos astros la economía fetén, que es la liberal-pijo-conservadora. En manos como estas estaríamos, de no estar en las de este gobierno". Y a renglón seguido enlazó el título de un artículo que publiqué en este periódico en 2021 y en el que resumía la investigación realizada dentro del Banco de España a propósito de los efectos sobre la ocupación de la subida del SMI en 2019: "Subir el salario mínimo sí destruye empleo en España".

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Justamente, los investigadores del Banco de España trataron de aislar, en ese estudio, la influencia del SMI sobre el empleo y, al hacerlo, concluyeron que, entre el empleo destruido y el dejado de crear, la subida de 2019 provocó que España terminara 2019 con entre 100.000 y 170.000 empleos menos de los que hubiese podido tener. Con posterioridad, ha habido otros estudios que, usando metodologías ligeramente distintas, han llegado a conclusiones cuantitativamente diferentes pero que, en casi todos los casos, apuntaban hacia una destrucción (mayor o menor) de empleo: vergibracia, el estudio de la Fundación Iseak, encargado por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, cifró la destrucción de empleo en menos de 30.000 puestos de trabajo (si bien no trató de medir, como sí hacía el Banco de España, los que se dejaron de crear). Por consiguiente, cabrá argumentar que tales pérdidas de empleo (sean 30.000, 100.000 o 170.000) son un pequeño peaje a pagar a cambio de la mejoría del salario de los cientos de miles de personas afectadas que conservan su puesto de trabajo, pero ahí ya entramos en el campo de los juicios normativos (¿debemos subir el SMI) y no de los juicios descriptivos (¿cuáles son los efectos de subir el SMI?).

Como es obvio, Óscar Puente no pretende entrar en semejantes disquisiciones doctrinales. Tampoco busca evaluar con el más mínimo rigor cuál ha sido el efecto de la subida del salario mínimo en España en 2019. Ni siquiera parece ser consciente de que el salario mínimo lleva congelado en nuestro país en términos reales desde 2020 (una vez descontada la inflación, el salario mínimo real de 2024 está al mismo nivel, o ligeramente por debajo, del alcanzado en 2020), acaso porque el gobierno del que forma parte sea consciente de que subir sustancialmente el SMI real tendría efectos negativos sobre el empleo.

El ministro de Transporte Óscar Puente jamás se ha caracterizado por su prudencia y civilidad

No, a Óscar Puente no le interesa nada de todo lo anterior: solo busca embarrar y descalificar, aun mediante toscas manipulaciones, a quienes no compartimos sus ideas y los intereses corporativos de su partido. La prueba más evidente es que sus ataques y descalificaciones han tenido lugar no sólo sin que yo le haya interpelado al respecto (¿cuándo hemos aceptado con tanta resignación que un ministro insulte gratuitamente a ciudadanos particulares?) y, sobre todo, teniéndome bloqueado en su red social y, por tanto, impidiéndome que pueda replicarle en el mismo foro en el que me ha atacado cobardemente. Sus palabras deberían resultar indignas para cualquier persona mínimamente honesta, rigurosa y decorosa: pero, en el caso de un ministro, tal actitud matonil y ponzoñosa debería resultarle intolerable a cualquier ciudadano que no se haya convertido o en un súbdito o en un cómplice de estos nuevos oligarcas.