Subir el salario mínimo sí destruye empleo en España

Es verdad que subir el salario mínimo no tiene por qué destruir empleo. Los empresarios cuentan con otras vías de ajuste, distintas de la reducción de la ocupación, para digerir tal sobrecoste: por ejemplo, supresión de otros beneficios en especie, intensificación de la jornada laboral, aumento de los precios de sus mercancías o incluso claudicación y estrechamiento de sus márgenes de beneficio. De hecho, bajo ciertos supuestos (como hallarnos en un mercado monopsónico), el SMI podría llegar a crear empleo.

Sin embargo, que las leyes de salario mínimo no tengan por qué destruir empleo no significa que no vayan a hacerlo. El argumento tradicional de que elevar el salario mínimo por encima de la productividad marginal de un trabajador lo puede condenar al desempleo sigue siendo potencialmente válido. De ahí que convenga analizar sobre el terreno cuáles son los efectos que está generando.

Así las cosas, el Banco de España ya estudió hace unos años cuáles fueron los efectos del incremento del salario mínimo en un 8% durante 2017: 12.500 trabajadores perdieron su empleo a raíz de esta subida y el conjunto de la masa salarial no creció. Es decir, que lo poco que ganaron de más quienes conservaron su empleo no compensó lo mucho que dejaron de ingresar quienes lo perdieron. A la luz de esta experiencia pasada, cabía pensar que el incremento del salario mínimo del 22% en 2019 arrojaría unos resultados similares, pero de mayor magnitud: y eso es lo que también ha hecho el Banco de España en un informe que acaba de publicar.

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En esta ocasión, sin embargo, el banco no se ha limitado a estimar cuántos trabajadores que contaban con empleo lo han perdido a consecuencia del SMI, sino también cuántos han pasado de un trabajo a jornada completa a uno a jornada parcial, y cuántos parados han dejado de encontrar empleo por culpa del mayor salario mínimo. El resultado es que entre el 6% y el 11% de los trabajadores afectados por el nuevo salario mínimo se quedaron sin empleo (ya sea porque la probabilidad de conservar su empleo o la probabilidad de salir del desempleo se redujeron), lo que significa que entre 90.000 y 170.000 trabajadores quedaron total o parcialmente fuera del mercado laboral.

Al mismo tiempo, claro, algo más de 1,4 millones de trabajadores mantuvieron sus empleos y vieron incrementar sus salarios hasta el nivel fijado por el SMI. En este caso, el Banco de España no nos ofrece una estimación sobre cómo ha evolucionado la masa salarial agregada, esto es, si lo que ganan de más quienes mantienen el empleo compensa la situación de paro o de parcialidad de quienes conservaron su puesto de trabajo. Sin embargo, cabe pensar que aproximadamente habrá sido lo comido por lo servido: si esos 1,4 millones de trabajadores han obtenido una ganancia salarial media de 100 euros mensuales (no todos ellos cobraban el SMI de 2018), la masa salarial se incrementaría en unos 1.700 millones de euros; si, a su vez, los 170.000 trabajadores potencialmente afectados perdieron de media 750 euros mensuales (no todos ellos fueron al desempleo, sino que algunos pasaron a empleos de tiempo parcial), la masa salarial caería por ese lado en unos 1.500 millones de euros, de modo que al final la ganancia salarial apenas sería de unos 200 millones de euros (en realidad, de bastante menos, porque estos datos no tienen en cuenta los efectos sobre los trabajadores agrarios o sobre las empleadas del hogar)

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Poca ganancia para la que ha sido la política social estrella adoptada por la alianza parlamentaria (precoalición gubernamental) de PSOE-Podemos. Máxime si tenemos en cuenta que el grueso del efecto redistributivo es desde trabajadores que cobraban el salario mínimo y han dejado de cobrarlo a otros trabajadores que también cobraban el salario mínimo y siguen cobrándolo (si adoptáramos el lenguaje de la izquierda, diríamos que es una redistribución 'de pobres a pobres', aunque el asunto es más complejo, dado que no todos los perceptores de salarios mínimos integran hogares pobres). Al final, pues, si queremos expandir los salarios y las oportunidades laborales de los españoles, no podemos fiarlo todo (ni siquiera una parte significativa del todo) a los decretos gubernamentales que imponen mayores salarios en el conjunto de la economía. Entre otras cosas, porque, a tenor de las cifras que acabamos de conocer, ya no contamos con más margen para subir el SMI sin incrementar previamente la productividad.

Porque la clave es esa: necesitamos que la política promueva (o mejor, deje de obstaculizar) aumentos sostenidos de la productividad, que son los que a medio plazo pueden transformarse en mayor creación de empleo y en salarios más elevados. Abusar de las subidas del salario mínimo desatendiendo todos los otros problemas del mercado laboral es un atajo contraproducente al que solo recurriría un hatajo de populistas.