El mejor momento de Milei

Argentina está viviendo su momento financieramente más dulce del último lustro. Por un lado, el riesgo país —la prima de riesgo argentina— ha caído hasta el entorno de los 1.100 puntos básicos cuando hace apenas un año superaba los 2.600 y ya es la más reducida desde 2020; por otro, la tasa de inflación intermensual también se ha moderado hasta el 3,5% en septiembre, muy por debajo del 12,7% que marcó en septiembre de 2023 y la menor desde noviembre de 2021 (cuando además, a diferencia de lo que ocurre ahora, la economía estaba plagada de numerosos controles de precios). Ambos datos, pues, ponen de manifiesto la creciente confianza en los pasivos de la República Argentina por parte de la comunidad inversora: la demanda de bonos y de moneda del Estado se ha elevado porque se juzga que tales activos se han vuelto más valiosos porque su probabilidad de impago (vía repudio de la deuda o vía inflación futura) se ha reducido.

O expresado de otro modo, la renovada confianza del mercado en Argentina no es fruto de la casualidad, sino del profundo saneamiento financiero del Estado llevado a cabo por Javier Milei: el libertario se ha mantenido imperturbablemente firme en su defensa del superávit presupuestario que logró en su primer mes de mandato y, gracias a él, ha revertido las dinámicas bajistas en que se estaban hundiendo esos pasivos. La innegociabilidad de ese superávit presupuestario, de hecho, se ha puesto recientemente a prueba con el veto presidencial de Milei —más tarde respaldado por el Congreso— a dos medidas del legislativo que buscaban reventar el déficit cero: la elevación del gasto en pensiones y en transferencias a las universidades públicas. La pétrea resistencia de Milei a la degeneración fiscal le ha otorgado un plus de credibilidad ante los acreedores: no solo comenzó cumpliendo, sino que ha continuado cumpliendo.

Y acaso se piense que este rotundo saneamiento del Estado argentino se ha logrado a costa del estallido de la pobreza porque, en efecto, el Indec ha constatado que, en el primer semestre de 2024, la tasa de pobreza se disparó desde el 41,7% de la población al 52,9% (su cifra más elevada en 20 años). Sin embargo, la mayor parte de este incremento de la pobreza se ha debido no a la recesión provocada por los recortes del gasto (la economía ya estaba en recesión en 2023), pues estos no han tenido una incidencia significativa en el número de desempleados, sino en el fuerte fogonazo inflacionista experimentado por la economía tras la devaluación del peso en diciembre de 2023 (una devaluación que era inevitable, pues encontraba su causa en la enorme brecha cambiaria que el peronismo le legó a Milei) y que impactó de un modo muy negativo sobre los ingresos reales de los argentinos.

Desde hace seis meses, empero, esos ingresos reales ya se están recuperando gracias a la moderación de la tasa de inflación y, precisamente por eso, la tasa de pobreza también está empezando a caer: si en el primer trimestre de 2024 fue del 54,8%, en el segundo ya se redujo al 51%; y las mediciones adelantadas están anticipando que se ubicará en el 49,7% en el tercero. Si la actividad económica rebota —como parece que ya ha empezado a hacerlo— y los salarios reales siguen en aumento, entonces la pobreza continuará bajando dentro de un entorno macroeconómicamente saneado y, por tanto, sostenible. Con todo, para que el entorno macroeconómico esté realmente saneado, todavía restan dos importantes retos que el gobierno de Milei deberá afrontar a lo largo de los próximos meses.

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El primero es conseguir refinanciar los enormes volúmenes de deuda pública que vencen en 2025: 21.200 millones de dólares, de los cuales 11.300 millones son deuda en manos de inversores privados y 9.900 millones con organismos extranjeros (como el FMI o el gobierno chino). Aunque Argentina tenga superávit, eso no le sirve para amortizar toda su deuda viva de golpe, sino solo para dejar de incrementarla (y acaso ir reduciéndola poco a poco), de ahí que le resulte imprescindible buscar refinanciación: sin ella —o con ella, pero a unos tipos de interés muy altos—, el país caería en la suspensión de pagos y todo el saneamiento financiero logrado hasta la fecha se vendría abajo.

El segundo es el levantamiento del cepo cambiario: ahora mismo, los ciudadanos argentinos no pueden comprar libremente dólares y, a su vez, los exportadores están obligados a vender, al tipo de cambio oficial, los dólares que compran. El cepo es un control de capitales que está estrangulando la capacidad de crecimiento del país, dado que obstaculiza la repatriación de capitales en favor de los inversores extranjeros. Levantar el cepo, pues, es una tarea pendiente de un gobierno que se dice libertario y que, en consecuencia, se opone a este tipo de controles de capitales.

Opinión

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Si no lo ha hecho en su primer año de mandato es porque se quiere evitar una fuerte e incontrolada depreciación del cepo que ponga en riesgo la estabilización de la inflación y, por ende, de la demanda de dinero. O expresado de otro modo, cuanto más estabilizado financieramente esté el país, menor será la fuga de capitales desde el peso hacia el dólar una vez liberado el cepo y, por tanto, menor será la depreciación. Sin embargo, también el cepo dificulta la estabilización financiera: para refinanciar los vencimientos de deuda pública en condiciones razonables, será necesario atraer financiación foránea y, para hacerlo, ayudaría mucho levantar el cepo.

En suma, como señalábamos al principio, Argentina está en el momento macroeconómico más dulce de toda la etapa Milei y probablemente del último lustro. Pero, aun así, los retos venideros no son menores: y no pueden serlo porque la economía que se encontró el libertario era una bomba de relojería manufacturada por la misma casta política que se especializó en parasitar a los argentinos durante décadas. Desactivarla completamente no es una cuestión ni de días, ni de meses, sino de años.