La 'nueva' Ley Concursal o el cuento de nunca acabar

El 1 de septiembre entrará en vigor el nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal, que no es sino un escalón más en la maraña de reformas legislativas que ha padecido esta joven ley

Foto: Imagen: Pixabay.
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El Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, aprobaba el Texto Refundido de la Ley Concursal. O 'nueva Ley Concursal', como ya se la conoce, aunque en realidad el texto no obedece a otro objetivo que el de refundir, armonizar, clarificar y ordenar la confusa legislación concursal. Y lo hace ahora, coincidiendo con una de las peores crisis económicas de la era reciente, un momento en el que se estima que España podría sufrir el mayor número de concursos de su historia, por encima incluso de los sufridos en la reciente crisis que dio comienzo en el año 2008.

En aquella crisis, quedó patente algo que ya muchos expertos venían advirtiendo: la ansiada Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal no satisfacía lo que de ella se esperaba cuando entró en vigor en el año 2004 (curiosamente, también el 1 de septiembre). La Ley Concursal de 2003 se aprobó para sustituir una arcaica y dispersa normativa anterior sobre suspensión de pagos y quiebra (algunas normas estaban vigentes desde 1829, y otras, como la Ley de Suspensión de Pagos de 1922, se promulgaron con carácter provisional), regulación que era a todas luces insuficiente para dar solución a las situaciones actuales de insolvencia empresarial.

La Ley Concursal de 2003 nació con una doble vocación: dar respuesta a los acreedores de la concursada, a fin de hacer efectivos sus derechos de créditos en la medida de lo posible, y lograr la subsistencia de la empresa cuando ello fuera viable. Pero ni lo uno ni lo otro se consiguió. De hecho, se estima que una vez declarado el concurso, apenas un 5% de empresas sobreviven, una cifra muy inferior a la de los países de nuestro entorno.

La Ley Concursal se alumbró sin comprender la realidad empresarial a la que debía ser aplicada, sin considerar, por ejemplo, que la inmensa mayoría de empresas en nuestro país son pymes. La crisis económica de 2008 sometió a la ley a una prueba que no pudo superar, lo que llevó al legislador a hacer reformas continuas que fueron parcheando la ley y haciéndola aún más confusa: una media de dos reformas al año, la mitad de ellas de carácter sustancial. Resulta difícil encontrar una ley que en menos tiempo de vida haya sufrido más modificaciones.

La Ley Concursal se alumbró sin comprender la realidad empresarial a la que debía ser aplicada. La mayoría de nuestras empresas son pymes

Para hacer frente a esta situación, se encargó hace ya cuatro años a la Comisión General de Codificación la elaboración de un Texto Refundido de Ley Concursal, que no debía tardar mucho en ver la luz, y cuya primera propuesta se produjo el 6 de marzo de 2017. Ya entonces se decía que este nuevo texto no iba a representar solución al problema de origen de la Ley Concursal.

Según todos los indicadores, y así lo ha anunciado el Banco de España esta semana, la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus va a ser especialmente profunda en España. Y uno de los motivos es, precisamente, por el peso más elevado que las pymes tienen en nuestro país, empresas pequeñas y medianas que podrán verse afectadas como nunca antes por concursos de acreedores.

El texto refundido recién aprobado pretende reordenar toda la normativa vigente en un solo texto y dotar a este de un orden lógico, aspecto en el que se ha de reconocer que se mejora notablemente la situación existente, dedicando cada artículo a una cuestión, y evitando en lo posible la dispersión en varios artículos, a veces aparentemente inconexos, de la misma materia.

El real decreto que aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal comienza reconociendo que "la historia de la Ley Concursal es la historia de sus reformas. Es difícil encontrar una ley que, en tan pocos años, haya experimentado tantas y tan profundas modificaciones. Las esperanzas que había suscitado ese derecho de nueva planta, con la lógica aspiración a la estabilidad normativa, pronto se desvanecieron".

Desafortunadamente, nada ha cambiado, salvo un orden más lógico de los preceptos de la ley y mayor claridad en su redacción. Pero a pesar de sus evidentes mejoras, el texto refundido, aprobado con excesiva precipitación en esta coyuntura económica tan delicada, no parece que vaya a ser sino otro parche más en el camino para una ley tan importante, especialmente ahora, para la economía del país.

El real decreto lo reconoce: "Es difícil encontrar una ley que, en tan pocos años, haya experimentado tantas y tan profundas modificaciones"

Aún queda pendiente de transponer la Directiva (UE) 2019/1023, que, entre otros asuntos, trata de la reestructuración preventiva y de las medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, estableciendo mecanismos para que las empresas deudoras con dificultades financieras tengan acceso a un marco de reestructuración preventiva que les permita continuar con su actividad empresarial cuando aún son viables y evitar su insolvencia definitiva.

Se trata en definitiva de simplificar el derecho concursal, de aumentar la eficacia de los procedimientos, reducir costes, y procurar que el deudor con dificultades financieras pueda continuar su actividad empresarial, en todo o en parte. Justo lo que nos falta en este país, y que nuestra reformada legislación concursal no ha podido cumplir.

Tribuna
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