Repartir la inflación para mejorar la resiliencia

La inflación que padecemos es un problema de reparto. Nos han subido el coste de la energía de origen fósil y materias primas de las que somos dependientes y esa pérdida de bienestar hay que repartírsela. Hay dos maneras de llevar a cabo esta distribución: la salvaje o a través del mercado, y la civilizada o mediante un pacto de rentas entre empresas, trabajadores, rentistas y contribuyentes. Como fundamentalmente está operando la primera el reparto está resultado muy desequilibrado, en favor de las empresas y en contra de los hogares. Las empresas —sobre todo las grandes—, que tienen el poder de fijar los precios, han trasladado por lo general todo el aumento de sus costes a los hogares sin asumir la pérdida que les correspondería en un acuerdo de reparto.

Sobre el comportamiento ventajista de las empresas hay mucha evidencia acumulada en Europa publicada por el BCE y aquí por el Banco de España, que en su Boletín económico del tercer trimestre señaló incluso actividades que habían aprovechado el río revuelto para ir más allá y ampliar sus márgenes como es el caso del sector energético, refino, hostelerías, alimentación, inmobiliarias y transporte (artículo 11). La propia CEOE reconocía en la última memoria de situación y perspectivas del Consejo Económico y Social de España que los beneficios empresariales impulsaban la subida de los precios (pág. 170). La fuerte pérdida de poder de compra acumulada por los salarios es otro indicador de este reparto desigual y avisa sobre la doble tarea de rebajar el ritmo al que crecen los precios (la inflación) y cerrar la importante brecha que se ha abierto entre el nivel salarial y de los precios.

Hasta ahora la subida de los precios y el aumento o ampliación de los márgenes empresariales se ha podido financiar gracias al ahorro acumulado por los hogares y a la mejora en su renta operada por la creación de empleo y los programas de gasto contra la inflación del Gobierno. Pero el ahorro familiar se está agotando, el gasto público se verá sometido a presión con las nuevas normas fiscales y los tipos de interés se mantendrán altos durante un período dilatado. En este contexto cobra aún más relevancia un pacto de reparto de esfuerzos que refuerce la resiliencia de todos los agentes. Por ello el acuerdo de coalición entre Sumar y el PSOE ha puesto el pacto de rentas entre sus prioridades.

Opinión

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Carlos Martín Urriza

Sus componentes son, primero, la rebaja de los márgenes de beneficio excesivos, cuya monitorización es ahora posible gracias al Observatorio de Márgenes Empresariales y debe centrarse en la cadena alimentaria y los sectores energético y de refino. El éxito en limitar los beneficios caídos del bolsillo de los clientes de las eléctricas —que va a continuar— es una prueba de que este tipo de intervenciones funcionan. Segundo, el envío de información económica oficial, actual, completa y a medida de cada convenio colectivo provincial sectorial propiciará un reparto más equilibrado de la productividad y los esfuerzos en la lucha contra la inflación. Tercero, aproximar la inferior contribución fiscal española a la media europea proporcionará recursos adicionales para financiar durante más tiempo las medidas deflacionistas gubernamentales como las subvenciones al trasporte urbano e interurbano o las rebajas fiscales a la electricidad, gas y alimentos. Cuarto, el índice de precios de referencia servirá para detener la extracción de rentas en la vivienda. Y, por último, la portabilidad obligatoria de hipotecas entre entidades, como en su día se hizo para la telefonía móvil, romperá el corralito en el que se han visto atrapados los hogares hipotecados.

*Carlos Martín Urriza es economista y diputado en el Congreso de los Diputados por Sumar.