Lo que Cataluña nos quiere robar

Aunque el término “robar” no es el verbo que más me entusiasma, lo hago exclusivamente para rebatir el falso eslogan usado por los partidos independentistas catalanes en las dos últimas décadas de “España nos roba”. Y digo que es falso porque su argumento es que reciben servicios por importe inferior a los impuestos que se ingresan en Cataluña.

Voy a hacer algunas precisiones teóricas para después analizar algunas consecuencias económicas del concierto económico con Cataluña, que ponen de manifiesto el regalo- no voy a hablar de robo, como hacen ellos- de miles de millones de euros del Estado a esta comunidad autónoma.

Señalemos que los independentistas se olvidan de forma intencionada del principio de progresividad de los impuestos recogido en nuestra Constitución, que significa que el que más tiene, o gana, más paga. Por el contrario, no existe el principio de que el que más impuestos paga tiene que recibir más servicios públicos y prestaciones del Estado. Si se aplicara lo que dicen los independentistas catalanes, los ciudadanos de Pozuelo de Alarcón, población de Madrid con la renta per cápita más alta de España, y que, por tanto, sus ciudadanos pagan muchos más impuestos que los ciudadanos de Zahínos (Badajoz) que tiene la más baja, podrían reclamar la construcción en su población de un impresionante hospital, con todos los medios para que no hubiera listas de espera, disponer de un parque de bomberos propio, por si hay algún incendio, que en cada calle patrullaran permanentemente una pareja de policías para prevenir los robos, y que todos los hijos en edad escolar tuvieran becas y no pagaran nada por la educación. Y, aun así, a lo mejor no recibirían todo el importe de lo que han pagado en impuestos. Dicho en términos técnicos, considero que las balanzas fiscales -diferencia entre lo que paga y recibe un territorio- no se tendrían que calcular, porque los impuestos los pagan los ciudadanos y no los territorios, y dichas balanzas solo se utilizan para justificar agravios inexistentes.

Pero vayamos al acuerdo de concierto económico firmado en el mes de julio por dos partidos catalanes y que ha sido avalado, y alabado, por el Gobierno, a pesar de que durante meses negara que se fuera a firmar. Figura en el mismo que se cede el 100% de los impuestos ingresados en Cataluña, traspasando todos los medios humanos, materiales y tecnológicos de la AEAT a la Agencia Tributaria de Cataluña.

Opinión

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Desde el establecimiento en 1978 del sistema tributario regulado en la Constitución, los gobiernos han tenido éxitos, como la creación de la AEAT en 1992, y han cometido errores, como la amnistía en 2012, pero ninguno tan grave como la firma de este acuerdo, si finalmente se lleva a cabo. Resulta inconcebible la irresponsabilidad del Gobierno apoyando un acuerdo que desmonta el sistema tributario actual- normas y administraciones tributarias-, que dinamita el sistema actual de financiación de las comunidades autónomas (CCAA) -otorgando privilegios a Cataluña-, y que fracciona la AEAT, provocando graves perjuicios en la lucha contra el fraude fiscal y en los servicios que presta a los ciudadanos, tanto tributarios como sociales. A cambio de este desastre, la única ventaja conocida ha sido el nombramiento del presidente de una comunidad autónoma, y la alegría de los independentistas que después de la firma manifestaron que esta soberanía fiscal era el paso más importante para lograr la independencia.

Pero aparte de los graves perjuicios mencionados, explicados con detalle en los documentos de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, quiero hacer también mención de lo que supone este acuerdo en términos económicos. Algunas magnitudes se desconocen, por lo que necesariamente se tienen que hacer estimaciones, pero creo que merece la pena hacerlas para que los ciudadanos sepan la repercusión tan grande que va a tener, y que, por supuesto, les va a afectar. Así, si tenemos en cuenta que Cataluña representa el 19% del PIB de España, y que los impuestos ingresados en Cataluña representan el 20,78 % del total (53.000/255.000), podemos considerar que Cataluña representa en términos generales el 20%.

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Entremos ya a examinar los efectos tributarios y económicos del acuerdo.

Cataluña recauda actualmente 26.000 millones de euros de ingresos, de los que 5.000 millones corresponden a la recaudación de los impuestos propios y de los impuestos estatales cedidos (Sucesiones, ITP, Patrimonio, etc..) y los 21.000 millones restantes equivalen a la participación en los tributos estatales, en los mismos porcentajes que el resto de CCAA (50% del IRPF, 50% del IVA, 58% de los Impuestos Especiales y otros). Con la recaudación del 100% de los impuestos pasaría a ingresar 53.000 millones de euros, lo que supone duplicar sus ingresos actuales. En el acuerdo se contempla que devolverá un importe correspondiente a los gastos del Estado. Si extrapolamos, con todas las imprecisiones que eso supone, el importe de 1,467 millones anuales del cupo que pagan los vascos- que representan el 6,24% del PIB- Cataluña tendría que pagar al Estado 4.466 millones. Por otro lado, también se contempla la contribución a un fondo de solidaridad, pero con muchos condicionantes y sometido a negociación política. Podemos tomar como referencia los 2.300 millones que pagan ahora con el sistema actual. Así, se pasaría de un robo del Estado, inexistente, al regalo a Cataluña de 20.000 millones, que suponen menos ingresos para el Estado, por lo que el resto de los españoles recibirán menos servicios, o pagarán más impuestos. Primer regalo.

Los independentistas manifiestan continuamente que quieren un sistema similar al Concierto con el País Vasco y Convenio con Navarra. Pero quizás no sepan, porque el único objetivo de este acuerdo ha sido político, y ni siquiera el Gobierno ha consultado con los expertos, es que en términos económicos es mucho más favorable que el existente en esos territorios. Pongo como ejemplo la situación en la que va a quedar el Impuesto sobre Sociedades que pagan las grandes empresas. Las que tienen domicilio en el País Vasco presentan dos declaraciones, una en el País Vasco y otra en el territorio común, dividiendo las cuotas tributarias en función de las operaciones que realizan en cada territorio -lo que se denomina tributar en base a la cifra relativa de negocios-. Sin embargo, las grandes empresas que tienen domicilio en Cataluña ingresarían todo en ese territorio, que se quedaría con el 100% del impuesto recaudado. Por otro lado, las empresas con domicilio en el resto de las comunidades autónomas no reciben ningún ingreso, porque en el régimen actual de financiación no figura la cesión de este impuesto. ¿Cabe más galimatías?

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En el acuerdo firmado figura el traspaso de todos los medios humanos, materiales y tecnológicos de la AEAT a la Agencia Tributaria de Cataluña. Considerando que el valor de los activos de la AEAT (inmovilizado material) que figura en las cuentas anuales del año 2022 es de 1.113 millones de euros, se puede estimar que Cataluña tendría que pagar al Estado por dicha cesión varios cientos de millones. Segundo regalo, porque en el acuerdo no se establece el pago de ningún importe por la cesión de esos medios materiales.

En el acuerdo figura que se traspasan también los medios humanos y ello implica un grave problema para los 4.000 funcionarios de la AEAT que trabajan en Cataluña, que verían vulnerados sus derechos. Si no se traspasaran, resultaría imposible que la Agencia Tributaria de Cataluña, con funcionarios de nuevo ingreso, pudiera llevar a cabo las funciones que hace ahora la AEAT. Sería un desastre total y absoluto garantizado. Otra enorme dádiva que resulta imposible valorar económicamente, ya que estamos hablando de la formación y de la experiencia que tienen ahora los funcionarios de la AEAT. Tercer regalo.

Además de la recaudación de todos los impuestos, la AEAT también ingresa cada año alrededor de 16.000 millones de euros como resultado de la lucha contra el fraude fiscal. Aplicando el porcentaje estimado del 15% que suponen los efectivos de la AEAT en Cataluña respecto de la plantilla total, la Agencia Tributaria de Cataluña recaudaría 2.400 millones de euros, pero con los funcionarios traspasados de la AEAT. Cuarto regalo.

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Dicen los independentistas catalanes que este régimen de concierto no supone ningún privilegio, prohibido expresamente por la Constitución, porque el resto de CCAA también podrían pedirlo.

Si se aplicara este acuerdo al resto de las CCAA, la primera consecuencia sería la desaparición de la AEAT, que sería troceada y entregada gratuitamente a las CCAA. Por lo que respecta a los impuestos, sabemos por experiencia que cuando se otorga un beneficio a una comunidad, se termina concediendo a todas. Pero eso es materialmente imposible en este caso porque el Estado se quedaría sin ingresos para ejercer las funciones que le atribuye la Constitución, ya que todos los impuestos estatales serían recaudados por las CCAA. Así, por ejemplo, las pensiones se pagan con las contribuciones sociales de trabajadores y empresarios, pero como resultan insuficientes, el Estado tiene que aportar cada año, de los impuestos que pagan todos los ciudadanos, alrededor de 50.000 millones de euros-lo que supone un porcentaje del 19,67% sobre el total de impuestos recaudados-. Según el acuerdo, Cataluña se queda todos los impuestos recaudados, y eso supone un mayor importe de 20.000 millones de euros, por lo que se está quedando también los 4.000 millones de euros que el Estado destinaría de dicho importe al pago de pensiones. Si el sistema se extiende a todas las comunidades autónomas, el sistema de pensiones quiebra. Quinto regalo.

Así pues, este acuerdo supone el regalo de miles de millones de euros a Cataluña, otorgándole privilegios que no tienen el resto de CCAA. El resultado final solo puede ser un incremento brutal de la desigualdad, que provocará la existencia de ciudadanos de primera y de segunda, según el territorio en el que vivan.

*José María Peláez Martos, inspector de Hacienda del Estado.