Tribunal Constitucional: "¡Qué escándalo! ¡Aquí se vota!"

¡Qué escándalo, aquí se vota!, como diría el comisario Renault, de la película Casablanca. Y donde se vota, como en el Congreso, el CGPJ y hasta en el Tribunal Supremo (no en el Gobierno), se reconoce la pluralidad de sus componentes. La disparidad de criterios forma parte de la naturaleza de estos órganos. También del Tribunal Constitucional.

Sobra el rasgado de vestiduras porque el Consejo de Ministros, en el estricto cumplimiento de la legalidad vigente, quiera convertir en magistrados del TC a dos personas de reconocido prestigio jurídico y acreditada afinidad al Gobierno de ahora, en sustitución de los dos que eran afines al Gobierno anterior. Siempre será mejor que la prórroga indefinida de un bloqueo que también afecta a la renovación del CGPJ.

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Aquí nadie se ha caído del guindo. Sánchez busca avalistas para su agenda legislativa. Vaya novedad. Claro que Juan Carlos Campo y Laura Díez, además de su prestigio, han sido elegidos por estar políticamente alineados con un Gobierno del que han formado parte. Uno como ministro y otra como directora general del Ministerio de la Presidencia.

Sin embargo, las objeciones no pueden remitirse a la redundante “politización” de un órgano cuya naturaleza es eminentemente política. Ni a la separación de poderes, como hizo ayer el PP por boca de González Pons, ya que se trata de un órgano ajeno a ese dogma civil. Como máximo intérprete de la Constitución, eso sí, representa la voluntad ponderada de los tres poderes clásicos del Estado, pues tanto el ejecutivo (2) como el legislativo (8) y el judicial (2) intervienen en el nombramiento de sus 12 miembros, según dispone el artículo 159 de la Constitución.

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Puestos a rastrear las objeciones al nombramiento de Campo y Díaz, estas responderán al particular proceso de intenciones que cada uno queramos asignar al particular estilo de Sánchez. Oigo decir en distancia corta a un delegado gubernamental de cierta comunidad autónoma que se ha enterado por la prensa. Igual que los socios de Podemos o los aliados de ERC.

De nuevo el incorregible personalismo de Sánchez. Ahora lo censuran públicamente Rufián, Errejón y Assens. También podemos ponernos estupendos acusándole de colonizar las instituciones. Pero esos discursos se agotan en el voluntarismo del deber ser. No alcanzan para reprobar la obligación que tiene el Gobierno de cumplir las previsiones constitucionales, ateniéndose a la idoneidad de los dos nombramientos, no a la afinidad, que se da por hecha.

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Barra libre a los reproches de carácter estético. Vale, no es bonito que dos altos funcionarios del Ejecutivo pasen en tan poco tiempo de elaborar leyes que afectan a derechos fundamentales y al llamado “bloque constitucional” (eutanasia, aborto, indultos, educación…) a decidir sobre la constitucionalidad de estas. Véase cómo en esta perspectiva se atacan los nombramientos del Consejo de Ministros de ayer con argumentos tan dispares como los de Podemos, que es parte del Gobierno, y los del PP, que es el enemigo institucionalizado del Gobierno.

El fondo de la objeción es el mismo: un ataque de contrariedad por la “oportunidad perdida” (Errejón dixit) de que el PSOE hubiera apadrinado nombres no tan afines para renovar una tercera parte del TC. Y así tira por la calle del medio, nombrando a los dos magistrados que le corresponden sin esperar a que el CGPJ nombre a los dos suyos para hacer efectivo el mandato constitucional.

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Y eso ha hecho saltar las alarmas ante un grave problema institucional derivado de una situación sin precedentes. Tampoco había precedentes del Gobierno de coalición (en nuestra reciente historia, se entiende), una renuncia al trono del Rey de España, un indulto del poder ejecutivo objetado por el poder judicial (independentistas condenados por sedición) o un CGPJ con fecha de caducidad de hace cuatro años.

Vamos viendo desiguales desenlaces. Lo verdaderamente nuevo en este caso es que tendrá que ser el propio TC el que finalmente decida si los dos magistrados de extracción gubernamental pueden incorporarse o no al TC si el CGPJ sigue impidiendo que se cumpla del mandato que, en teoría (insisto, al final tendrá que interpretarlo el propio TC), solo contempla la renovación de los cuatro a la vez.