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Viscosa ambigüedad del tribunal de Luxemburgo
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Antonio Casado

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Viscosa ambigüedad del tribunal de Luxemburgo

El TJ de la UE no ha sido el avalista que España esperaba para sentar en el banquillo a Puigdemont y compañía

Foto: El expresidente Carles Puigdemont. (EFE/Julien Warnand)
El expresidente Carles Puigdemont. (EFE/Julien Warnand)
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Sobre la calidad del orden jurídico vigente en el Reino de España, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no sabe, no contesta, o lo duda, o no está seguro. Por tanto, se remite a la capacidad de la Justicia belga para darse por enterado de si hay o no riesgo real de vulneración del derecho a un juicio “equitativo” de un presunto delincuente o de un grupo “objetivamente identificable”. En otras palabras: el tribunal necesita de terceros para informarse de si el Estado español presenta “deficiencias sistémicas” que justifiquen la negativa a cumplir una euroorden.

No nos engañemos. Facilidades para atender los requerimientos de Llarena, ni una. Además, la resolución abre caminos dilatorios que se presentan interminables. Empezando por la “información complementaria” que Bélgica podría requerir de nuestro Tribunal Supremo a la hora de formar criterio respecto a la calidad del Estado de derecho en España. Y terminando por el recurso que Puigdemont, Ponsatí y Comín podrían interponer si perdieran su inmunidad como eurodiputados.

Y así llevamos más de cinco años.

Foto: Carles Puigdemont, en el hemiciclo de la Eurocámara en Estrasburgo. (EFE/EPA/Julien Warnand)

En el sí, pero del Tribunal de Luxemburgo, no ha encontrado España al avalista que esperaba para sentar en el banquillo con todas las de la ley a quienes en su día atentaron contra el orden constitucional. Ese es el mensaje subyacente de la resolución, que viene referida al exconsejero de la Generalitat Lluís Puig, pero es precursora en respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas hace dos años por el juez Llarena antes de reformular la solicitud de entrega de los otros huidos de la Justicia española después de los hechos delictivos de octubre de 2017.

Una de dos: o los juristas del estado mayor de Sánchez están de vacaciones o la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, no se había leído la resolución al declarar ayer que el tribunal europeo avala el orden jurídico español y facilita que Puigdemont y CIA rindan cuentas ante la Justicia española.

¿Acaso carece de ciencia propia el tribunal europeo para saber si la democracia española es de fiar en materia de derechos fundamentales?

No es verdad que hayan sido canceladas las excusas de Bélgica, que puede elegir entre conceder la euroorden o probar que España no es de fiar en materia de respeto de los derechos fundamentales. Dice la resolución que lo normal es acceder a una euroorden, que se basa en el principio de la confianza mutua entre los Estados, y que no se puede poner en duda la competencia del TS para reclamar a los huidos. Pero eso decae si se demuestra de forma fehaciente que España no respeta los derechos de aquellos.

No es cierto que se haya estrechado la capacidad de maniobra de Bélgica para seguir paralizando la euroorden. Lo que dice la resolución es que queda pendiente de verificación la calidad de la democracia española antes de que Bélgica pueda seguir frenando la entrega reclamada por el juez Llarena.

¿Pero acaso carece de ciencia propia el tribunal de Luxemburgo para determinar que es de inequívoca aplicación a España el principio de “confianza mutua” entre los Estados de la UE a la hora de tramitar una euroorden?

Por desgracia, el alto tribunal europeo no ha querido ser avalista de la democracia española. Se queda en tierra de nadie. Su viscosa ambigüedad lo exime de hacer un reconocimiento explícito de que España es una democracia homologable a las de nuestro entorno. Y, además, alimenta el relato del independentismo, que habla de persecución política y “causa general”. No se me ocurre otra manera de interpretar la vaga sugerencia de que en España se está privando de tutela judicial a un grupo “objetivamente identificable”. El eufemismo queda flotando como asunto pendiente de verificación por parte de la Justicia belga.

Sobre la calidad del orden jurídico vigente en el Reino de España, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no sabe, no contesta, o lo duda, o no está seguro. Por tanto, se remite a la capacidad de la Justicia belga para darse por enterado de si hay o no riesgo real de vulneración del derecho a un juicio “equitativo” de un presunto delincuente o de un grupo “objetivamente identificable”. En otras palabras: el tribunal necesita de terceros para informarse de si el Estado español presenta “deficiencias sistémicas” que justifiquen la negativa a cumplir una euroorden.

Carles Puigdemont Pablo Llarena
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