Algo más que un zasca del Tribunal Supremo

Habló el máximo órgano jurisdiccional en toda España. “Un golpe a la democracia”, dice la voz coral del independentismo que acompaña al Gobierno en el rincón de pensar tras la revisión de condenas del 1-O a la luz de la última reforma del Código Penal. Es al revés. La democracia sale fortalecida en este golpe a los operadores políticos acampados en los otros dos poderes del Estado, el ejecutivo y el legislativo.

La resolución del Tribunal Supremo rebate las motivaciones del Gobierno (penas “desproporcionadas” y homologación con la UE) para adaptar el Código Penal a sus planes políticos. Tumba el relato de la desjudicialización pactada por Sánchez con sus socios descontinuos de ERC. Y divide aún más al independentismo catalán. Pero no nos quedemos en los efectos colaterales de naturaleza estrictamente política que sirven de pasto fresco para la voracidad de los analistas.

La sombra de la chapuza jurídica con "efectos indeseados" planea de nuevo sobre la Moncloa mientras sigue diluviando por el solo sí es sí

Más allá de informar desfavorablemente los indultos en su día, nada pudo hacer el TS para impedir que el Gobierno los concediera por razones de “utilidad pública”, en el uso de su exclusiva competencia. Entonces, se trataba del derecho de gracia. Ahora se trata de aplicar leyes fletadas por el Parlamento. Y aquí la exclusiva competencia es de los jueces.

Son palabras mayores. Imperio de la ley y dosis de recuerdo sobre la buena salud del Estado de derecho y la separación de poderes. El zasca es clamoroso. La sombra de la chapuza jurídica con “efectos indeseados” planea de nuevo mientras sobre la Moncloa sigue descargando el diluvio del solo sí es sí y los costaleros bracean por mantener a flote el arca de Sánchez sin dejar de disparar contra los contadores (recuento diario de delincuentes sexuales con condenas a la baja o excarcelados).

Opinión

El escalofriante auto del Supremo

José Antonio Zarzalejos

La resolución asume el borrado de la sedición, pero se niega a canjearlo por el de desórdenes públicos agravados. Además, no aplica a Junqueras y compañía el nuevo tipo de “malversación atenuada” (sin ánimo de lucro), aunque en este punto acaba regalando a Sánchez el argumento electoralista de que no hay perdón para los malvados (inhabilitación hasta 2030). Y, en fin, advierte a los altos cargos de la Generalitat aún no juzgados por los hechos de 2017 de que sobre ellos también va a recaer el peso de la malversación agravada, que prevé penas de cárcel (de cuatro a ocho para cantidades inferiores a los 250.000 euros).

La resolución tiene un efecto sanador sobre las heridas causadas a las instituciones

No se agota ahí la radiografía de la unánime resolución hecha pública este lunes por el tribunal sentenciador (sala de lo penal del TS). Además de emitir señales sobre la solidez de las cuadernas del Estado, la resolución tiene un efecto sanador sobre las heridas causadas por la clase política, que es pasajera, a las instituciones, que son permanentes. Con severa advertencia preventiva sobre la eventual indefensión del Estado frente al golpismo sin violencia (sedición despenalizada).

Sin caer en simplificaciones que puedan debilitar la fuerza del argumento por ir demasiado pegadas al cambiante terreno de la lucha por el poder político, está claro que el poder judicial le ha enmendado la plana al poder ejecutivo. E incluso, al legislativo en cuestiones de técnica jurídica y aplicación de las leyes, con resultados no previstos por los hacedores de la norma. En junio de 2021, había ocurrido al revés, con los indultos gubernamentales a los condenados del 1-O en contra del TS.

Afortunadamente, el Estado de derecho funciona. Y esa es buena noticia.