Mariano, Soraya y la imprudencia de los prudentes

A la impresión de que la estrategia del Gobierno del PP fue equivocada en la crisis catalana se añadió la sensación de que la imputación del delito de rebelión sigue fragilizándose

Foto: La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, a su salida del Tribunal Supremo. (EFE)
La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, a su salida del Tribunal Supremo. (EFE)

En un momento de su declaración testifical, Mariano Rajoy afirmó ayer: “Los acontecimientos se veían venir”. Al margen de que los testimonios del expresidente y de Soraya Sáenz de Santamaría hayan sido útiles o no para acreditar los delitos que a los 12 procesados imputan la Fiscalía y la Abogacía del Estado, lo inequívocamente cierto es el Gobierno del PP entre 2012 y 2017 incurrió en una grave omisión política. Si los acontecimientos se veían venir —es decir, la ruptura de la legalidad constitucional mediante la declaración unilateral de la independencia de Cataluña—, ¿cómo es que el Ejecutivo no actuó con la anticipación suficiente para evitar, precisamente, el proceso penal ahora en curso?

Mariano, Soraya y la imprudencia de los prudentes

Una aplicación del artículo 155 de la Constitución muy anterior al 27 de octubre de 2017 hubiese desapoderado al Gobierno de la Generalitat de Cataluña y se hubiese evitado la judicialización penal que ahora está en fase de resolución. Las razones por las que el Ejecutivo demoró la medida hasta la temeridad las confesaron ayer Rajoy y Sáenz de Santamaría: quisieron ser “prudentes” y desearon actuar con el consenso de la oposición. Mantuvieron tanta prudencia y cultivaron tanto el consenso —precisamente con Sánchez— que los acontecimientos les desbordaron.

Ahora —y más después de las declaraciones testificales de ayer— se acredita que una intervención temporal (no puede ser permanente, diga lo que diga la oposición) y eficaz de la autonomía catalana hubiese evitado las leyes de desconexión del 6 y 7 de septiembre; el asedio tumultuario a la Consejería de Hacienda y Economía el 20 y 21 de ese mismo mes; el referéndum ilegal del 1-O; la declaración, dejada en suspenso, de la independencia el 10 de octubre, y la unilateral y consumada (aunque no publicada) del 27 del mismo mes, fechas todas del año 2017.

Las testificales de Rajoy y Santamaría ofrecieron la versión de la manera en que el Gobierno procrastinó en coger el toro por los cuernos de tal modo que, como ha escrito Antoni Bayona, quien fuera letrado mayor del Parlamento autonómico, “desde Cataluña, tenemos mucha responsabilidad que asumir al respecto por haber elegido una estrategia equivocada y seguramente temeraria. Pero el Estado también tiene mucha responsabilidad por haber dejado pudrir la situación y haberla querido reducir, seguramente también de manera temeraria, a una cuestión legal y judicial” (páginas 53 y 54 de 'No vale todo'. Editorial Península).

El meollo de la cuestión que ayer se dilucidó en el salón de plenos del Supremo —y que las defensas trataron con éxito desigual de poner de manifiesto— fue que la 'prudencia' a la que se acogieron los testigos pudo interpretarse como un grave error de juicio sobre los decididos propósitos de los independentistas y sobre la relevancia de los actos que estaban dispuestos a consumar. Las preguntas de los letrados de los procesados —especialmente de Xavier Melero en el interrogatorio a la exvicepresidenta—, más que intentar acreditar que no hubo este o aquel delito, pretendieron llevar al ánimo de la sala que el Gobierno no percibió hasta muy última hora el riesgo de una situación que dejó avanzar a paso franco, primero con Artur Mas y luego con Carles Puigdemont.

Las apreciaciones de Sáenz de Santamaría y de Rajoy sobre la soberanía nacional, sobre la integridad del Estado, sobre los mandatos constitucionales, fueron del todo impecables y exactas, pero la praxis política que ambos desarrollaron al frente del Gobierno, en vez de materializarla en decisiones políticas —y entre ellas el 155 en su momento—, se derivaron a impugnaciones judiciales de las que ni siquiera se instaron la ejecución de sus resoluciones, como ocurrió con alguna importante del Constitucional que fue dotado por el Congreso con mayoría popular de facultades ejecutivas (multas y suspensiones de funciones públicas).

Fue tan evidente que Rajoy y Sáenz de Santamaria incurrieron en la imprudencia de la extrema prudencia que Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, que se estrenó ayer interrogando a ambos, no tuvo que hacer esfuerzo alguno para destacar la errática trayectoria del Gobierno y se permitió hacer preguntas concretas que ni siquiera requirieron la intervención de un Manuel Marchena que tuvo que emplearse a fondo con los letrados de la defensa, que pretendieron colocar valoraciones sumamente políticas desconectadas de la función testifical de los comparecientes. Tampoco los fiscales en la sesión de ayer brillaron a gran altura.

Mariano, Soraya y la imprudencia de los prudentes

La valoración del comportamiento de los actores en una sala de juicios es tan subjetiva como la opinión sobre una obra de teatro: admite tantas versiones como observadores. Pero, a la impresión de que ayer se contrastó la equivocada estrategia del Gobierno popular en la crisis catalana, se añadió la sensación de que la imputación del delito de rebelión sigue fragilizándose. Cuando se le pidió a Rajoy que mentase un “solo acto de violencia antes del 20 y 21 de septiembre”, el expresidente contestó, lacónico, que no recordaba ninguno en concreto.

Tanto el expresidente como Sáenz de Santamaría se sabían al dedillo la Constitución, pero despejaron algunos balones que debieron jugar y adujeron algunos olvidos imperdonables y que causaron cierta perplejidad. Xavier Melero, defensor de Joaquim Forn y Meritxell Borràs —que destaca con mucho por su técnica de entre los letrados de la defensa—, se empleó a fondo con Soraya, pero dejó marchar a Mariano sin interrogarle. No le hizo falta hacerlo. Él —que no es independentista— y Manuel Marchena fueron los mejores intérpretes de la función. En la que no faltaron los números circenses (pero graves legalmente) de Antonio Baños y Eulàlia Renguant, dos veteranos del 'show' político.

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