Cuando el Ibex se confabuló para destruir Cataluña

“En el referéndum, estuve en primera línea. También cuando las empresas se fueron de Cataluña”, comenta uno de los protagonistas soberanistas del 1-O. “Las compañías no huyeron del riesgo. Si el problema hubiera sido jurídico, se podía haber entendido. Pero no lo era. El Estado solo quería socavar los cimientos de la economía catalana para malograr un proyecto que no le gusta, que es lógico que no le guste, como es el ‘procés’, y utilizó todos los resortes y presiones económicas que estaban a su alcance”.

“El único riesgo que realmente había para las empresas era que Puigdemont y Junqueras se valieran de la calle para presionarlas. Pero cuando tú renuncias a eso, y se renunció expresamente [en relación a las conversaciones que mantuvieron el que fuera vicepresidente económico, Oriol Junqueras, y los responsables de ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, con los principales representantes del poder económico en Cataluña para evitar los boicots], las consecuencias jurídicas eran cero. No había ningún riesgo”, añade.

Es la leyenda negra que circula estas semanas por Cataluña y que está sacada del magín del secesionismo mágico en relación a las sombrías efemérides del mes de octubre del año pasado, según la cual, el Rey y Rajoy se confabularon para presionar a empresarios y directivos, y provocar así una fuga de empresas que puso en jaque al independentismo. Siempre se dijo que los tanques que el Estado envió a Cataluña no fueron los de la Brunete sino los de La Caixa y Sabadell cuando trasladaron sus sedes a Valencia y Alicante, respectivamente.

No me sorprende cómo reaccionaron los empresarios catalanes. No lo hicieron por convencimiento. Lo hicieron por miedo

Los ‘profetas’ del 1-O hablan de retirada de fondos en los bancos catalanes por parte de compañías participadas por el Estado como una medida de presión del entonces Gobierno del PP para socavar al Govern presidido por el hoy fugado Carles Puigdemont.

Olvidan, sin embargo, que el dinero lo único que hace es huir de la inseguridad jurídica y que la cúpula secesionista pisoteó la legalidad vigente con las leyes de referéndum y transitoriedad; que había pánico, los inversores ponían pies en polvorosa y las acciones se desplomaban; que la principal obligación de las entidades financieras consiste en orillar las cuestiones políticas y cubrir a sus depositantes, lo que no estaba garantizado; que los clientes, entre ellos muchos independentistas, estaban sacando su dinero y llevándoselo a otros bancos, o en el mejor de los casos, abriendo cuentas espejo; que las entidades competidoras estaban aprovechando la ocasión para hacer negocio a costa del mal ajeno…

“No me sorprende cómo reaccionaron los empresarios. Los conozco desde hace mucho tiempo y no me sorprende. No lo hicieron por convencimiento. Lo hicieron por miedo. Por miedo y por comodones”, continúa el dirigente independentista. “Hay gente de ese mundo, de altísimo nivel económico y financiero, que está todo el día dando lecciones a los demás de cómo se tienen que hacer las cosas, y son las mismas personas que en todo este tiempo, de 2008 a 2018, han perdido el dinero de los accionistas y cobran lo mismo que antes de la crisis”.

“Esto viene de cuando Gas Natural quiso comprar Endesa, que no se vio como una operación española sino como una operación catalana. Y ahí estaba Manuel Pizarro. Eso fue un error y tuvo consecuencias. Al final, acabó en manos italianas”, añade. “Y luego el Consejo de la Competitividad, el Puente Aéreo, Alierta, Botín, Fainé… Los ‘salvapatrias’ empresariales no han ayudado a solventar la crisis catalana. Más bien han hecho lo contrario”.

Que estos mismos argumentos los compre el Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, resulta tan sintomático como preocupante

Es la teoría de la confabulación de las empresas del Ibex para ‘destruir’ Cataluña. Que se haya extendido esta especie entre las fuerzas independentistas, necesitadas de cualquier pegamento emocional para pegar los trozos en los que el bloque ha quedado descompuesto, resulta relativamente lógico. Que estos mismos argumentos los compre el Gobierno de Madrid, con Pedro Sánchez a la cabeza, resulta tan sintomático como preocupante.

Como ejemplo, el anuncio de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, de revertir el real decreto ley aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, y apoyado en aquel momento por el partido socialista, para facilitar que las empresas pudieran cambiar su sede social de manera inmediata solo con la aprobación por parte de su consejo de administración. En una entrevista en RAC1, Calvo aseguraba, ‘grosso modo’, que las instituciones catalanas y el Gobierno del PP habían hecho “un destrozo importante en la economía catalana” y que ellos lo solventarían.

En los corrillos en el Palacio Real, con motivo de la Fiesta Nacional del 12 de octubre —una fiesta que ha carecido del apoyo institucional de otras ediciones—, tanto la oposición al Gobierno como destacados miembros del mundo de la economía y la sociedad civil dejaban traslucir su desconcierto por la conducta errática del Gobierno, “que dice una cosa sobre Cataluña y luego hace la contraria”. Por un lado, amenaza con presentar un recurso al Tribunal Constitucional por la resolución del Parlament que reprueba a Felipe VI y pide la caída de la Corona, una institución “caduca y antidemocrática”, y por el otro firma un pacto de legislatura con los mismos que promueven dicha reprobación.

Es el peligroso juego a dos barajas de Sánchez con los independentistas. Una estrategia que solo se podrá sostener en el tiempo si Quim Torra, un ‘president’ imprevisible y tendente al choque frontal, opta por la inacción hasta después de las municipales. “Intuyo que las conversaciones entre la Generalitat y Moncloa van a seguir, a no ser que en Madrid se hagan las cosas mal, es decir, que el PSOE se vuelva a alinear con el PP y Ciudadanos. Si los socialistas, junto con Podemos, se desmarcan de este mundo, no va a pasar nada”.

Y en esas estamos: en el peligroso juego de aparentar lo contrario de lo que se está haciendo. Mientras tanto, el Gobierno se aleja cada vez más del bloque constitucionalista y se va progresivamente metamorfoseando con los independentistas, dando por buenos muchos de sus postulados, como es el caso de la salida masiva de empresas de Cataluña tras el 1-O.