Los 3.000 del CNI y los móviles de Génova 13

Lo ocurrido en este país con Pegasus va a dejar en cuento infantil las desventuras de Snowden. Reconoció la semana pasada Elías Bendodo en el programa de Carlos Alsina que tanto él como el resto de miembros de la Junta de Andalucía había preferido declinar la invitación del Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del CNI, para supervisar la seguridad de sus móviles y comprobar si han sido víctimas del virus espía. Dijo el consejero de Presidencia andaluz y hombre fuerte de Feijóo que el Ejecutivo autonómico había decidido no esperar al CCN: "Tenemos nuestros propios medios para saber si nuestros teléfonos han sido infectados".

No son los únicos. Se pueden escuchar las carcajadas desde Tombuctú cada vez que se plantea la posibilidad de que Feijóo o cualquier otro presidente o consejero del Partido Popular ponga su móvil a disposición del CNI para la realización de una auditoría informática. Han preferido otras firmas privadas al margen de la oficialidad. No es que no se fíen del Centro, al que defienden a capa y espada, sino que desconfían de la utilización política que el Gobierno pueda hacer de la información analizada.

Porque todo lo que hubiera podido parecer descabellado hace un mes ha dejado de serlo después de que los independentistas se laminaran a la jefa de los servicios de inteligencia por sus investigaciones sobre Tsunami Democràtic. Hoy la cabeza de Paz Esteban luce en la pared de los trofeos del 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès.

Institución del Estado que el presidente toca, institución a la que hunde su imagen

Ni siquiera los barones del PSOE se atreven a ceder los terminales. Gracias al protocolo elaborado y distribuido por el CCN en julio de 2021 para la detección del software Pegasus en dispositivos iPhone, se sabe de la tecnología empleada para la comprobación de vulnerabilidades. La herramienta utilizada es el MVT, se conecta el teléfono a iTunes y de ahí, mediante un análisis de backup, se baja la información sensible, desde las llamadas, al WhatsApp, pasando por el historial de navegación. Si uno se pone, puede saber hasta la marca de ropa interior del usuario. Como para dejar el móvil en manos de Moncloa.

Tampoco ha generado mucha confianza la forma en la que, invocando la seguridad del Estado, se ha gestionado la comisión de secretos oficiales, de cuya traca final hemos sido testigos este fin de semana. Primero fue la impúdica cesión de la presidenta del Parlamento, Meritxell Batet, a petición de Moncloa y por exigencia de nuevo de los independentistas, para desbloquear y constituir de forma urgente dicha comisión, cambiando la mayoría cualificada necesaria de tres quintos por la mayoría absoluta de la Cámara.

Luego vino la intervención de Paz Esteban. La directora del CNI entró resuelta a desvelar las presuntas actividades ilícitas de 18 líderes catalanes, entre ellas, la formación y coordinación de Tsunami Democràtic, y salió con los pies por delante. Y, por último, los secretos de Estado, esos que sus señorías se habían conjurado a no desvelar en sede parlamentaria —que nos caiga un rayo si lo hacemos— y que han sido publicados estos días con todo lujo de detalles en los medios afines al Gobierno. Verde y con asas.

"Cómo le vamos a explicar a los países que van a venir, lo que ha sucedido", enfatizaba Bendodo

Para más inri, estas veleidades que tienen como víctima a la Seguridad del Estado se producen justo en el peor momento, cuando Madrid acogerá, el 29 y 30 de junio, la próxima cumbre de la OTAN, hito clave para el futuro de la organización, no solo por la guerra de Ucrania sino también por la intención expresa de Finlandia y Suecia para formar parte de la Alianza. "Cómo le vamos a explicar a los países que van a venir, lo que ha sucedido", enfatizaba Bendodo en Onda Cero. Los servicios de inteligencia de los países vecinos se han quedado con la boca abierta ante el vodevil patrio de Pegasus.

Institución del Estado que el presidente toca, institución a la que hunde su imagen. Están que trinan los miembros del servicio de inteligencia por lo ocurrido. Son los 3.000 del CNI, ahora de Casteleiro, antes de Esteban y Sanz Roldán, como 300 eran los espartanos que comandaba Leónidas, profesionales independientes que se encuentran en los márgenes de la política, cuya imagen ha sido teñida con la mácula tóxica de Moncloa.

Sienten que el vídeo que lanzaron el pasado mes de marzo con motivo de su 20 aniversario, que hicieron circular con orgullo, y en el que reivindicaban su trabajo constante y "discreto" para "proteger el futuro" de los españoles y su "modo de vida", ha sido ultrajado por los líderes independentistas y también por el poder ejecutivo. Tras la charlotada de la comisión de secretos oficiales, lo de “discreto” no deja de ser una broma de mal gusto. Mientras tanto, el Govern brinda con cava: adiós a los James Bond patrios, viva Rufián con barretina.