Adiós al 'efecto champán': el Consell de Mazón se topa con la realidad de la gestión

Mucho está teniendo que arremangarse la consellera valenciana de Innovación e Industria, Nuria Montes, para intentar poner algo de orden en el monumental atasco en la gestión de las ITV. Que heredó un rescate envenenado no es noticia. Compromís, con su parte de razón, se empeñó en desprivatizar un servicio que hacía ricos a los concesionarios mientras aplicaban las tarifas más caras de España a los usuarios. Lejos de reinventar el modelo apretando las tuercas a los operadores privados, montó una empresa pública (Sitval) ad hoc para meter con calzador a las plantillas y creó un sistema propio de gestión de citas con más fallas que una escopeta de feria. Pero ha pasado un año desde que la izquierda botánica desalojó la Generalitat y hay quien todavía se está yendo a Albacete, Murcia o Teruel para sellar la inspección antes de que le caiga el multazo porque no hay forma de encontrar fecha por los déficits de personal y el ineficiente sistema informático, que ahora se intenta resolver tirando de terceros externos.

Montes, que llegó desde la patronal hotelera Hosbec con la primera misión de cargarse la tasa turística y reivindicar el turismo, ha tenido que hacer un grado acelerado de gestión pública en una conselleria de la que cuelgan también Industria, Comercio o Innovación y donde, como en el resto de la Generalitat, mover un papel puede convertirse en una tarea titánica hasta que se van encontrando los resquicios adecuados. El máster lo está haciendo con las ITV.

Viene al caso este ejemplo porque, superado el ‘efecto champán’ del primer año de gobierno, el Consell que preside el popular Carlos Mazón da síntomas de haber agotado en apenas doce meses la primera tanda de balas de plata de su proyecto político. Ejecutadas bajadas de impuestos (no todas las que prometió), el recorte en cargos públicos, presentada la ley de “libertad educativa” o demolida parte de la herencia botánica, pagando polémicos peajes al socio de Vox como la ley de concordia sin aparentes incomodidades de conciencia, la gestión diaria y las sucesivas crisis que aflora su propia naturaleza van a ir apoderándose de la agenda mediática local y parlamentaria, como es lógico, sin que termine de observarse un gabinete suficientemente engrasado como para afrontarlas con destreza.

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Alguna luz roja se ha encendido en quienes evalúan desde del búnker del Palau al equipo nombrado por el barón popular y sus socios como para que se esté barajando ya un ajuste del segundo escalón de altos cargos. Que hay disonancias claras en departamentos como la Conselleria de Cultura de Vox, donde el tándem del vicepresidente Vicente Barrera y Pau Añó no funciona, es vox pópuli en el mundo de la cultureta y más allá. Lo que no sabíamos es que en el Palau han tardado apenas un ejercicio en detectar que algunos engranajes chirrían o no terminan de encajar tampoco en los departamentos populares, hasta el punto de requerir de una intervención quirúrgica en forma de ceses y nuevos nombramientos.

Sería extraño que los populares no se apuntasen una holgada victoria en votos en la Comunidad Valenciana en las europeas. Pero la autocomplacencia es el peor amigo de la política. Una nueva etapa se va a abrir tras el 9 de junio en el ecosistema valenciano. Pese a la percepción de asentamiento que transmite el Gobierno liderado por el barón del PP, la oposición está también mucho más organizada. Ha superado ya su duelo tras la pérdida de poder del 28M y va encontrando los huecos para marcar agenda, casi siempre señalando incendios con un foco claramente identificado: los excesos y salidas de tono, muchas veces estrambóticas, de Vox. La guerra cultural de los de Santiago Abascal, cada vez más desacomplejada, es combustible para la oposición, que ha encontrado un filón para entrar al choque. A Mazón se le hace bola. Se percibe. O da un puñetazo en la mesa con sus socios o se le irá de las manos.

El barón conservador va a necesitar algo más que dedicarse a gestionar crisis tras crisis y cargar los muertos a sus predecesores. Ya nada es como antes en el Vietnam de la atomización mediática de hoy. No se puede vivir de la renta de confrontar permanentemente con el Gobierno de Pedro Sánchez si no generas tu propio relato, si no vendes también tu mercancía y construyes tu personaje. Ni Diana Morant y su retraso en la homologación de títulos extracomunitarios tienen la culpa de todos los problemas en Sanidad, ni los valencianos vivimos siempre pendientes de que Teresa Ribera nos resuelva los problemas hídricos, por mucho que, ahora que vienen las europeas, se saque a pasear otra vez el Tajo-Segura y la Albufera. Demasiado evidente la sobreactuación. Es verdad que la cosa de los asuntos domésticos que dependen de la Administración autonómica no determinan siempre comportamientos electorales. El menú nacional marca los ciclos y tendencias. Pero no hablamos aquí de estrategias y cábalas demoscópicas a tres años de elecciones, sino de lo que cabe esperar de los gestores de la cosa pública para cuando haya que hacer balance.

Opinión

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La vicepresidenta y consejera de Servicios Sociales, Susana Camarero, que torea un Miura de 2.000 millones de euros de gasto en expedientes de dependencia, centros de menores, atención a víctimas de violencia de género o residencias de ancianos, no puede perder las formas acusando de segundas intenciones ocultas al Síndic de Greuges, Ángel Luna, el equivalente al Defensor del Pueblo valenciano, por sus informes críticos. Luna ya demostró en la pasada legislatura del Botànic que se toma en serio su labor de hacer de molesto Pepito Grillo cuando considera que las cosas no se están haciendo bien o son mejorables en la atención a los más vulnerables. En aquella ocasión, la receptora de dardos era la entonces lideresa de Compromís, Mónica Oltra, que tuvo que encajar no pocos titulares con los diagnósticos del Síndico. Es lo que correspondía en el reparto de tareas en el sistema autonómico. Unos piden el todo, otros gestionan como pueden y con los recursos que tienen. Cada uno en su papel. De eso va la democracia y sus contrapesos.

También se ha topado con la dura realidad del tigre sobre el que cabalga el conseller de Educación, José Antonio Rovira. Al conseller ya le han hecho su primer huelga de profesores. “Política” y a las puertas de las europeas, dice él. Sí, claro. Qué esperaba. La cuestión es cuántas excusas das para la agitación social. Que los sindicatos de la enseñanza (con el poderoso STEPV, cercano a Compromís, a la cabeza) no se lo iban a poner fácil ni cotizaba. Rovira ha puesto demasiados huevos en el tema lingüístico. Pero el alcance de su departamento es bastante más amplio que un debate sobre el grado de protección del valenciano o si toca o no liberar de su aprendizaje a las comarcas castellanohablantes. Mucho hablar de imposiciones lingüísticas, pero poco de los suspensos en los informes PISA de mates y ciencias mientras se recortan aulas o se tiran al cubo de la basura los acuerdos anteriores para contratar nuevos docentes. Que la Generalitat no va sobrada de dinero y el Botànic disparaba con pólvora de rey contra la cuenta de crédito del FLA ya lo sabemos. Pero, o se mejora la pedagogía política de lo que se está haciendo, o habrá que comprar el relato del débil compromiso con el sistema público de enseñanza.

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Que las familias tengan que esperar hasta el final de mayo y junio para tramitar los expedientes de admisión de alumnos en centros al tiempo que implantas el distrito único (con el gigantesco baile que ello va a implicar en la movilidad de inscritos) tampoco dice mucho de la capacidad de previsión. Confiemos en el proceso no colapse al demorar casi hasta agosto todo el calendario de admisiones.

En eso de optimizar la gestión de la burocracia, Mazón anunció a bombo y platillo su Plan Simplifica, destinado a hacer más fácil la relación de ciudadanos y empresas con la fría Administración. Nadie pone en duda la sinceridad de sus intenciones. No será tarea fácil. No hay Molt Honorable que no lo haya intentado. Y, sobre todo, habrá que elegir bien qué vale la pena meter en ese decreto ómnibus y qué no. A los promotores de renovables, por ejemplo, no les ha gustado nada que la reforma legal específica que les prometieron tenga ahora que esperar al encaje en ese compendio. Para ellos el Plan Simplifica ha sido esperar más tiempo para sacar adelante sus proyectos. Porque entre anuncio y anuncio se ha agotado la encomienda de gestión que se hizo a Tragsa para que ayudase con su personal a tramitar expedientes. La consecuencia de ese atasco también la conocemos porque viene de atrás. La Comunidad Valenciana ocupa el farolillo rojo de potencia renovable instalada sobre su sistema eléctrico (apenas el 21% frente al 61% del sistema nacional, según datos de la patronal local Avaesen). Algo parecido les ocurre a los promotores de vivienda. Siguen esperando el prometido nuevo decreto que debe servir para acelerar proyectos. Y sin proyectos no hay cumplimiento en el compromiso de VPO. Seguro que Mazón es consciente de esto.

Y, por parafrasear a Sánchez-Polack y José Luis Coll, mañana hablaremos de ejecución presupuestaria. Poco de qué presumir en eso también un año después del 28M.