Pedro Sánchez, y el portazo a la aristocracia del Congreso

Existe un hilo que une la cena del diario 'El Español' en pleno rebrote del covid-19 con el 'portazo' simbólico que dio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al parlamento

Foto: Imagen: Irene de Pablo.
Imagen: Irene de Pablo.
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Existe un delicado hilo que une la polémica sobre la cena del diario 'El Español' esta semana en pleno rebrote del covid-19 —a modo de barroca estampa protagonizada por una parte de la clase política— con el 'portazo' simbólico que dio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves al marcharse del Congreso de los Diputados en pleno debate del decreto de Estado de Alarma. Ese hilo tan sutil como nocivo para la democracia es el fenómeno de la antipolítica. Es decir, la desconexión de la calle respecto a sus élites, a las que desdeñan porque se sienten demasiado alejadas de su sufrimiento o modos de vida. Y, por consiguiente, el aire de desdén cada vez más extendido entre los ciudadanos sobre la tarea de instituciones de representación, como en el caso del Congreso.

Tanto es así, que resulta llamativo hasta qué punto se pueden oír de boca de espectadores anónimos mantras como lo de "total, para qué tiene que ir el presidente al Congreso, para que monten el ‘show’ los diputados", en alusión al rifirrafe sobre con qué periodicidad debía acudir Sánchez a pedir autorización del tercer estado de alarma. Esta medida concreta, tercera en lo que va de año, dota a las comunidades de poderes excepcionales frente al rebrote de la pandemia, por lo que Pablo Casado propuso que la medida durara solo ocho semanas con control cada 15 días. Pese a ello, Moncloa logró sacar adelante la medida durante seis meses, comprometiéndose a rendir cuenta en el parlamento solo cada dos.

Si bien, la consecuencia es que el Congreso queda casi maniatado, sin posibilidad de control exhaustivo de las acciones del Ejecutivo con el Estado de Alarma, en un período que para muchos juristas es ya excesivo ­­–aunque lo gestionen las autonomías. La Ley Orgánica 4/1981 no fija un criterio temporal, como tampoco lo fijó la Abogacía del Estado. Por su parte, Moncloa acepta que el debate rutinario se relegue a un ente como es el Consejo Interterritorial de Salud donde se encuentran el Gobierno y las autonomías, y allí pacten lo que sea menester. Ahora bien, ese órgano en ningún caso es parte del parlamento, es externo, y por tanto, se mantiene el olor a escapismo al control del poder legislativo.

Sin embargo, lo dramático es que la ciudadanía no aprecie todo este episodio como llamativo, sino que empiece a legitimar hechos como esquivar al parlamento, que es el poder legislativo. Tanto es así, que el portazo simbólico de Sánchez el jueves corre el riesgo de contar con más simpatías silenciosas en la calle de lo que en realidad pudiera parecer, a modo de alegoría, vista la nueva ola de cuestionamiento a la clase política que se ha desatado a lo largo de esta pandemia.

En primer lugar, ese desaire ciudadano sobre el Congreso debe encontrarse en la forma en como los partidos han contribuido a una imagen de devaluación de la institución en los últimos tiempos. Es decir, convirtiéndola en un plató de televisión, en una pantalla más de los medios de comunicación para sus intereses electoralistas. Desde fuera, se aprecia que muchos diputados van allí simplemente a hablar a las cámaras, a hacer discursos que puedan luego empaquetar en un tuit de 140 caracteres, con tal de seguir alimentando su relato, y demás burbujas de opinión en las redes sociales.

En segundo lugar, el desaire hacia el Congreso viene por la funesta imagen de oportunismo vertida desde entre los partidos en estos meses, hasta el punto de haber convertido el Congreso en un bazar a costa de la pandemia. Distintas formaciones utilizaron el estado de alarma para deslizar peticiones que no venían al caso —Bildu con la derogación de la reforma laboral; Esquerra Republicana, con la mesa de diálogo con el Govern…—. Es decir, una imagen de la institución, que hasta cierto punto contribuye a que los ciudadanos empaticen con Sánchez, en ese intento de ahorrarse agónicas negociaciones periódicas.

Todo ello conlleva una sensación perjudicial sobre que el parlamentarismo es un enredo, y que es mejor agilizar los trámites legislativos en pandemia —"total, para enfrentarse a una cámara de pretendidos 'youtubers'"—. La realidad es que algunos expertos llevan meses alertando que el coronavirus pondría boca arriba las costuras democráticas de países incluso tan consolidados como el nuestro, abriendo la veda a avalar actitudes que fuera de una emergencia no se permitirían. Lo cierto es que el multipartidismo exige mucho más esfuerzo que los tiempos de bipartidismo para casar intereses, pero la democracia es lenta, a fin de cuentas.

Por eso, es importante falsear esa tesis sobre que nada se pueda hacer para evitar la tentación de abrazar un "cesarismo" presidencial. O que los grupos nada puedan hacer frente a la imagen de supremacía política del Gobierno en las votaciones. Hay que recordar que hasta en varias ocasiones el decreto de estado de alarma estuvo al punto de ser tumbado por el parlamento durante los meses más crudos de la pandemia a falta de votos. Por ejemplo, el Partido Popular se plantó ante la tesis del "no hay plan B" del Ejecutivo, y Moncloa hubo de salir corriendo a buscar los votos de Bildu para no ver fracasada la votación —con la escandalera que ello provocó en amplios sectores progresistas y conservadores—.

Precisamente, la fortaleza de Moncloa a la hora de sacar adelante algunas medidas sin casi ceder o cediendo muy poco es fruto de la viva reproducción del dilema del prisionero entre sus señorías. Es decir, que si todos los grupos se pusieran de acuerdo —cooperaran— para imponerse frente al Ejecutivo, este se vería empujado a abrir vías de diálogo, a ceder con los demás partidos. El problema, como en el mismo dilema del prisionero, es que la mayoría de formaciones políticas encuentran más incentivos en negociar con el Ejecutivo que enfrentándose a él. Y eso no es culpa de Pedro Sánchez. Ya sea por la evidente responsabilidad que exige la situación sanitaria, o porque todos desean obtener prebendas. Ciudadanos quiere visibilidad; el PP, abrazar su recién estrenada vía "moderada"; el PNV, relación preferencial con Moncloa y ERC, proyectarse como el socio independentista posibilista.

Lo curioso es que haya sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien haya metido el gol al Gobierno de cerrar la autonomía días no consecutivos, pese a que el decreto aprobado esta semana habla de siete días. Pero más allá de ese careo, el riesgo real es que repunte la antipolítica en la calle a lomos del agravio, de la creencia de que el Congreso puede ser eludible porque sus señorías no parezcan útiles, sino una aristocracia poco ejemplificante en tiempos de pandemia —aunque se cumplieran las normas en la citada cena y el ministro Illa reconociese luego la polémica—.

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