Sánchez-Iglesias, el Gobierno no es el guardián de la 'verdad'

La política española tiene un problema con la desinformación y ciertos discursos que campan por las redes sociales y tribunas públicas, ya que ninguna democracia imaginó que la misma libertad que ofrecía a los ciudadanos escondiera el germen de su propia degradación. Sin embargo, la respuesta al problema no puede pasar por controlar desde el Estado la libertad en aras de un presunto bien superior. Tanto es así, que lo ocurrido en las elecciones americanas arroja una serie de reflexiones para España, máxime ahora que el Gobierno pretende impulsar una ley anti-bulos, pese a que el mismo Podemos puso el grito en el cielo cuando el Partido Popular se planteó algo parecido en 2018.

En primer lugar, las elecciones de EEUU ponen el acento sobre el papel que debe desempeñar el periodismo cuando el presidente del gobierno aparece, por ejemplo, en un escenario como la tribuna de la Casa Blanca cuestionando por enésima vez el proceso electoral, tras días hablando de "fraude". Varias televisiones americanas corrigieron sus palabras, alguna paró hasta la conexión en directo para apuntar que no se conocían en ese momento pruebas sobre lo que sostenía el aún presidente de los Estados Unidos.

De un lado, la alarma democrática es toda, por el sentimiento de desconfianza que inocula en el sistema sembrar el cuestionamiento sobre las reglas del juego. Los ciudadanos que desconfíen del proceso poco tardarán en deslegitimar al ganador de las elecciones. Eso es así porque las instituciones tienen la función de canalizar los conflictos, sacarlos de la calle y ponerlos en manos del diálogo de los líderes elegidos. Por tanto, si los perdedores no asumen su derrota, es probable que sus seguidores se terminen lanzando a la calle a protestar, intentando revertir la situación. Las instituciones para ellos quizás no valgan nada.

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EFE

Volviendo a España, se ha hecho habitual escuchar a Vox llamar "ilegítimo" al gobierno de coalición elegido en las urnas, formado por PSOE y Unidas Podemos. También se ha oído al vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Iglesias, dirigirse al PP, en varias ocasiones: "Ustedes no volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país" —algo que es difícil de creer—. Ahora bien, en tiempos de polarización política el problema está en pensar que alguno de esos discursos es menos lesivo para la democracia que el otro, pues tanto la legitimidad del gobierno como la alternancia política son las dos caras de la misma moneda que no pueden entenderse la una sin la otra en democracia.

Por ese motivo, la respuesta de los medios estadounidenses deja algún aprendizaje. Hasta ahora había una corriente de pensamiento en el periodismo sobre que rebatir abiertamente esos discursos era una forma de darles alas. A fin de cuentas, los tics populistas se nutren de hacer creer a la ciudadanía que los medios van en contra de ellos —otro mantra preocupante en democracia— tal que rebatirlos aún da más alas a esos líderes para proclamar que un 'establishment' abstracto les acosa para que no lleguen al poder.

Si bien la apuesta de las cadenas americanas se aferró a ese ideal del periodismo entendido como cuarto poder encargado de fiscalizar a los otros tres. Yendo al detalle, no se estaba debatiendo un dato o un discurso puntual sobre la economía del país —se podría argumentar—, sino un pilar de la democracia: la confianza en unas elecciones limpias. Por eso, muchos vieron con admiración el gesto de sus colegas americanos, ya que existe un creciente rechazo a tener la sensación de no contribuir ni por asomo a la difusión de esos discursos. El periodismo, garante de derechos como la información, acierta cuando asume que sus contenidos tienen un impacto en los valores democráticos que se forjan entre los ciudadanos.

Ahora bien, llevado al extremo, la gesta presenta interrogantes. ¿Acaso debería la prensa cortar cada vez que un político arroja un dato no contrastado, un discurso que fuera falso o una media verdad? La pregunta es controvertida porque la intención puede ser buena, nadie lo duda, pero ¿quién garantizaría que ello ser haría en todos los casos, o casos exactamente iguales? ¿Cuál es el criterio para interrumpir una emisión o evitar un corte? ¿No contribuye ello, a largo plazo, a dar una imagen de la prensa como censora o que los ciudadanos sospechen que hay ley del embudo? La duda no está cerrada.

Pero más allá de las formas, la conclusión es que, efectivamente, los medios tienen una función que cumplir que pasa por desmentir informaciones que no sean ciertas, a través de más información. Esas son las herramientas de que disponen las democracias liberales. Verificar los datos dichos por los políticos que no sean ciertos y a publicar esos datos. Hacer pedagogía y contextualizar esos discursos. Pero todo ello se está haciendo ya en España en una amplia mayoría de medios, o incluso, desde las empresas verificadoras, Curiosamente, estas son un blanco para los políticos como Trump, o Vox, que las han señalado abiertamente alimentando la idea de una falsa censura.

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Así las cosas, la anécdota americana deja algo claro y es la importancia de un periodismo que tenga la capacidad de enfrentarse al poder, y eso se vincula con la ley antibulos de Moncloa. A fin de cuentas, los derechos, como el derecho a la información, no son propiedad del Estado. Al contrario, los derechos se construyen para proteger a los ciudadanos del propio Estado. Es la vertiente liberal de la democracia: el Estado no es un amigo, es un poder omnímodo y hay que defender a los ciudadanos de este.

Se hace complicado imaginar pues que un poder Ejecutivo sea quien monitorice qué es un bulo o qué no. Por bondadosa fe que hubiera, el procedimiento deja muchas lagunas abiertas sobre cómo se haría. Distinto es, como reclaman los verificadores independientes, que lo haga un comité ajeno de profesionales en la materia, con transparencia. A fin de cuentas, la libertad tiene sus riesgos, pero el jarabe no puede ser abrir la veda a intercambiar los papeles entre poderes, o abordar una senda regresiva con los derechos, torpedeando los principios de una democracia liberal como la nuestra, o la americana.